El Síndic carga contra la Administración valenciana: «Hay desidia y oscurantismo público»

Los ciudadanos siguen viendo a la Administración como un «territorio hostil» cada vez que tienen que recurrir a ella. Así lo ha señalado este martes en Les Corts en la presentación del informe anual 2022 el Síndic de Greuges, Ángel Luna, quien ha denunciado «la desidia y el oscurantismo público» que hay a la hora de atender a la población. El Síndic ha dado un varapalo a las Administraciones públicas, acusándolas de «ningunear a los ciudadanos» por no responder a sus quejas y solicitudes, lo que provoca un «descrédito» por parte de la población. Las denuncias de los valencianos se mantienen en números casi idénticos a los últimos años en la Comunitat, por encima de las 4.000, pero se han disparado en las referentes a educación, empleo y procedimientos administrativos, que son las que más aumentan.

Luna ha asegurado que el primer motivo de quejas a la institución es la falta de respuesta de las Administraciones locales y autonómicas, la exigencia de requisitos innecesarios y, en muchos casos, la «escasa empatía» en la atención ciudadana. Además, el Síndic destaca que no se contesta a las demandas de los valencianos y los procedimientos administrativos muchas veces son complicados y no los entienden los afectados.

El defensor ha expresado que muchas de las quejas que reciben en el Síndic vienen motivadas por «la desidia en la tramitación de los expedientes, dejando pasar el tiempo y reclamando luego subsanaciones que se deberían haber advertido desde el primer momento», señala. «Para las personas en situación de vulnerabilidad el paso del tiempo sin recibir ayuda puede resultar demoledor. El Estado es importante si funciona, pero si no es eficaz no sirve a los ciudadanos. Es un territorio hostil, al ciudadano no se le contesta habitualmente. Pasan meses, años y no se les dice nada», ha apuntado Luna.

En este sentido, para el defensor del pueblo valenciano la falta de respuesta al ciudadano supone «un descrédito para las instituciones» que no hace bien al mantenimiento del sistema democrático. «En los diez primeros días de que se presente la queja hay que contestar que se ha recibido y eso no lo hace nadie, pasan meses. En Dependencia pasa año y medio o dos años y no tienen noticia los ciudadanos de cómo está su expediente. La práctica obligatoria de la ley no la cumple nadie», ha denunciado.

El Síndic argumenta que la falta de respuesta administrativa supone «un ninguneo a la ciudadanía que lleva como consecuencia al descrédito de las instituciones». También apunta que en las Administraciones hay «tendencia a eludir responsabilidades» y ha puesto el ejemplo de la tramitación del Bono Social Térmico correspondiente a 2020, que ha supuesto un gran número de quejas en 2022, ya que hay informes de varias consellerias rechazando su competencia en el tema, lo que obligó al Síndic a dirigirse directamente a Presidencia del Consell para que determinara claramente cuál era el departamento responsable en la tramitación de esta ayuda. «Los problemas de organización interna no pueden perjudicar a los ciudadanos», ha señalado Luna sobre esta costumbre de que las instituciones eludan sus responsabilidades y se pasen el problema de unas a otras.

En su informe anual, el Síndic señala que el silencio administrativo, la falta de respuesta al ciudadano «es el primer problema que muestran las quejas tramitadas, lo que es una vulneración de un derecho fundamental y acuden al Síndic porque no saben a qué atenerse», ha manifestado. «En casi todos los casos, la falta de respuesta oculta la vulneración de un derecho material o la insatisfacción de una prestación. Es un comportamiento inaceptable, una vulneración de la ley y una falta de respeto a quienes han acudido a llamar las puertas de lo público», ha señalado Luna. De hecho, en un 12% de las quejas presentadas la Administración no contesta ni a los ciudadanos ni tampoco a las recomendaciones del Síndic. «Lo grave es cuando no colaboran ni con la petición del informe ni con la recomendación, la Administración pasa del ciudadano y del Síndic», ha destacado Luna.

Este silencio administrativo provoca una falta de transparencia de las instituciones públicas valencianas. «Es una desidia colectiva que ha provocado un incremento de las quejas, que no están todas en el área de transparencia pero cada vez son más los concejales de ayuntamientos que tienen que acudir al Síndic para ver los datos del consistorio de cualquier materia porque no se los facilitan», ha señalado. En este sentido, Luna ha afirmado: «Los alcaldes no son los dueños de la información del ayuntamiento, la información es de todos, y también de todos los concejales».

Sin embargo, el Síndic lamenta que esta solicitud de que haya más transparencia no la ha recogido nadie, «ni el Consell ni ningún grupo parlamentario», expresa. «A nadie parece preocuparle, recibimos quejas de todos los ayuntamientos, afecta a todo el espectro político. Me parece grave. Las democracias modernas no acaban con un golpe de Estado, sino con un deterioro de las instituciones», ha comentado el defensor. «Hay que trabajar por mantener las obligaciones de nuestros gobernantes. Se ha aprobado la nueva ley de trasparencia y tampoco se ha recogido esta obligación de facilitar los informes a la oposición y a los ciudadanos», ha expuesto.

Desde la institución se ha subrayado que mantener la cita previa obligatoria «infringe los derechos de la ciudadanía» y se trata de una medida, implantada por las restricciones de la pandemia, que sigue vigente en muchas Administraciones, como se está viendo en las colas diarias para acceder al padrón en el Ayuntamiento de Valencia. «En muchos casos la cita previa sólo puede ser solicitada de forma electrónica, lo que ha dado lugar a picaresca y venta de citas, con evidente perjuicio para quienes la necesitan», ha lamentado Luna.

