El Síndic exige a Educación más apoyos para los alumnos con mayores dificultades

El Defensor del Pueblo valenciano acaba de emitir una resolución tras una investigación de oficio que pretendía arrojar luz sobre esta realidad. Quería conocer el volumen de alumnado con necesidades de acción compensatoria, su distribución entre centros -por ejemplo preguntaba por si existe un índice de escolarización por escuela-, la influencia de la pandemia -en términos de agravamiento de su desventaja o de aumento de casuísticas- o las medidas aplicadas y previstas por la administración para compensar desigualdades.

Sin embargo, la respuesta de la administración ha sido más bien escueta, limitándose a enumerar iniciativas aprobadas en 2019 (mediante la normativa de inclusión del Botánico), como la puesta en marcha de las Unidades de Acompañamiento y Orientación o la dotación de recursos adicionales a los centros que escolarizan a más de un 25% o más de un 50% de estudiantes en situación de vulnerabilidad. Además no se han aportado datos cuantitativos. Por ello, Ángel Luna da un tirón de orejas a la administración autonómica, recordándole su deber legal de colaborar con una institución. En cualquier caso, esto no ha impedido que emita su batería de recomendaciones, que incluye planteamientos globales y acciones más concretas.

Por ejemplo, se le pide a Educación que de cara a la planificación del próximo curso tome medidas en centros o zonas con mayor vulnerabilidad para evitar la creación de guetos, es decir, de escuelas con una elevada concentración de alumnado con necesidades compensatorias, utilizando para ello criterios de distribución «equitativos».

Se trata de aquellos estudiantes que presentan dificultades en el acceso y el progreso educativo por motivos sociales, económicos, culturales, geográficos, étnicos o de otra índole, y por tanto, tienen menos posibilidades de conseguir un título formativo que les abra la puerta del mercado laboral. El Síndic no se refiere tanto a necesidades especiales, que se derivan de discapacidades físicas o intelectuales o de trastornos del aprendizaje o del comportamiento, cuya atención prioritaria ya ha sido tratada en varias quejas de oficio en años previos.

También plantea «el diseño de un modelo de detección preventiva del alumnado con necesidades específicas por razones socioeconómicas con el objetivo de favorecer su éxito escolar», así como medidas «de distribución equitativa de la financiación en educación en función de las necesidades del estudiantado y la complejidad de los centros». Luna desarrolla esta consideración, apostando por «una graduación» en la dotación de «recursos humanos, materiales o tecnológicos» que vaya más allá de las consideraciones generales trasladadas (en función de si se escolariza a más de un 25% o un 50% de estudiantes con una importante mochila social o familiar a la espalda).

El síndic también pide un refuerzo «de las políticas de apoyo a las familias en general», que sea «intensivo en los núcleos con mayores dificultades», o que estas dispongan de un mayor acceso a la información «en relación con el derecho a la elección de centro y con las posibilidades de acceso a becas y ayudas al estudio». También reclama «una especial atención a la oferta educativa extraescolar y de ocio educativo», así como «acciones de acompañamiento y tutorización» hacia estos perfiles de alumnado. Por último hace un llamamiento a la implicación de los diferentes departamentos del Consell con atribuciones en este sentido (Sanidad o Servicios Sociales) mejorando la coordinación para una buena respuesta a nivel institucional.

Luna abrió la queja de oficio el pasado febrero «con el fin de supervisar las actuaciones de la conselleria destinadas a compensar las desigualdades», según explica la institución en un comunicado. A modo de justificación de la investigación, se reseñan datos del Informe del Estado de la Pobreza 2024, que establece que la tasa de riesgo ha crecido un 9% en la Comunitat Valenciana respecto al 2023.

El Defensor del Pueblo considera que «la educación juega un rol fundamental en la explicación de las desigualdades sociales, pues las personas somos titulares de dos derechos fundamentales que no pueden garantizarse el uno sin el otro: el de la no discriminación e igualdad y el del acceso y disfrute de la educación como forma de garantizar que todos tenemos las mismas oportunidades, independientemente de nuestro origen».

Sin embargo, aunque el derecho a la educación contempla un acceso igualitario, «no todas las personas parten de la misma situación», se añade, recurriendo a las métricas del estudio PISA, que acredita que el alumnado de nivel socioeconómico bajo tiene casi cuatro veces más probabilidades de repetir curso que su equivalente de nivel alto.