El Síndic de Greuges investiga la gestión de Generalitat y ayuntamientos tras la dana

El Síndic de Greuges ha incoado de oficio tres procedimientos de quejas para investigar la actuación de las administraciones tras la dana a fin de garantizar la atención que la ley establece ante situaciones de urgencia y de carácter excepcional como la derivada de la riada del 29 de octubre.

Lo hace tras haberse cumplido el plazo de la suspensión que fue concedido a los municipios afectados que considera, «tiempo prudencial suficiente para que se pueda desplegar la actividad en defensa de los derechos de la ciudadanía» y se centra en tres materias como son los servicios sociales, la vivienda y la educación.

El Síndic pretende con esta investigación hacer un diagnóstico de la situación de la población más vulnerable y saber si las administraciones están atendiendo sus necesidades y si es así cómo se está haciendo, además de si hay coordinación entre ellas.

La primera queja se dirige tanto a la Vicepresidencia Primera y Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda como a los ayuntamientos Alaquàs, Albal, Aldaia, Alfafar, Algemesí, Benetússer, Beniparrell, Catarroja, Chiva, Llocnou de la Corona, Massanassa, Paiporta, Picanya, Sedaví, Utiel y la pedanía La Torre de València, los calificados como «zona 0 de la tragedia» por la Cámara de Comercio de Valencia.

Así, a la Conselleria se le solicita un informe razonado y detallado sobre las instrucciones, directrices y dispositivos emitidas para facilitar la prestación de los servicios sociales en la situación de emergencia surgida; los recursos tanto personales como materiales que se han asignado atendiendo a las necesidades «para una adecuada gestión de la emergencia»; la relación de centros y servicios afectados y si ha sido necesaria la reubicación de usuarios o alternativas a la prestación del servicio; cuál es el estado actual de esos centros afectados y el plazo que se prevé para su normalización; así como si ha habido coordinación con los servicios municipales de los ayuntamientos y convenios con oenegés y entidades del sector terciario y el objeto de los mismos.

A los 16 ayuntamientos también se les insta a facilitar información sobre si han creado un plan de emergencia para detectar y atender a las personas afectadas; relación de los recursos de servicios sociales afectados así como si han contado con el apoyo de la Generalitat y si han realizado «formalmente» peticiones a las diferentes administraciones para hacer frente a las necesidades psicosociales y la respuesta obtenido, así como si ha tenido que asumir la cobertura de estas necesidades que son competencia de otras administraciones. También se solicita que se indique cómo han participado en la gestión de la emergencia los diferentes agentes externos.

La segunda de las quejas atañe también a la Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, relativa a ésta última materia y amparada en la Constitución y en el Estatuto de Autonomía, que obligan a las administraciones competentes a garantizar el derecho a una vivienda digna.

Es por ello que solicita a la administración autonómica información sobre las actuaciones llevadas a cabo para evaluar la necesidad de vivienda tras la dana, el número de unidades familiares afectadas y los recursos que necesitan. Qué se ha hecho para resolver las situaciones de vulnerabilidad residencial y las convocatorias públicas de ayudas «para a el garantizar el acceso o mantenimiento de una vivienda digna» y si ha habido coordinación con las entidades locales.

En esta materia también se ha abierto queja a todos los ayuntamientos afectados, los 90, de la Comunitat, a los que se pide la relación de viviendas afectadas y los recursos que necesitan para resolver sus necesidades; las actuaciones que han llevado a cabo para solucionar el problema de sus vecinos afectados en esta materia y la coordinación con el resto de administraciones.

La tercera queja, la relativa a materia de  Educación, va dirigida solo a la Conselleria competente, conociendo previamente que muchos centros educativos han quedado dañados y no reúne las condiciones adecuadas para prestar el servicio.

El Síndic solicita a Conselleria que le indique cómo está informado a toda la comunidad educativa de todas las decisiones e incidencias que les afecta; las medidas de control para garantizar el derecho a la educación; un informa sobre los criterios para la distribución del alumnado afectado a otros centros y sí se ha contado con los centros concertados y los requisitos exigidos para la apertura con garantías de los colegios, así como la previsiones para que los desplazados puedan volver a sus centros.

También se pide informe sobre personal, el procedimiento que se ha seguido para sustituir de manera urgente a los que estén de baja por causa de la dana.

La administraciones tienen de plazo un mes para contestar al Síndic, quien en la resolución también indica que han podido conocer de primera mano los problemas de muchos ciudadanos tras recibir consultas sobre los trámites para la obtención de las ayudas; así como las inquietudes de padres y madres sobre el derecho a la educación de sus hijos e incluso quejas presentadas por particulares, «actualmente en estudio».

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