El Síndic urge al Consell a investigar todas las denuncias por infracciones urbanísticas en zonas no urbanizables

Así consta en la Resolución de Recomendaciones a la Administración, emitida por el Síndic, sobre la queja de oficio iniciada por la demora en la tramitación de miles de expedientes de restauración de la legalidad urbanística. Demora que fue señalada a esta institución por la propia AVPT. Esta situación generó al Síndic preocupación sobre la organización, los recursos humanos y materiales, y el funcionamiento actual de la AVPT. En particular, cuestionó su capacidad para servir a los intereses generales y cumplir con las competencias que le asigna la legislación.

«La Generalitat ha creado con la Agencia Valenciana de Territorio un organismo para suplir a los ayuntamientos a la hora de controlar a las urbanizaciones irregulares, con actuaciones irregulares en suelo no urbanizable», explica Luna. «Lo que ocurre es que no ha dotado para nada a esta agencia de los elementos personales y materiales necesarios para poder cumplir con esa labor», añade el síndic.

En este sentido, Luna destaca: «Nos preocupa mucho que en una situación como la que estamos viviendo y con las secuelas de la dana, los ayuntamientos no tengan capacidad para intervenir en algo que tendría que intervenir la Agencia para evitar construcciones irregulares en suelo no urbanizable y evitar que luego pudiéramos tener desgracias por situaciones imprevisibles desde el punto de vista meteorológico que al final nos hagan lamentar que la agencia no haya cumplido con su obligación».

El defensor del pueblo valenciano expresa su inquietud por los retrasos de la AVPT en reaccionar ante las denuncias ciudadanas. Esta preocupación se centra en que la adopción de medidas necesarias podría llegar demasiado tarde, «teniendo graves consecuencias para la salud pública o el medio ambiente», según señala. Luna apunta al riesgo de realizar obras de construcción en suelos no urbanizables, como zonas inundables, que podrían causar problemas graves en caso de lluvias torrenciales o episodios de dana.

Desde el Síndic consideran que la administración autonómica debe actuar rápidamente y sin excusas para garantizar el funcionamiento adecuado de la AVPT, creada para asegurar el respeto a la legalidad urbanística en suelos no urbanizables y sancionar las infracciones graves o muy graves.

Por ello, el el organismo entiende que no resulta adecuado asumir que las demoras, carencias y deficiencias detectadas «requieren de un periodo de tiempo más prolongado para ser corregidas, como apunta en su informe la agencia investigada poniendo como excusa que, aunque la AVPT nació en 2021, sólo se puede entender completamente dotada a partir del inicio del año 2023», indica en un comunicado, año en que se ampliaron los puestos de trabajo.

En la resolución consta que «no parece adecuado crear un sistema que dé a un organismo autonómico toda la responsabilidad de gestionar y resolver asuntos urbanísticos, excluyendo a los municipios, sin asegurarse primero de que este organismo tiene los recursos y la capacidad necesarios para proteger y restaurar la legalidad urbanística de manera efectiva, especialmente en casos graves».

Por otra parte, el Síndic considera fundamental que la AVPT no dependa exclusivamente de las denuncias de los Ayuntamientos o ciudadanos, sino que tenga mecanismos propios para detectar y actuar de oficio sobre infracciones graves. También insiste en que se debe garantizar el cumplimiento efectivo de las resoluciones de restauración de la legalidad y reforzar los mecanismos de ejecución subsidiaria en caso de incumplimiento, evitando la consolidación de obras ilegales.

Por ello, esta institución también recomienda que la Agencia adopte todas las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento real y efectivo de las obligaciones asumidas por las administraciones locales adheridas y las personas que integran y prestan servicios en ellas. Finalmente, Luna recuerda la importancia de que las administraciones urbanísticas «reaccionen con prontitud y firmeza ante las denuncias, investigando y adoptando las decisiones necesarias para restaurar la legalidad urbanística», expresa.