La trama valenciana del atún tóxico

Un juzgado de Picassent lleva entre manos una de las mayores operaciones contra la pesca furtiva en el Mediterráneo y el mercado negro jamás habida en España: el golpe asestado el año pasado por la Guardia Civil a la amplísima trama empresarial acusada de importar atún rojo procedente de pesca ilegal desde Malta e Italia para obtener beneficios millonarios sin respetar obligaciones documentales, fiscales o sanitarias, lo que derivó en casos de intoxicación.

La trama tenía su epicentro en Murcia. Y la Guardia Civil sitúa al frente a José F. G., considerado como uno de los empresarios más importantes del mundo en la captura, cría y venta de atún. Según las investigaciones, a través de su grupo empresarial de alcance internacional movía pescado en los principales mercados mayoristas de España.

Y Valencia suponía un punto clave para la organización. La documentación del caso a la que ha tenido acceso LAS PROVINCIAS cita al empresario Carlos F. F. como responsable de dos empresas de Albal que, junto con una nave de Beniparrell, eran esenciales en el engranaje del grupo, siempre a tenor de las investigaciones.

Ademas, Carlos contaba con un hombre de confianza: Khalid M. Juntos integrarían una sociedad ya extinguida «utilizada para el blanqueo de capitales». Khalid, vecino de Beniparrell, tuvo un protagonismo singular para la Guardia Civil: era el encargado de viajar fuera de España para negociar la compraventa del atún en países como Malta, del que procedía parte del atún ilegal.

«Se encarga de conseguir ejemplares capturados mediante la pesca furtiva» y realiza «cometidos de subalternos en la recepción, entrega y confección de documentos falsificados», describe un auto judicial. Lo consideran el 'recluta' de gente de confianza para la trama.

Pero hay más nombres entre los tentáculos valencianos de la red. Carlos contaba con Antonio B. E. y Javier A. L. N. «para funciones de blanqueo de los ejemplares capturados fraudulentamente». El primero aparece como propietario de la nave de Beniparrell «desde donde se realizan las actividades ilícitas de despiezado y distribución a distintos destinos». El segundo es el administrador solidario de la mercantil de Carlos y de la extinta sociedad vinculada al 'lavado' de dinero por los investigadores.

Bajo las órdenes de Carlos y Khalid se encuentra, siempre a tenor de las pesquisas, otro hombre: es Jesús A. C., citado, literalmente, como «sucursal encubierta» de la empresa de Carlos en Mercamadrid.

Como supuesto falsificador de documentos aparece Antonio E. A. C., también vinculado a las empresas de Albal. «Confeccionaba documentos falsos con los que amparar los ejemplares de procedencia furtiva» y alteraba «las etiquetas comerciales con las que poner en el mercado los ejemplares ilícitos» de atún. Y tenía otro presunto cometido mencionado así en el documento judicial: «llevar a cabo la distribución de material furtivo en Alicante y Murcia».

Las investigaciones de la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (UCOMA) se sustentan con decenas de escuchas telefónicas que dieron pie a los registros que autorizó el juzgado de Picassent en las empresas y naves valencianas. La madeja de conexiones personales es compleja y amplísima, pero hay hasta tres nombres de la trama en nuestra provincia directamente conectados con el magnate murciano del atún en los opacos negocios del preciado animal marino.

La investigación ahonda en la importancia de una de las empresas valencianas de Albal. No sólo se le atribuye «connivencia» con otra firma en la falsificación de documentos. Su relevante papel queda descrito así: «sería la nave en la que se almacenarían los ejemplares y en la que serían despiezados y distribuidos, generando la documentación falsa mencionada para el blanqueo de las capturas fraudulentas».

Vinculada a esta firma de Carlos F. F. aparecen cinco mercantiles más de Albal y otras muchas repartidas por España que formaban «todo el entramado societario» y a las que relacionan también con la puesta en el mercado de pesca furtiva, «misiones específicas de blanqueo», «recepción de facturaciones falsas» o reparto de grandes sumas de dinero entre los investigados.