El temor a los efectos de la ley Celaá se extiende entre las escuelas infantiles

La aprobación de la Lomloe, la ley Celaá, también ha generado incertidumbre entre la red de escuelas infantiles privadas, que atiende a los niños de entre cero y tres años y que es muy mayoritaria en diferentes comunidades, entre ellas la valenciana. La Federación Nacional de Centros de Educación Infantil (Fenacein) ha trasladado la inquietud del sector a través de un comunicado que alerta de que el articulado de la norma amenaza la viabilidad de las escuelas, que cifran en cerca de un millar en la Comunitat.

«¿Cómo es posible que se esté planteado crear más centros si con la red actual existe un porcentaje elevado de plazas vacantes?», se pregunta la organización, en la que se integra Salvem 0-3, de ámbito autonómico. Cabe recordar que la Lomloe recoge un plan a ocho años vista para crear las plazas públicas suficientes para atender las demandas que se generen en estas edades. Además, también da cobertura a la oferta del primer ciclo a través de centros ordinarios, como ya se está haciendo desde 2015 en la Comunitat mediante aulas de dos años en los Ceips.

Como explica la presidenta de la federación y secretaria de Salvem, María José González Mayo, durante la tramitación parlamentaria se plantearon enmiendas a los partidos para conseguir que la red privada fuera tenida en cuenta en el objetivo de fomentar la escolarización temprana gratuita, aunque sin éxito. «¿Para qué esperar ocho años si podemos hacerlo ya? Hay plazas suficientes, se podía llegar a acuerdos de colaboración con la administraciones, pero todas las propuestas se han rechazado», lamenta. La idea, que llevan tiempo defendiendo en la Comunitat ante otras medidas en clave autonómica, pasa por aprovechar la red existente, por ejemplo mediante ayudas, para que la escolarización en este nivel no tenga coste para las familias, y más allá de la titularidad.

«Si existe una estructura no entendemos que se quiera crear una paralela que va a suponer más gasto y va a provocar paro», añade González Mayo en referencia a lo previsto en la ley. Lo mismo expresa el comunicado con términos contundentes. «No es necesario crear nuevos centros para acabar con los ya existentes», recoge. La presidenta también advierte de que el porcentaje de plazas vacantes puede situarse en torno al 45%, de ahí que no entienda que el sector privado sea laminado en la nueva reforma educativa.

La patronal también hace hincapié en el fomento de la oferta a través de centros de Infantil y Primaria. «El primer ciclo necesita de esta atención específica para el correcto desarrollo de los menores, no incluirlos en colegios que no están preparados en cuanto a instalaciones ni personal, lo que supondría un atraso en el desarrollo de los más pequeños», añade el comunicado.

A su juicio, mantenerlos en centros específicos «es una forma de garantizar la calidad y los objetivos educativos que el ciclo tiene marcados». En este sentido, González Mayo insiste en la formación del personal de los centros y en las exigencias que requiere la normativa valenciana en cuanto a ratios o idoneidad de espacios.

«La ley Celaá no responde a la realidad del sector, poniendo en riesgo la supervivencia de la oferta educativa, los puestos de trabajo y la propia existencia de una educación infantil más justa», concluye el comunicado.