El Síndic ha incidido en que la cita previa no tiene ningún soporte legal, aunque ha admitido que sí es necesaria en Sanidad, para evitar colapsos en los centros sanitarios. Pero en el resto de administraciones Luna aboga por eliminarla. «No es legal, para empadronarse no hay que pedir cita previa, no tiene por qué pedirla un ciudadano. El problema de las citas previas en la Seguridad Social es clamoroso, las mafias lo han capturado y las citas previas se venden. Las administraciones deben resolver ese problema», ha lamentado. Para Luna, los funcionarios deben atender al ciudadano aunque vaya sin cita previa. «Podía ser comprensible en la pandemia, pero hoy en día es una comodidad que se han buscado las Administraciones para organizarse mejor el trabajo».

Los servicios sociales son los que más quejas acumulan, con el 35% de las presentadas, lo que denota que persisten las deficiencias en este campo. La renta valenciana de inclusión que perciben las personas más vulnerables es uno de los asuntos que más protestas ha conllevado. «Sigue siendo un problema que se rechace el acceso a la renta valenciana a los ciudadanos que han reunido los requisitos durante un largo periodo, pero la administración no ha resuelto y cuando el ciudadano ha encontrado un pequeño trabajo, quizá a tiempo parcial, se la han denegado. Esto es gravísimo, porque se está desincentivando la búsqueda de empleo porque los afectados saben que se pueden quedar sin la prestación», ha destacado el Síndic.

En total durante el año 2022 ha habido 4.071 quejas de los ciudadanos en la Comunitat, sólo 54 menos que el año anterior, de las cuales en materia educativa han crecido un 30%, en empleo un 19% y en procedimientos administrativos un 15%. Las más numerosas se encuentran en el apartado de servicios sociales, con 1.040 quejas.

Se trata de un campo que el Síndic señala que «urge reformar» para acabar con las aglomeraciones en la atención primaria y «paliar las listas de espera». Para el defensor «hay una percepción en los ciudadanos de que la Sanidad pública deja mucho que desear. Preocupa la situación porque no viene de ahora, sino de hace años, con los recortes de 2012 y agravados por la pandemia», cuenta. «Son problemas que no se van a resolver en dos años. Tiene que haber un proyecto claro y realista, mantenido en el tiempo para la Atención Primaria. Sanidad necesita un enorme y creciente esfuerzo presupuestario, porque el derecho a la salud es uno de los principales» ha opinado el Síndic.

Luna ha destacado que aún se arrastran «importantes secuelas de la pandemia» porque la atención primaria «sigue acumulando descontentos y sus deficiencias repercuten sobre los hospitales, cuyas urgencias se colapsan por pacientes que deberían ser tratados en los centros de salud», ha señalado el Síndic. El número de quejas por la Sanidad ha bajado respecto a 2021, pero esto se debe a que el Servicio de Asistencia e Información al Paciente (SAIP) filtra el número de reclamaciones de los usuarios, haciendo que sólo lleguen las que no han sido resueltas.

A raíz de la pandemia han aumentado los problemas de salud mental entre los valencianos y supone «un problema más grave que antes porque no hay apenas herramientas suficientes para hacerle frente», ha señalado Luna. Uno de los casos más mediáticos en este aspecto afectó al IES La Moreria de Mislata, donde a principios de este mes el Síndic abrió una queja de oficio al saber que habían 15 menores con el protocolo por conductas suicidas o autolesiones activado.

Pero no se trata de algo aislado, y Luna ha informado que mientras este expediente sigue en tramitación, el Síndic valora hacer una queja de oficio más amplia porque hay más centros educativos valencianos con casos similares. «Fue un caso muy mediático, pero a raíz de eso hemos tenido conocimiento de que el problema se está produciendo también en otros centros, no sólo en Mislata y vamos a actuar en profundidad». El objetivo es saber el grado de coordinación entre las consellerias de Sanidad y Educación respecto a los problemas de salud mental, para lo que el Síndic pedirá tener constancia de los protocolos y las actuaciones que se llevan a cabo.

Para la institución hay una «escasa dotación de profesionales en Sanidad» y en concreto de especialistas en salud mental en los centros educativos valencianos. Entre este problema y la falta de respuesta que sufrió el IES de Mislata al informar del caso, la directiva decidió dimitir en bloque el pasado 8 de febrero.

Por su parte en los centros de menores el Síndic ha denunciado las trabas que pone la Administración para facilitarles las inspecciones que se realizan por parte de los funcionarios. «En algunos centros nos las ha dado la fiscalía, pero la conselleria nos pide que vayamos a la sede y un funcionario nos enseñe las actas, sin embargo la ley del Síndic les obliga a darnos esta documentación», dice Luna.

El Síndic también sufre problemas de transparencia y dificultad para conseguir informes en los centros de mayores y residencias de la Comunitat. «No nos dan los datos de inspección pero vamos a seguir solicitando las actas, la conselleria está obligada a darlas», expresa. La Generalitat ha incrementado el número de inspectores que controlen el funcionamiento de las residencias, pero según el Síndic son estos funcionarios los que más trabas ponen al defensor. «Queremos conocer las actas, porque lo que dicen los inspectores no coincide con las denuncias de los familiares de los centros de mayores», ha indicado.

En este asunto, las quejas más numerosas se centran en los problemas del trato que reciben los mayores en los centros, el deterioro de las instalaciones, el mal estado de la comida, y desde la entrada en vigor del nuevo decreto, en los últimos meses de 2022 también empezaron a llegar quejas sobre el aumento de los precios en las residencias, ha informado el Síndic. Aunque Luna ha admitido que algunos de estos casos, ya sea tanto en residencias como en centros de menores, la queja que presenta el defensor del pueblo tiene que ser cerrada si el caso en cuestión se encuentra en proceso abierto de judicialización.

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