Tres familias sin los cuerpos de las víctimas

La investigación de Marta Calvo pone sobre la mesa ese dolor añadido para las familias que es ver a un ser querido convertido en víctima de un caso criminal sin poder disponer de un cuerpo con el que cerrar incógnitas e incriminar al sospechoso. O poder brindar los honores, recuerdos y ceremonias propias de los sentimientos religiosos.

¿Cómo vive esta realidad la familia de la joven víctima de Jorge Ignacio P. J.? Lo aclara el portavoz de sus parientes, el psicólogo clínico Mariano Navarro: «Están centrados en las labores de búsqueda del cuerpo, con confianza en la profesionalidad de la Guardia Civil y en el compromiso adquirido por todo su equipo de no cesar hasta encontrar indicios suficientes para determinar lo sucedido». De momento, no se plantean ninguna ceremonia en memoria de la víctima. «Mantienen la esperanza de encontrar su paradero y, a pesar de la angustia, alcanzar una respuesta explicatoria de lo sucedido», añade Navarro.

Como detalla el psicólogo, «la no aparición de un cuerpo impide la sana elaboración del duelo al no poder tomar plena conciencia de la pérdida». El tiempo de espera «invade a la familia de un dolor indescriptible que cronifica un sufrimiento devastador. Aún a pesar de ser conscientes de la gravedad de la situación, «el ser humano intenta protegerse manteniendo una esperanza».

El peligro es el llamado duelo imposible, «un duelo crónico que puede patologizarse e impedir la sana elaboración del mismo en detrimento del pariente, cuya vida quedará determinada de forma crónica por el sufrimiento y el dolor permanente». Además, «la necesidad de justicia y la imposibilidad de que esto sea así complica de forma exponencial la reconstrucción personal tras la tragedia».

Es lo que le sucede a Gina Marín, la madre de Henry Alejandro Jiménez, colombiano de 20 años cuyo rastro se pierde el 1 de enero del año pasado tras recibir una paliza en Orihuela. «Hasta donde hemos podido saber», ahonda la apenada madre, «estuvo en una casa de fiesta con unos conocidos y un hombre de origen irlandés le dio una gran paliza. Uno de los testigos se refirió a golpes que sonaban como petardos». La última pista es un vídeo de un colega «en el que se ve a mi hijo magullado en una esquina mientras decía 'mamá, mamá' con la voz muy rota».

De momento no ha habido arrestos. «Me aferro a la idea de que volveré a abrazarlo. Quiero pensar que quedó muy afectado por la paliza, sin recordar nada, y está vivo y desorientado en cualquier lugar». Su otra hipótesis es que «quizá murió y escondieron su cuerpo por miedo a las consecuencias...».

El jueves, su familia y amigos pidieron justicia en una concentración en Orihuela. Han recogido un millar de firmas que presentarán ante el Centro Nacional de Desaparecidos (CNDES). «Creo que con el caso de mi hijo no se actuó con la debida premura en la investigación y no quiero que dejen de buscar. Si no hay cuerpo, ¿no hay delito?», se pregunta Gina. «Y mientras, las familias sufriendo. Yo podría hacer lo mismo e irme de rositas», reflexiona.

Alejandra Ayala es otra madre en lucha. En breve, asistirá al juicio de los dos sospechosos de la muerte de su hija, la joven mochilera valenciana Nathaly Salazar, de 28 años, cuyo rastro se perdió en Perú hace ahora dos años. Su cuerpo tampoco ha sido localizado. Los acusados dicen que sufrió un accidente de tirolina y, por miedo a represalias, la tiraron a un río. Pero ¿es esa realmente la verdad?

Ella está convencida de que la investigación ha fallado en muchos puntos y fue víctima de un crimen. Pero los sospechosos sólo están acusados de homicidio imprudente. Así se siente hoy la madre de Nathaly: «Nuestra vida se paro el momento que desapareció mi niña. Se sobrevive con el corazón en Cuzco y el cuerpo en Valencia. Ya nada es igual. Vives porque Dios es grande y necesitas encontrar al tesoro de tu vida, pero muchas veces esa meta hace daño a tus otros seres amados».