El Síndic vuelve a afear a Educación que no conteste en castellano a las quejas

El Defensor del Pueblo valenciano ha vuelto a pedir a la Conselleria de Educación que utilice el castellano a la hora de responder a escritos o quejas que le trasladan los ciudadanos y que están redactados en esta lengua. Exactamente le recomienda que «garantice» su derecho «a dirigirse a la administración de la Comunitat en cualquiera de las oficiales y a recibir respuesta en la utilizada».

Así se desprende de dos resoluciones del Síndic de Greuges disponibles en su web, que además son las últimas trasladadas al Consell. En lo que va de legislatura, casi todas las que tienen que ver con derechos lingüísticos y que están dirigidas al departamento de Vicent Marzà van en este sentido: afearle que se den respuestas en valenciano ante escritos enviados en castellano. Ambas están fechadas en julio y tienen que ver con la Oficina de Derechos Lingüísticos, organismo creado en esta legislatura que depende de la Dirección General de Política Lingüística, adscrita a Educación.

La primera resolución del Síndic se inicia tras una queja de un usuario que criticaba que la intranet del Ayuntamiento de Valencia ideada para los empleados públicos estaba configurada únicamente en valenciano, por lo que no permitía cambiar la estructura al castellano, como sí sucede por ejemplo con la página web municipal. La reclamación presentada ante la oficina se redactó en castellano, y la respuesta recibida, en la que se apoyaba la actuación municipal, llegó en valenciano. Por ello el ciudadano acudió al Síndic al considerar vulnerados sus derechos.

Como es habitual, el Defensor del Pueblo pidió un informe a la dirección general, que justificaba la redacción de su escrito en la lengua autonómica en que la Ley de Uso y Enseñanza del Valenciano indica que en estas comunicaciones de la administración el interesado debe indicar la lengua que quiere utilizar, algo que el autor de la queja no hizo. Además, citó el decreto de 2017 que regula los usos de las lenguas oficiales en la administración y las instituciones, que establece que los escritos dirigidos a personas que residen en municipios de predominio lingüístico valenciano se redactarán en valenciano, y que en estos casos sólo se hará en castellano cuando lo solicite el interesado. En resumen, a juicio de la conselleria, todo depende de que el ciudadano cite expresamente su preferencia.

El Síndic no comparte esta interpretación legal. «La cuestión a determinar es si los ciudadanos que se dirigen a la administración están obligados a manifestar de forma expresa en qué lengua desean obtener respuesta o si por el contrario la elección se hace por la mera utilización de la misma», según se recoge en la recomendación. Para la institución, la opción correcta es la segunda.

Para argumentarlo, recuerda que el Estatuto de Autonomía incluye el «derecho a dirigirse a la administración de la Comunitat en cualquiera de sus dos lenguas oficiales y a recibir respuesta en la misma lengua utilizada». Y como este tiene carácter «de norma institucional básica de nuestro ordenamiento territorial», se impone sobre el resto.

«Las leyes y demás actos autonómicos deben respetar el Estatuto, que fija las grandes líneas estructurales del ordenamiento jurídico», señala el Síndic, antes de añadir que «no es necesario que los ciudadanos deban señalar de forma expresa en qué lengua oficial desean recibir respuesta o contestación de la administración». Si bien, continua, esto no quita que pida que se emplee una distinta a la empleada inicialmente. Además, recuerda que el ordenamiento jurídico administrativo «ha realizado un gran esfuerzo para que a los ciudadanos se les simplifique y facilite el ejercicio de derechos y el cumplimiento de obligaciones».

A finales de julio llegó la segunda recomendación, en el mismo sentido que la primera y con los mismos argumentos de las partes. Se debió a la queja presentada ante la Oficina de Derechos Lingüísticos por un ciudadano que pidió, en castellano, que la información proporcionada en la Feria del Libro de Valencia estuviera en las dos lenguas. La oficina le respondió en valenciano pidiéndole que subsanara el escrito por una serie de errores, y el aludido recurrió al Síndic al considerar vulnerados sus derechos.

Por último, en las dos resoluciones el Síndic destaca que sus consideraciones «no impiden que la administración adopte las medidas de fomento e impulso del valenciano en los distintos ámbitos de actuación que estime oportunas», aunque «garantizando siempre los derechos individuales de las personas».