Seis comunidades autónomas dan las ayudas a alumnos de la concertada que niega Marzà

El plan para la orientación, avance y enriquecimiento educativo del Ministerio de Educación (Proa+) que se aplica este curso sí ha estado a disposición de los colegios concertados en al menos seis comunidades autónomas, a diferencia de lo que ha sucedido en la valenciana, donde sólo han podido participar las escuelas de titularidad pública, que contarán con 136 docentes de refuerzo el próximo mes.

Así se desprende de las consultas realizadas por LAS PROVINCIAS, que arrojan soluciones de diferente tipo para no dejar de lado a la red. El programa está pensado para ayudar a alumnos de entornos vulnerables, con especial énfasis en aquellos cuyo rendimiento se vio más afectado por la suspensión de las clases en el tramo final del ejercicio pasado, e incluye un amplio abanico de medidas, como refuerzos docentes dentro del aula, en horario extralectivo o formación para profesores o familias. Está cofinanciado por el Gobierno, yla resolución que lo regula indica que está ideado para centros sostenidos con fondos públicos, por lo que incluye la participación de las escuelas concertadas.

La conselleria que dirige Vicent Marzà argumenta que el retraso de la convocatoria y de la transferencia de los fondos estatales ha provocado que la contratación de los docentes para los concertados, que es más compleja administrativamente, no hubiera llegado hasta los últimos días del curso, por lo que se optó por centrarse en la red pública con la intención de que también beneficie a la concertada el próximo ejercicio, al disponerse de más tiempo. Son los centros los que presentan su propuesta de actuación y seleccionan a los alumnos participantes, y en caso de ser aceptada, la administración les dota de recursos para aplicarla.

En el caso de Cataluña se ha optado por integrar el Proa+ en el Plan de Mejora de Oportunidades Educativas 2020-2021, de diseño propio. Dos de las medidas que recoge coinciden con la filosofía del programa estatal, por lo que se financian con los fondos del Gobierno. Consisten en la contratación de monitores escolares para dar acompañamiento educativo y emocional a los alumnos, así como de talleres de apoyo externo. En el caso de los concertados reciben una ayuda directa para su implantación.

En Aragón se ha diseñado un plan de acogida, incluyendo medidas como codocencia en el aula, refuerzos o adaptaciones de contenidos que pueden suponer aumentos de horas docentes, lo que se traduce en más personal.

También recurre a monitores contratados ex profeso Canarias, que se encargan de complementar el trabajo docente dentro de la clase (por ejemplo, incidiendo en aprendizajes básicos o en el hábito lector) y también de manera extraescolar, con grupos reducidos. En cuanto a Baleares, los centros concertados pueden sumarse mediante dos líneas de actuación: a través de docentes voluntarios de los propios centros, que reciben una gratificación de 33,5 euros por cada hora dedicada a los alumnos que reciben el apoyo, o mediante la contratación de agentes externos que provienen del ámbito social.

La vía elegida en Murcia es distinta, pues el Proa+ se ha centrado en aumentar el personal de los servicios de orientación que dan apoyo a los centros. Tal y como explican fuentes del departamento de Educación, estas estructuras están a disposición de ambas redes, sin distinciones. Por último, en Madrid se ha creado una convocatoria exclusiva para la concertada que consiste en una asignación económica para que las escuelas seleccionadas contraten apoyos externos para los alumnos y para familias.

También hay regiones que han adoptado la misma postura que la Comunitat, permitiendo sólo la concurrencia de centros públicos. Es el caso de Andalucía, Asturias o Extremadura.

Por su parte, desde el Ministerio de Educación explicaron que la intención es prolongar el Proa+ el próximo curso, con una inversión de 320 millones, lo que permitirá, siguiendo el argumento de la conselleria, dar cabida a los centros concertados valencianos.

Los representantes de las familias de la escuela concertada valenciana se mostraron muy críticos con la decisión de la conselleria y también con la argumentación de la medida. «Es una respuesta fácil, cómoda. Administrativamente habría sido posible porque casi todo es posible, pero políticamente no se ha querido, bajo de la idea de que al ser enseñanza concertada se puede excluir», lamentó en declaraciones a este periódico el presidente de Concapa CV, José Antonio Rodríguez.

«Por mucho que desde conselleria y en algunas ocasiones desde los titulares de los centros, en esta fase de renovación de conciertos, se intente transmitir que todo es perfecto no hay que olvidar que el objetivo de la administración es que la concertada sea subsidiaria de la pública», dijo, antes de lamentar que ni la confederación ni las federaciones que la integran hayan sido convocadas a la reunión telemática convocada por la conselleria con centenares de Ampas.

Fcapa Valencia también criticó esta exclusión de las organizaciones y a través de un comunicado planteó una serie de preguntas que le gustaría trasladar, entre ellas, el tratamiento en el plan Proa+. «La conselleria no valora suficientemente a la concertada. Puede haber quien no se quiera dar cuenta, pero parecemos de segunda categoría, siempre tenemos que ir rogando y dando las gracias. Esto tiene solución, y medios humanos y técnicos no les faltan. Las familias de la concertada merecen el mismo trato y consideración que las de la pública», lamentó el presidente, Luis Gamón.