El Consell también exige al Gobierno por vía judicial la deuda de los autobuses

La consellera de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio, Salomé Pradas, ha acusado al departamento ministerial encabezado por Óscar Puente de aportar un porcentaje menor al estipulado: «El ministerio sólo sufraga un 23,6% del coste en lugar del 31,01%». La titular de Infraestructuras ha asegurado que la Generalitat «ha cumplido al rebajar los precios del transporte por autobús en un 50% y ha destacado que el Ministerio de Transportes debe asumir su parte». Eso es que el Gobierno debe abonar el 7,41% de diferencia que, según el Consell, ha dejado de invertir.

Pradas ha acusado a Transportes de utilizar datos desactualizados ya que desde el ministerio habrían utilizado cifras de pasajeros correspondientes a los ejercicios 2020 y 2021 en lugar de las últimas cifras disponibles relativas al año 2022. Como ejemplo, el servicio de MetroBus transportó un pasaje total de 10.687.786 viajeros, según los datos de 2022, los más recientes, proporcionados por la Autoridad de Transporte Metropolitano de Valencia (ATMV). En cambio, el balance de pasajeros cae si se observan las cifras de 2020 y 2021. Hace cuatro años, los autobuses amarillos tuvieron 6.069.325 usuarios por los 7.417.513 de hace tres. Ambos pasajes son ostensiblemente inferiores a los números que se manejan actualmente.

El choque entre el Ministerio de Transportes y la Generalitat por el importe impagado sobre los descuentos tarifarios del transporte interurbano en autobús no es nuevo. El asunto viene de lejos y trae cola, ya que tiene su origen hace siete meses. Y de aquellos barros, estos lodos. La fecha clave fue el pasado 3 de noviembre, momento en el que la Dirección General de Transportes y Logística de la Generalitat presentó las primeras alegaciones a una resolución emitida por el Gobierno central al haber sido adjudicadas ayudas directas.

No obstante, la falta de fondos de la que se quejó en su momento la Generalitat ha provocado que se haya tenido que realizar una aportación adicional de más de 733.000 euros, una cantidad que se suma a la obligación adquirida por el gobierno valenciano que ya era el encargado de sufragar el 20% del precio de los abonos y títulos multiviaje, según queda dispuesto en el artículo 161.2 del Real Decreto-ley 5/2023.

Después de que las alegaciones presentadas por la Generalitat fueran rechazadas «sin haberse determinado motivación alguna», palabras textuales del comunicado de la Conselleria de Medio Ambiente, el ejecutivo valenciano formuló el requerimiento previo al recurso contencioso-administrativo. Al no haber obtenido respuesta alguna, el Consell ha movido ficha y ha interpuesto el recurso de manera definitiva.