El Síndic de Greuges afea el atasco en la renta valenciana de inclusión

Nadie se puede quedar atrás después del coronavirus. El mantra, repetido hasta la saciedad por el Gobierno o la Generalitat, no se cumplirá a no ser que desde la conselleria de Políticas Inclusivas que dirige la vicepresidenta Mónica Oltra se dé un importante empujón a las solicitudes de la Renta Valenciana de Inclusión, que acumulan en algunos casos hasta 15 meses de retraso. Así al menos lo aseguró ayer la Sindicatura de Greuges, que emitió su informe anual. Una de cada tres peticiones que llegaron al Defensor del Pueblo valenciano tenían que ver con la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas. El año pasado se tramitaron 4.528 nuevas quejas, 33 de oficio, y 11.923 consultas de la ciudadanía.

A lo largo de 2019, la mayoría de los ciudadanos que acudieron al Síndic de Greuges plantearon quejas por los retrasos en conseguir los derechos o prestaciones que les reconocen las leyes. Los plazos se exceden de forma «escandalosa, por acostumbrada», según informaron desde el Síndic, en asuntos tan básicos como la Renta Valenciana de Inclusión; vivienda; atención a la discapacidad o a la dependencia; prestaciones de emergencia, sanitarias o de inclusión. «Esos son los problemas que concentran las llamadas de auxilio más angustiosas que recibe el Síndic y todos tienen relación con el funcionamiento de las administraciones», indicaron.

La demora en resolver los expedientes de renta valenciana de inclusión ha provocado que las personas solicitantes se vean forzadas a demandar ayudas de emergencia en sus ayuntamientos de residencia, expicaron desde el Síndic. «Lamentablemente, los plazos de resolución no se cumplían con la renta garantizada de ciudadanía y siguen sin cumplirse con la renta valenciana de inclusión», comenta el Síndic. Algunos ayuntamientos, como el de Valencia, ya han advertido de que necesitan más personal si además de gestionar estas ayudas tienen que hacerlo también con el ingreso mínimo vital.

El Síndic critica que, a pesar de suponer un importante avance normativo, la aplicación práctica de la Ley 19/2017, de 20 de diciembre, de la Generalitat, de renta valenciana de inclusión, !está viéndose seriamente comprometida en su eficacia y en sus plazos por la forma de descentralización de la tramitación y gestión en las entidades locales, sin garantizar una dotación de personal suficiente ni, sobre todo, estable».

De una parte, en muchas ocasiones las entidades locales superan con creces los tres meses de plazo previstos legalmente para realizar los informes, llegando incluso a sobrepasar el año de tramitación en las grandes capitales como Valencia y Alicante. A su vez, también las direcciones territoriales de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas demoran la resolución de los expedientes más allá de los tres meses preceptivos. Esta situación no ha dado «respuesta ágil» a las situaciones de necesidad cotidiana de las personas en riesgo.