Los trabajadores de Servicios Sociales exigen nuevos contratos y la equiparación salarial entre el sector público y el privado

Durante la protesta se ha leído un manifiesto donde exigen la equiparación salarial entre los trabajadores del sector público y el privado y la licitación de los nuevos contratos para terminar con la situación de enriquecimiento injusto en la que se encuentran numerosas entidades.

Los trabajadores, que rondaban el millar y abarrotaban la plaza de Manises, corearon cánticos como «Susana Camarero donde está el dinero» o «No es herencia, es incompetencia». La propia vicepresidenta segunda y consellera de Igualdad, Susana Camarero, se ha acercado al lugar de la protesta y ha conversado brevemente con los representantes sindicales mientras aguantaba estoicamente los lemas que coreaban los asistentes.

En el manifiesto se puede leer que «el 17 de noviembre de 2022 fue un día histórico para el Sistema Valenciano de Servicios Sociales». En el texto se indica que en esa fecha se alcanzó un acuerdo que mejoraba la financiación de los centros y hacía efectiva la homologación salarial.

En el documento se señala que el acuerdo «cohesionaba e impulsaba el tejido de la colaboración público-privada en los ámbitos de la acción concertada y la contratación pública» ya que incluía un incremento proporcional de la financiación de los gastos de gestión de las entidades y empresas. Además, subraya que mejoraba la atención y calidad del servicio que se presta.

Rosa Atiénzar, portavoz del Area Pública CCOO PV, ha recalcado que se han manifestado para exigir los acuerdos firmados con la administración en noviembre de 2022. También ha pedido que se publiquen ya las nuevas licitaciones a las empresas «porque mientras tanto se continuará generando deuda y supondrá que se pongan en marcha tanto las mejoras en las condiciones de trabajo como para la calidad de la atención».

Por otro lado, ha señalado que exigen el respeto al decreto de tipologías, sobre todo en lo que tiene que ver en la ratio de profesionales por plaza. También reclamaban «la apertura del diálogo social para seguir avanzando en el desarrollo de estos acuerdos».

La secretaria de Política Social de la Federación de Servicios Públicos de UGT País Valencià, María Navarro, ha destacado, por su parte, que «exigimos el cumplimiento de unos acuerdos que se firmaron con la anterior administración». Además, la sindicalista ha señalado que el lunes mantuvieron una reunión con la vicepresidenta. «Agradecemos la vía de diálogo, pero llega tarde. No podemos sentarnos a hablar 24 horas antes de una concentración», ha destacado.

Desde UGT y CCOO han constatado que «en apenas cien días de nuevo Consell las promesas por parte de la vicepresidenta segunda y titular de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, de que iba a gestionar sin sectarismos ideológicos son falsas, ya que en este tiempo casi ha desmantelado medio sistema público de servicios sociales».

«Entre otros incumplimientos, su departamento ha desviado los fondos presupuestarios y consignados para incrementar los salarios en el año 2023 del personal de los centros de acción concertada, un sector feminizado, y no ha provisionado fondos suficientes para cumplir el acuerdo en los presupuestos de 2024», han acusado los sindicatos.

Los sindicatos también han criticado la retención de las licitaciones en los centros de titularidad pública y gestión privada, «lo que implica que no hay homologación, ni incrementos salariales». «Por esto, exigimos las licitaciones ya y que no se apliquen prórrogas forzosas, porque esto significaría incrementar la deuda con las entidades que gestionan estos centros, ya que estarían en expediente de resarcimiento, es decir, sin contrato», han agregado.

Por su lado, Susana Camarero, ha trasladado a los representantes sindicales que mantendrán tres vías de actuación: el pago de las deudas y se ha referido a la cantidad de 100 millones de facturas en los cajones que se han encontrado al llegar al Consell; solucionar el incremento del módulo de la acción concertada para el año 2024 y la actualización del de 2023. Ha indicado que «no puedo solucionar en tres meses los problemas de ocho años».

«Es importante tener en cuenta que detrás de estas facturas impagadas se encuentran los trabajadores que no podrán cobrar su salario si el Consell no satisface estos importes heredados del Botánico», ha agregado Camarero.

Camarero ha añadido que el lunes se produjo ya una reunión con los sindicatos y las entidades del tercer sector a título informativo y ha agradecido a las organizaciones que mantengan las conversaciones. «El diálogo es importante, que sigamos en las mesas que tenemos abiertas y que ya hemos tenido varias, que sigamos dialogando, conversando, acordando y creo que es importante que tengan esa imagen y ese compromiso de la Conselleria y de este Consell».

La consellera ha señalado que este martes se ha aprobado una línea de 25 millones destinada a la actualización de 2023 y que hay previstos 39 millones para las mejoras de 2024.

Representantes del grupo de Compromís en Les Corts, con el síndic Joan Baldoví y las portavoces adjuntas Isaura Navarro y Aitana Mas -la anterior consellera de Igualdad- a la cabeza han acudido a la protesta.