El sindicato mayoritario de profesores de la Comunitat convoca huelga contra las políticas del PP

El paro se celebrará diez meses después del aterrizaje en la sede de Campanar de José Antonio Rovira, que a principios de mes, preguntado por esta posibilidad en una entrevista en Radio Valencia, dijo que la organización había estado «ocho años descansando», en clara referencia a los dos mandatos de la izquierda.

El secretariado nacional, que es el principal órgano de decisión del sindicato, quiere trasladar la decisión a la Plataforma en Defensa de la Enseñanza Pública para tratar de sumar el apoyo de otros agentes de la comunidad educativa, como asociaciones de Ampas y de alumnado, que tiene derecho a convocar un paro académico. Sin olvidar a otros sindicatos, pues en la entidad están representados UGT PV, que se pronunciará en función del sentir mayoritario (parece que favorable), y la Federación de Enseñanza de CC. OO. PV, que hace unos días informó de que su militancia apoya una convocatoria siempre que parte desde el organismo, y por tanto, tenga carácter unitario.

El STEPV considera necesaria la huelga «para frenar las políticas educativas que está implementando el gobierno valenciano y la Conselleria de Educación, frenar los recortes iniciados en la enseñanza pública y forzar la negociación».

La organización ha puesto el foco en la proposición de ley que modificará el modelo lingüístico en las escuelas, derogando la que aprobó el Botánico en 2018 recurriendo al mismo instrumento legislativo. Se alega que «sólo pretende arrinconar el valenciano en la enseñanza» y que se anuncia como de «libertad educativa pese a negar la libertad de negociación de los miembros de la comunidad educativa para encontrar soluciones a los problemas de la educación».

También se rechaza el decreto de admisión, que recupera el distrito único de escolarización y el punto discrecional que otorgan los centros, lo que a juicio de la organización posibilita que sean estos «los que elijan al alumnado, lo que perjudica a la enseñanza pública porque facilita que las familias con más recursos elijan la concertada y, por tanto, se produzcan recortes de unidades en la pública».

La reducción de inversión en el plan Edificant, justificada por Educación en que en años anteriores han sobrado cantidades ingentes de presupuesto, o la reducción de grupos en las Escuelas Oficiales de Idiomas -derivada de la falta de demanda en muchos de los idiomas afectados, siempre según la administración- son otros de los motivos que se esgrimen para justificar la convocatoria.

También se alude al plan de gratuidad para el primer ciclo de Infantil, que implica «dedicar inversiones sólo en el sector privado», y al hecho de que la administración no afronte «temas preocupantes entre el profesorado como la eliminación del exceso de burocracia, la mejora de las retribuciones y la salud laboral, la dotación a los centros del personal especializado necesario para atender la salud mental del alumnado o la reducción de los ratios».

Por ello, el STEPV considera que se deben tomar «acciones contundentes para revertir la falta de negociación que se ha instalado en la Conselleria de Educación, lo que anuncia un futuro preocupante, así como la aplicación de las políticas educativas regresivas que van contra los intereses de nuestro alumnado, del profesorado y de la escuela pública». Por último, el comunicado anima «al profesorado y al conjunto de la comunidad educativa y de la sociedad valenciana a movilizarse por una educación pública, de calidad, laica, inclusiva, gratuita y en valenciano».

La última huelga general educativa llegó en marzo de 2017, y fue de ámbito estatal. Se motivó en la necesidad de implantar un pacto de estado educativo y en derogar la Lomce del PP, coincidiendo con la paralización de algunas de sus medidas más polémicas, como las reválidas, bajo el mandato del exministro Íñigo Méndez de Vigo. Las dos anteriores, también nacionales y contra la reforma educativa del PP y los recortes, se celebraron en octubre y mayo de 2013.

Para encontrar una convocatoria equivalente en la Comunitat, en el sentido de que se convoque a todo el profesorado contra medidas de política educativa, hay que retroceder hasta 2012, cuando era consellera la actual alcaldesa de Valencia, María José Catalá. Fueron dos jornadas de paro convocadas en mayo, en este caso, por los recortes aplicados en plena crisis económica.

En los últimos años sí que se han celebrado paros de carácter sectorial o contra decisiones de gestión, todos ellos con el STEPV como protagonista: en diciembre de 2020, por la convocatoria de oposiciones docentes en plena pandemia; en abril de 2018, junto a la Coordinadora de Profesorado Interino para reclamar medidas de estabilización y enfocada en los docentes temporales; y en septiembre de 2017, por problemas organizativos en las EOI, implicando a los profesionales de estas enseñanzas de régimen Especial.