¿Quién compra una vivienda en la costa fuera de ordenación?: el Gobierno impulsa el deslinde en Valencia

En concreto los tramos que están incluidos en el encargo son El Puig de Santa María, Massamagrell, Valencia , Sueca, Cullera, Tavernes de la Valldigna, Gandia, Sagunto, Puçol y Bellreguard. Este encargo fue publicado en la plataforma de contratación del Estado el pasado 23 de enero.

El importe de los trabajos asciende a 32.700 euros y se tendrán que realizar a lo largo de los dos próximos años para estar finalizados en 2025.

Con estas actuaciones se pretende actualizar hasta donde llega el dominio público marítimo terrestre tras la reforma del reglamento de la Ley de Costas realizado en el verano de 2022. Esta modificación ha originado una fuerte polémica en todo el litoral español por algunos de los criterios que se utilizan.

En concreto, el punto más polémico es que hasta la modificación del reglamento se consideraba como criterio para establecer hasta donde llegaba el dominio público el alcance de las olas en cinco temporales. Esto ha cambiado y ahora se determina con la ola de mayor alcance en una sola tormenta.

La consecuencia directa es que con este criterio se amplían las dimensiones del dominio público en detrimento de los propietarios porque se escoge hasta donde han llegado las olas del temporal más dañino. Es lo que recientemente ha sucedido en la playa Les Deveses de Dénia.

En Dénia, el nuevo deslinde ha afectado a más de un centenar de viviendas, de modo que se las ha incluido dentro del dominio público. La consecuencia para sus propietarios son graves ya que o bien están abocados al derribo o bien tienen que aceptar una concesión a 30 años que está ofreciendo el ministerio para los usuarios que se encuentran en esta situación.

Es por ello que la realización del nuevo deslinde en gran parte del litoral de la provincia de Valencia puede afectar a miles de viviendas que se encuentran en la misma situación como ya está ocurriendo en otros puntos de la costa valenciana y española. Es el caso de propiedades en localidades como Cabanes o Nules en Castellón.

El procedimiento que se está siguiendo por parte del Ministerio para la Transición Ecológica es que las viviendas que quedan fuera de ordenación pasan a una situación de derribo. La otra posibilidad que ofrece el departamento que dirige Teresa Ribera es una concesión a una treintena de años.

En cualquiera de los dos casos supone una devaluación del precio de la vivienda. Es casi como si los propietarios dejaran de serlo porque ¿quién compra una vivienda fuera de ordenación sabiendo que en un plazo fijo está condenada al derribo?

El nuevo deslinde conlleva que todos los municipios afectados van a tener que revisar su Plan General de Ordenación Urbana para incluir los nuevos deslindes y clarificar qué viviendas van a estar fuera de ordenación y, además, el suelo pasará a ser considerado como no urbanizable. También los registros de la propiedad tienen que incluir una nota al margen sobre la nueva situación en la que se encuentran los inmuebles para advertir a nuevos compradores.

Se da la circunstancia, según expertos consultados por este periódico, de que el deslinde prevalece sobre el registro de la propiedad pese a la antigüedad que tenga el asiento. Las mismas fuentes aseguran que se crea una situación de inseguridad jurídica sobre las propiedades.

Los afectados también denuncian que estos deslindes se están realizando antes de que el ministerio regenere las playas con lo que el dominio público se extiende hacia el interior ya que la zona de arena tiene menos dimensiones que una vez regenerada.

La situación de la costa valenciana ha movilizado a los vecinos afectados. El pasado 21 de enero se concentraron en Madrid en una manifestación organizada por 'Somos Mediterránea' para denunciar la «mala planificación y peor aplicación» del reglamento de Costas que «provoca que el mar avance permanentemente y erosione más del 60% de las playas» del litoral mediterráneo.

Los convocantes decidieron manifestarse todos los meses. En esta ocasión se concentrarán este próximo sábado 25 de enero frente a la Delegación del Gobierno en Valencia. En Alicante y Castellón también se movilizarán frente a las sedes de la subdelegación de cada provincia.