Los docentes que fueron seleccionados para conformar los tribunales de la última oposición de maestros siguen sin cobrar las gratificaciones a las que tienen derecho por las horas de trabajo añadido que supuso el nombramiento. Más allá del impago en sí -suele dilatarse en ... el tiempo- lo grave de la situación es el retraso acumulado, pues el proceso selectivo se inició a principios de junio de 2022. Es decir, hace un año y dos meses. Y con total seguridad seguirán esperando cuando se incorporen a sus puestos el 1 de septiembre.
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Además de las críticas de los afectados -las cuantías superan en el peor de los casos los dos mil euros- el Síndic de Greuges ha afeado a la administración la demora acumulada, instándole a adoptar las medidas necesarias para proceder a los pagos y evitar que esta situación se repita, tal y como se desprende de una resolución datada a finales de junio a la que ha tenido acceso LAS PROVINCIAS y que se deriva de la queja de una afectada.
Los profesionales que integran los tribunales son elegidos por sorteo y su participación es obligatoria. Por cada día de trabajo tienen derecho a una gratificación de 57,61 euros si asumen la presidencia y de 54,1 si ejercen como vocales. No sólo deben encargarse de la vigilancia y gestión del proceso, sino también de la evaluación de las diferentes pruebas por las que pasan los aspirantes. Sus primeras labores consistieron en reuniones de coordinación y de preparación anteriores al primer examen, que llegó el 11 de junio de 2022, y se prolongaron hasta el 28 de julio, con la entrega de toda la documentación justificativa de las indemnizaciones correspondientes. Si se observan las fechas queda clara la coincidencia con el remate del curso anterior. Es decir, los seleccionados tuvieron que duplicar su jornada laboral: por la mañana en su centro y por la tarde en el tribunal.
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Según la Conselleria de Educación, el retraso, heredado de los anteriores gestores, se debe a cambios en el procedimiento de pago, después de que en diciembre de 2022 la Intervención de la Generalitat advirtiera de que estos pagos no se podían realizar con el programa informático utilizado hasta la fecha, sino que debían salir de la caja fija, un instrumento contable de la administración para cubrir gastos diversos. «En marzo se empezó a realizar la transformación de los ficheros informáticos, pero se produjeron fallos que han obligado a introducir los datos manualmente», señalan, antes de confiar en poder cumplir con los abonos lo antes posible.
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Esto puede explicar que sí se llegaran a cubrir las gratificaciones de algunos participantes correspondientes a las especialidades más pequeñas (como Pedagogía Terapéutica o Audición o Lenguaje), quedándose en el tintero las más numerosas: Infantil y Primaria. Se calcula que puede haber un millar de personas en esta situación.
La resolución del Síndic de Greuges, como es habitual, incluye el informe solicitado a la administración a raíz de la queja de la afectada, en el que también se alude a las nuevas instrucciones de la Intervención, así como a otro inconveniente añadido: que el servicio responsable (de Selección y Gestión Administrativa) tuvo que asumir todos los trámites derivados del concurso de méritos para convertir a interinos en funcionarios de carrera y los relacionados con la oposición de 2023. Es decir, hubo una sobrecarga de faena.
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El defensor del pueblo valenciano, si bien asume que la falta de personal es un mal endémico de la administración, destaca que «no puede ser obstáculo para el respeto y protección del derecho individual de los empleados públicos a percibir las retribuciones que le correspondan», incluidas las derivadas de indemnizaciones por realización de servicios extraordinarios. Incluso plantea medidas como nuevos programas de gestión, mejora en la coordinación o la asignación de más medios personales, sean temporales o definitivos. «La sobrecarga de trabajos permanentes o estructurales y la carencia de medios no pueden trasladarse a la ciudadanía so pena de vulnerar sus derechos», se explica, antes de instar a Educación a que pague lo antes posible a la ciudadana afectada y a que se evalúen las sugerencias planteadas.
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