Los taxistas valencianos recurrirán la resolución de Hacienda sobre los VTC ante la Audiencia Nacional

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Pablo Alcaraz

Este último movimiento de los taxistas deja el asunto ante la penúltima instancia judicial española antes de que se termine por dirimir en el Tribunal Supremo, como todo parece indicar según las intenciones manifestadas por los representantes ambos servicios de transporte de pasajeros. El presidente de la Confederación de Autónomos del Taxi de la Comunitat Valenciana, Fernando del Molino, se aferra a lo expuesto en el artículo 91 de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres (LOTT) y recuerda que los VTC «no pueden hacer servicios urbanos», es decir, aquellos que tiene origen y destino en una misma ciudad.

Fernando del Molino explica que las licencias de operaciones dependen del Estado, que a su vez delega en las comunidades autónomas la necesidad de que tengan una autorización expresa. Por lo tanto, el presidente de la Confederación de Autónomos del Taxi de la Comunitat Valenciana concluye que «no existe un vacío legal como argumenta el sector de los VTC» y que la resolución dictada por Hacienda implica «la liberalización completa del servicio de transporte urbano». «El ministerio siempre se ha mostrado contrario a limitar el número de vehículos de transporte con conductor», lamenta del Molino en referencia a las negociaciones pasadas sobre el llamado 'decreto Ábalos'.

El gremio del taxi se ampara en la directiva europea bautizada como Bolkestein en 2006 y su trasposición en España en la que se ponían como excepciones a la libre competencia urbana a las farmacias y al sector del taxi. Según del Molino, la autorización de operaciones es nacional y no autonómica por lo que los VTC deberían poder hacer solamente trayectos interurbanos y urbanos. De hecho, el cuarto punto del comunicado remitido por la Confederación de Autónomos del Taxi de la Comunitat Valenciana el pasado martes explica que de acuerdo con el compromiso expresado por la Generalitat, «se modificará la normativa autonómica que sea necesario para evitar que las VTC hagan servicios urbanos sin autorización».

Al tratarse de una sentencia administrativa y no judicial, desde el cuerpo de Policía Local de Valencia manifiestan que se seguirá actuando conforme al estado actual de la ley realizando inspecciones y con las sanciones pertinentes cuando se estimen. Sin embargo, la adjudicación del concurso público por «los servicios de transporte de viajeros para traslado de mutualistas y personal interno de UMIVALE ACTIVA en Valencia y su área metropolitana y las comarcas de la Hoya de Buñol, Camp del Turia, Camp de Morvedre y Los Serranos de la provincia de Valencia» con valor de 896.000 euros se la ha llevado el sector de los VTC.

Los taxistas valencianos desconvocaron esta misma semana la manifestación que tenían programada para el miércoles tras haber llegado a un acuerdo con la Generalitat paar aumentar la plantilla de inspectores. Entre los otros puntos alcanzados por los taxistas y los representantes de la conselleria, también se ha acordado un mayor grado de transparencia con las asociaciones sobre las solicitudes de información sobre los procesos de expedición de licencias VTC en la Comunitat así como más reuniones con representantes del sector. Según el documento publicado por la Confederación, desde el ejecutivo valenciano han defendido que llevan tan sólo ocho meses de gestión y que «no son responsables de la herencia recibida». «Nos daremos un plazo de un mes para ver si realmente se cumplen los compromisos», recuerda la asociación sindical y retrasa hasta la última semana de mayo posibles convocatorias de paros en verano.