«Siguen con dolor pero más tranquilos porque la causa no para»

Han pasado más de tres años y medio y el dolor continúa muy vivo. Entre quienes perdieron a sus seres queridos es aún más intenso, pero también lo sufren los propietarios que se quedaron sin chalé junto al mar. El caso del derrumbe de un edificio en Peñíscola en agosto de 2021, en el que murieron dos personas, reanudará su camino judicial en marzo después de que pareciera que iba a quedar en vía muerta tras un primer archivo. LAS PROVINCIAS publicó en septiembre de 2024 un reportaje con los familiares de las víctimas en el lugar de los hechos en el que éstas pedían que se reabriera el caso tras el archivo inicial. Pocas semanas después, así ocurrió.

«Siguen con dolor porque es algo normal, perdieron a seres queridos, pero están algo más tranquilos porque han visto que la causa judicial no para», ha apuntado Braulio Castillo, abogado de los familiares de las dos víctimas mortales.

Será el próximo mes de marzo y hasta abril cuando seis personas, entre administradores, arquitectos y aparejadores comparezcan ante la titular del juzgado 4 de Vinaroz para dar su versión de lo ocurrido y que se depuren responsabilidades, como han venido reclamando recientemente los allegados de las víctimas, que siguen sin entender cómo este caso estuvo cerca de cerrarse sin que nadie pague por lo ocurrido.

Además, la Comunidad de Propietarios ha presentado recientemente un recurso de reforma ante el juzgado de Primera Instancia e Instrucción 4 de Vinaroz. En el mismo solicita que se cite a declarar en calidad de investigados al Ayuntamiento de Peñíscola (funcionarios públicos) «y depurar su responsabilidad penal, ya que esta administración concedió Licencia de Obras y de Primera Ocupación a la finca».

La Comunidad, a través de su recurso, ha querido «hacer hincapié en la relación causa-efecto existente entre la concesión errónea de la licencia de obras y los daños ocurridos. La construcción del edificio no cumplía con los estándares de seguridad y calidad necesarios, tal y como ha quedado demostrado, tras el lamentable suceso acaecido. Además, se ha podido constatar que la edificación no cumplía con las normativas urbanísticas y de construcción vigentes en el momento de su construcción».

Considera que el Ayuntamiento de Peñíscola «tiene la obligación de velar por la seguridad y el bienestar de los ciudadanos, garantizando que las edificaciones sean construidas, de acuerdo con la normativa vigente y, en condiciones que no pongan en riesgo la integridad de las personas. Por tanto, la concesión de la licencia de obras y de primera ocupación de forma errónea ha supuesto un incumplimiento de las obligaciones del Ayuntamiento en este sentido, y ha sido determinante para que el edificio no fuera construido, de acuerdo con las normativas vigentes y, en consecuencia, no fuera seguro».

El Informe pericial llevado a cabo por la Generalitat Valenciana de diciembre de 2021 para el desescombro del edificio concluye como causa del siniestro, «al menos concausal, la ejecución del edificio con muros de carga de un material con menor capacidad autoportante y un espesor inferior a lo indicado en el proyecto, además de unas dimensiones en cuanto altura y longitud que incrementan el riesgo de pandeo, lo que acredita la falta de diligencia municipal en sus labores de control de la edificación derivadas del otorgamiento de la licencia de obras y de la licencia de primera ocupación. Cabe recordar que este último es el documento administrativo otorgado por el Ayuntamiento que justifica que una finca o inmueble ha sido finalizada correctamente y es apta para la ocupación y es un documento obligatorio para vender y escriturar una vivienda».

En este sentido, Braulio Castillo también ha solicitado la declaración del arquitecto de la Generalitat que realizó este informe sobre el derrumbe.

Por dichos motivos y argumentos, los propietarios creen que procede incluir al Ayuntamiento de Peñíscola como investigada -dada su patente y manifiesta responsabilidad- y por ende, debe prestar declaración, así como efectuar requerimiento al Ayuntamiento de Peñíscola para que aporte a las actuaciones, la Licencia de Primera Ocupación del edificio siniestrado y y las actuaciones que se llevaron por parte de los técnicos del Ayuntamiento para la concesión de dicha licencia a las viviendas, sin las cuales los propietarios no habrían podido habitarlas.

Ahondando en esa responsabilidad penal, la Comunidad de Propietarios considera que también se ha de considerar responsable al Colegio de Arquitectos de Castellón, «ya que este tenía obligación en el visado del Proyecto y por tanto de conformidad, verificando que el mismo contenía la documentación exigida por las normas de aplicación y no obligó al arquitecto a incluirla antes de extender el visado (cálculos de la edificación que son esenciales y que guardan relación directa con la causa del siniestro y por tanto su omisión es relevante), por los siguientes motivos. El proyecto es de 30 de marzo de 1989 y fue visado el 3 de abril de 1989.

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