La Universitat de València arremete contra la futura ley de libertad educativa

Según informa la UV a través de un comunicado, el informe evalúa la futura ley «tanto en el espíritu como en la literalidad del texto» a través de la exposición de motivos, el articulado y los anexos. Además, se analiza «desde tres perspectivas complementarias: la sociolingüística, la pedagógica y la jurídica».

Según se desprende del apartado de conclusiones, para la universidad la futura norma «constituye un claro retroceso en cuanto al ordenamiento de la educación plurilingüe», y la tilda de «innecesaria, discriminatoria y recesiva», pues rompe «el consenso conformado en torno a la Ley de Uso y Enseñanza del Valenciano (LUEV) a lo largo de cuarenta años».

«Invocando el valor supremo de la libertad de elección lingüística, arrincona en la práctica a los valencianohablantes, que no podrán hacer valer sus derechos», se sentencia. En el informe han intervenido la Cátedra de Derechos Lingüísticos, el Servicio de Lenguas, la Unidad de Asesoramiento e Investigación sobre Educación Multilingüe, el Departamento de Filología Catalana y el Instituto Interuniversitario de Filología Valenciana.

El documento describe la situación de «bilingüismo asimétrico» existente en la Comunitat, con el valenciano como lengua minoritaria y en retroceso en cuanto a su uso social, defiende que el borrador no tiene base pedagógica y destaca que para conseguir una verdadera igualdad se necesitaría, entre otros, el factor corrector de la escuelas, planteando una discriminación positiva hacia la lengua minoritaria que sitúa al menos en el 50% de horas lectivas, aludiendo a que existe consenso «casi unánime» en la investigación sobre modelos plurilingües.

Además, dice que no servirá para cumplir lo dispuesto en el Ley de Uso, en el sentido de garantizar una competencia igualitaria del alumnado en las dos lenguas. Especialmente en las zonas castellanohablantes, donde el modelo generalizado pasará por impartir en valenciano sólo la asignatura lingüística propiamente dicha.

También se refiere a las dificultades organizativas que a su juicio provocará, en referencia a la tabla que determinará, en función de la preferencia de las familias, qué unidades tienen una lengua mayoritaria u otra, y critica que a medida que se avanza de etapa se produce una reducción «muy significativa» de las horas lectivas en valenciano. Exactamente, en las zonas valencianohablantes, será de un 25% (unidades con el castellano como lengua base) o un 65% (valenciano como mayoritaria) en Infantil, del 25% o el 50%-60% hasta 2º de Primaria, dependiendo del peso del inglés, y del 27,5%-32,5% (castellano como base) o el 47,5-52,5% (valenciano) en la ESO.

La crítica a las acreditaciones automáticas por cuanto no se garantizará un dominio oral (o puedan conseguirlas alumnos que decidan hacer sus exámenes en castellano y no tengan la competencia suficiente en la lengua propia), o a la obligación de que las comunicaciones de los centros sean bilingües -«superflua en poblaciones valencianohablantes y que solo se explica por la voluntad de remarcar el carácter subsidiario del valenciano»- son otros de los aspectos cuestionados.

En el ámbito jurídico, se señala que el Tribunal Constitucional no ampara el derecho a elegir la lengua de enseñanza, aunque pueda ser objeto de una regulación básica estatal. En este sentido defienden que la Lomloe no lo recoge en el apartado de derechos y obligaciones, aunque reconocen que un hipotético recurso ante el Constitucional, por una posible invasión de competencias, podría acabar desestimado. Exactamente porque el tribunal considere que la futura ley «no otorga a los progenitores un derecho a elegir la lengua de enseñanza», sino que se limitar a dar «la opción de elegir un modelo lingüístico educativo donde las dos lenguas forman parte obligatoria de la educación». Eso sí, apunta a la «brecha» de la proposición que supone el sistema diseñado para las zonas castellanas, donde «esta opción (la de elegir modelo) prácticamente no existe».

En el apartado de conclusiones se cuestiona que no se hayan evaluado los resultados de la ley del Botánico, que la libertad de elección educativa «sólo se hace efectiva para los castellanohablantes» o que se «discrimina» al alumnado de estos territorios «porque fomenta la desafección hacia el valenciano y vulnera el derecho a acceder a la educación plurilingüe en las mismas condiciones que el alumnado valencianoparlante».

Entre las consecuencias, los diferentes departamento implicados auguran que se «desincentivará» el aprendizaje por parte de los nuevos hablantes, se creará una «jerarquización» de centros en función de la lengua que prevalezca, se reducirá «aún más» el uso del valenciano como lengua «instrumental y de relación en los centros», se devaluarán los títulos de conocimiento del valenciano y se «agravará un doble alejamiento, entre comunidades y territorios, en lugar de favorecer la integración de los valencianos en una única colectividad».

«Las eventuales consecuencias no son hipótesis admonitorias, sino procesos documentos y en progreso», se añade en la parte final, antes de concluir que la proposición «podría ser un golpe de gracia a la lengua propia e histórica de los valencianos y condenarla, en un lapso de tiempo breve, a un estado residual de incierto desenlace».

Por último, se dice que la decisión «más razonable» pasaría por retirar la propuesta y abrir «un proceso de diálogo sereno, meditado y constructivo entre todos los agentes políticos, sociales y académicos, con el fin de relanzar un nuevo consenso en favor del valenciano y del ordenamiento del plurilingüismo educativo en nuestro país».