El Senado aprueba una reforma de la ley de Costas que evitará derribos en el litoral valenciano

El objetivo del cambio en la norma pretende evitar la destrucción de «conjuntos urbanos costeros de tipología tradicional en terrenos que han pasado a ser de dominio público marítimo-terrestre», como por ejemplo las casetas que están en primera línea de playa.

Esta modificación afectaría a numerosos puntos del litoral que ahora están amenazados por la política de recuperación del dominio marítimo-terrestre en localidades como Torre de la Sal, en Cabanes, Moncofa, Gandia, Dénia, Puçol, Bellreguard o Tavernes de la Valldigna, entre otros municipios.

La propuesta del PP introduce tres requisitos para acogerse a esta disposición. El primero es que se refiere a núcleos poblacionales que dispongan de valores culturales, históricos o etnográficos que merezcan ser conservados. El segundo, que se encuentren integrados en ese entorno paisajístico costero y, por último, que existan con carácter previo a su inclusión en el dominio marítimo terrestre. Y es que, según la propuesta del PP, las desocupaciones o derribos de estos conjuntos urbanos «no aseguran la recuperación de funcionalidad del ecosistema, ya que dejan espacios altamente degradados».

Para entender cuáles son los «núcleos urbanos tradicionales con valores etnológicos incuestionables», el Grupo Popular del Senado ha puesto como ejemplos 'les casetes de la Mar' de Nules, de Almenara o de Xilxes, en la provincia de Castellón, así como otros en el litoral valenciano y alicantino; los de Puntas de Calnegre, Puerto de Mazarrón, Cabo de Palos y Los Nietos, en la Región de Murcia; les «Casetes de Vorera» en Menorca; Punta Larga y El Faro en Fuencaliente, en la Isla de La Palma; o El Altillo, Casas Quemadas, La Barranquera, Telde o Tufia, en Gran Canaria.

Los populares argumentan que es necesario establecer «un abrigo legislativo» para estos núcleos urbanos que, una vez identificados, se reconocen con valores propios en cada caso y requieren de herramientas que permitan evitar expedientes de desocupaciones o derribos.

La propuesta de los populares incluye la participación de los tres niveles administrativos. Los ayuntamientos tendrán que delimitar los núcleos de que se trate; las comunidades autónomas emitir un dictamen preceptivo informando sobre si los mismos poseen los valores antes citados, de forma que se identifiquen con la organización social tradicional del litoral; y que, a la vista de la información recabada, el Ministerio determinará si procede la catalogación como protegidos de estos núcleos.

Una vez realizados estos pasos, esos núcleos ya no formarían parte del dominio público marítimo-terrestre, rigiéndose a partir de ese momento por el régimen de los terrenos incluidos en la zona de servidumbre de protección.

«Logramos que las viviendas de municipios como Torre de la Sal, en Cabanes, Moncofa, Gandia, Dénia, Puçol, Bellreguard o Tavernes de la Valldigna, por citar algunos, tengan la protección que merecen. Que dejen de estar sometidos a las directrices del dominio público marítimo terrestre para estar sujetos al régimen establecido para la zona de servidumbre de protección», ha explicado el senador popular Vicente Tejedo.

La proposición ha salido adelante en el Senado con el voto a favor de 153 senadores: los 143 del Grupo Popular; cuatro del Grupo Plural de Junts y Agrupación Herreña Independiente; tres del Grupo Izquierda Unida (uno del senador de la Agrupación Socialista Gomera, uno de Más Madrid y uno de Coalició Compromís) y los tres votos a favor restantes, del Grupo Mixto (uno de Unión del Pueblo Navarro y dos de Vox).

Ha habido 96 votos en contra: del Grupo Socialista (89), del Grupo Parlamentario Vasco (6) y del Grupo Parlamentario Izquierda Confederal (1). Un total de 10 senadores se han abstenido, ocho del Grupo Parlamentario Izquierdas por la Independencia, uno del Grupo Parlamentario Plural --en concreto de BNG-- y uno del Grupo Parlamentario Plural.

Al Pleno del Senado han asistido representantes de más de 52 asociaciones del litoral, tal y como lo ha señalado Bernabé, y ahora esta toma en consideración pasará al Congreso para seguir su trámite parlamentario.

Por parte del Grupo Socialista, el senador José Valbuena, según recoge Europa Press, ha destacado en su turno en contra que esta propuesta «no arregla y no resuelve el problema que existe a lo largo de los 8.000 kilómetros de costa que tiene España», aunque ha señalado, sin embargo, que es un tema que tendrá que ser abordado.

Valbuena ha indicado al respecto que no es mediante modificaciones de la ley de Costas, que es en lo que consiste esta propuesta de los populares, sino con un articulado y con un conjunto de medidas «que tienen que atajar verdaderamente ese problema de manos de los territorios autonómicos y de las administraciones locales competentes en la ordenación del territorio».