Los centros de menores exigen al Consell el pago de una deuda de 24 millones de euros

En este sentido, Arenas ha señalado que todo el sector se encuentra en una situación parecida con una deuda acumulada de «23 o 24 millones de euros en conjunto». «No entendemos por qué no se nos está pagando», afirma el responsable de la cooperativas. En este sentido se ha referido a que hace un mes ya se concentraron y en ese momento se les dijo que los abonos se formalizarían en breve. Según Arenas, esto no ha sido así.

Vicente Arenas recalca que se están adeudando sueldos porque las entidades ya no pueden pagar. «Al principio puedes asumir algún retraso pero llega un momento en que ya no tienes fondos y se adeudan salarios», ha explicado el presidente de la Cooperativa Castell.

Las reivindicaciones de estos centros se resumen en dos. Por un lado, el pago de los atrasos y por otro que salgan cuanto antes las nuevas licitaciones ya que muchas entidades están en situación de enriquecimiento injusto (aquellos que se les ha terminado el contrato y este se ha prorrogado hasta que se pueda formalizar uno nuevo) y están cobrando con los precios sin actualizar desde 2018 sin ni siquiera haber actualizado la inflación. De esta forma, se da el caso de que hay algunas entidades que llevan casi cinco años en esta situación.

De la cantidad adeudada la mayor parte se destina principalmente al pago de los salarios y el resto a gastos de funcionamiento del centro. Pero al final los más perjudicados son los trabajadores. Y en última instancia se resiente la calidad del servicio que se presta.

Fuentes de la Conselleria de Servicios Sociales han explicado que ya se ha empezado abonar estas cantidades. Han señalado que en días la Cooperativa Castell recibirá un pago de 33.000 euros y ya está en fiscalización otro por una cantidad algo superior (34.600).

Las mismas fuentes se han referido a que el anterior gobierno dejó facturas por pagar por valor de cien millones de euros (2.400 facturas en total). De esa cantidad, unos 60 millones corresponden a enriquecimiento injusto y otros 40 a gasto corriente de las residencias. En este importe se incluye también la deuda con los centros de menores.

Por otro lado, cerca de un centenar de empleados del Instituto Valenciano de Servicios Sociales (IVASS) se han manifestado este martes ante la Conselleria de Servicios Sociales para reclamar la oferta pública de empleo (OPE) de 2023 y el fin del proceso de estabilización en el que están inmersos cerca de medio millar de trabajadores. La concentración ha sido convocada por los sindicatos CCOO, UGT, Intersindical y CGT.

En este sentido Cristóbal Dolz, delegado de CGT, ha señalado que llevan esperando todo el año a que se publique la oferta pública de empleo en la que tienen que salir unas 300 plazas.

En la misma línea se ha manifestado Laura Romero, delegada de Comisiones Obreras, quien ha señalado que hay un bloqueo por parte de Hacienda a que se cubran las vacantes y las bajas.

Por su lado, Paula Sánchez, de Intersindical, ha criticado que «no hay recursos suficientes con ratios altísimas de 200 expedientes por persona». También ha criticado que no se está aplicando el decreto de tipologías de los centros. Las condiciones laborales, además, están por debajo de los que trabajan en Igualdad. «No cobramos la carrera profesional y estamos pendientes del proceso de estabilización. La consecuencia es que la temporalidad alcanza el 80%», ha explicado la sindicalista.

El proceso de estabilización afecta a medio millar de personas. Según ha resaltado Dolz, ni siquiera se ha empezado el proceso de baremación «y llevamos así todo el año».

«El objetivo es visibilizar la situación en la que se encuentra el IVASS »para saber qué perspectiva tiene la consellera respecto a la gestión de esta entidad de derecho público«. Ante el relevo de dos directores generales, Sánchez se pregunta »si esto es un sitio de paso y no va a haber un compromiso real para mejorar la atención a los pacientes. Queremos una hoja de ruta de la conselleria«.

Los centros del IVASS, que fundamentalmente tratan a personas con dificultad funcional pero también a enfermos mentales y mayores, atienden a más de 1.500 personas y tienen más de 4.000 personas tuteladas. «Somos unos 1.200 para atender a casi siete mil personas», ha destacado y ha criticado que el instituto «ha sido como el cajón de sastre. Queremos recursos. No sabemos si se van a aplicar las mejoras».

Fuentes de la Conselleria de Servicios Sociales, ha indicado que el secretario autonómico del Sistema Sociosanitario, Emilio Argüeso, ha recibido a los representantes sindicales para conocer sus reivindicaciones.