Las universidades valencianas sobreviven otro curso más con los fondos congelados

Se trata de una congelación de facto, pues el único aumento (dejando de lado programas de concurrencia competitiva) sirve para recoger la subida salarial del personal funcionario decretada por el Gobierno. Conceptos como los costes sobrevenidos derivados de normativas aprobadas por la Generalitat o el Estado o la anualidad correspondiente a la deuda histórica, que se termina de pagar el año que viene, se mantienen sin cambios.

El proyecto de presupuestos, según las consultas realizadas entre las universidades públicas, ha provocado resignación. No gusta la situación, pero era la esperable. Supone lastrar cualquier inversión nueva que se quiera planificar o incluso planes de renovación o mantenimiento de instalaciones, pues básicamente las transferencias darán para seguir abriendo las puertas y pagar las nóminas, más allá de proyectos específicos para determinadas facultades, como sucede con la de Ciencias de la Salud de la Jaume I de Castellón o el futuro campus gastronómico de la de Alicante en Dénia. Para hacerse una idea, hay universidades que deben destinar la práctica totalidad de la cuantía de la Generalitat para gasto corriente.

Lo que de verdad enfada en los rectorados es no saber nada del nuevo plan de financiación plurianual, cuya promesa se remonta más allá de la primera legislatura del Botánico y del que no han visto ni siquiera un borrador o un documento que recoja reflexiones de la comisión de expertos o sobre los criterios que se barajan para decidir sobre la distribución de los fondos, sobre los que tampoco se sabe si crecerán.

Durante la comparecencia de Pascual, que no aludió al futuro modelo durante su primera intervención, la falta de información fue una crítica unánime de la oposición (PP, CS y VOX). Sólo en el turno de réplicas la consellera reiteró lo ya conocido. «Como anunciamos estará para el 2022-2023 y se incluirá en los presupuestos de los próximos años. Las reuniones -de la comisión, no con los equipos económicos de las universidades- se están realizando para ver cuáles son los indicadores para hacer la redistribución. Debe ser justo, de consenso y apostar por la excelencia y la empleabilidad», dijo Pascual.

El proyecto contempla una transferencia para cubrir gasto corriente de 777,82 millones a repartir entre las cinco universidades. Es la única destinada al funcionamiento ordinario de los centros que crece (un 2,9% al situarse en 755,75 en 2021).

A esta cantidad hay que sumar la línea para cubrir costes de normativas externas (36) y la derivada del convenio para el pago de la deuda histórica (20,86). Respecto a la primera, aunque se haya tasado en esta cantidad, todos los centros la consideran más que insuficiente. Se refiere a gastos que asumen las gerencias por conceptos como nuevos complementos retributivos del personal o exenciones de tasas especiales, por poner dos ejemplos.

En una de las universidades consultadas explican que de todos los costes que entrarían en esa categoría sólo perciben el 19% del total, y en otra, que sólo se compensa la mitad de las mejoras salariales que deben aplicar a sus plantillas por la progresión de sus carreras académicas.

Respecto a la última anualidad de la deuda sólo se recoge una parte, pues la cuantía pactada asciende a 94,68 millones. La idea es que la diferencia respecto a lo presupuestado -73,82- se pueda adelantar antes del cierre del ejercicio actual con partidas sobrantes de otros programas y departamentos, como en años anteriores. La cuantía es básica, pues se destina a cubrir gastos corrientes a los que no se llega con el resto de ingresos de la Generalitat.