La Universitat de València endurece su posición contra Israel tras la ocupación de la Facultad de Filosofía

Cabe recordar que los participantes en la acampada y el asalto al edificio habían anunciado nuevas acciones de protesta hasta conseguir que se aceptaran sus reivindicaciones. La reacción de la institución que dirige Mavi Mestre se concreta en el documento 'El compromiso de la Universitat con Palestina', que se ha aprobado por unanimidad en un órgano colegiado, los únicos que pueden validar posicionamientos de este tipo (algo que ya se dijo a los acampados cuando exigían un acuerdo inmediato). Además, implica seguir la línea de otras universidades españolas que también han anunciado medidas restrictivas en su relaciones, actuales o futuras, con campus israelíes.

El Consejo de Gobierno, que está compuesto por representantes del profesorado, del alumnado, del personal no docente, de diferentes facultades y por el equipo de dirección, insiste en que no tiene convenios con universidades e instituciones israelíes, algo que ya se había trasladado en declaraciones públicas y a los propios acampados. La novedad es que ahora lo plasma en un compromiso por escrito. Y además, se señala que no se impulsarán «futuras colaboraciones mientras no haya un completo respeto a los derechos de la población palestina reconocidos por los tratados e instrumentos internacionales».

En este sentido, en cuanto a los programas de investigación, se evitará «la explotación de infraestructuras científicas de la Universitat por parte del personal de estas instituciones y suspenderán las estancias tanto de entrada como de salida», además de reclamar a la Unión Europea «que no permita el acceso israelí a la financiación de I+D» o a la cooperación universitaria y tecnológica «en el ámbito militar y de seguridad».

La petición de los acampados iba en la línea de lo expresado (cancelar convenios existentes y no firmarlos en el futuro), aunque con términos más expeditivos -«hasta que acaben los crímenes de lesa humanidad israelíes y la violación sistemática y masiva de los derechos humanos»- e incluyendo la apertura de una comisión de investigación interna «para determinar las posibles relaciones y complicidades que puede estar manteniendo la universidad».

En este punto también se incluían empresas, pues además se reclamó el fin de «todas las colaboraciones y contratos» con organizaciones empresariales e instituciones «cómplices de los crímenes israelíes en Palestina».

El consejo de Gobierno no ha esquivado la cuestión, aunque con matices. Y aunque ya se trasladó que la Universitat está sujeta a la Ley de Contratos del Sector Público, lo que significa que no se puede cancelar la prestación de un servicio o la adjudicación de una obra de manera unilateral en base a justificaciones políticas, como se pretendía, la Universitat sí se compromete a «revisar las posibles relaciones institucionales con entidades o empresas que no cumplan con el derecho internacional humanitario». Y también se incorporarán en las futuras licitaciones «cláusulas administrativas de carácter social, de manera que no puedan concurrir empresas que se benefician, de forma directa o indirecta, de la violación de los derechos humanos y de los crímenes de guerra y de lesa humanidad, de acuerdo con las recomendaciones y orientaciones de Naciones Unidas». No se cancela nada, pero se abre la puerta a revisar y fijar cautelas para próximas contrataciones, aunque será necesario delimitarlas bien para garantizar la seguridad jurídica.

La institución que dirige Mavi Mestre también se compromete a «intensificar la cooperación con el sistema científico y de educación superior palestino y ampliar los programas de cooperación, voluntariado y atención a la población refugiada». De hecho, ya se han firmado tres convenios de colaboración y se ha creado una línea para facilitar las estancias de personal palestino en la Universitat, como ya se hizo con las mujeres afganas. Sobre la cuestión, los acampados exigieron «firmar nuevos acuerdos, convenios y colaboraciones» con estas instituciones.

En relación a las medidas de presión hacia el Gobierno de España, la Universitat se compromete a «exhortarle» para que establezca «la imposición de un embargo de comercio de armas y la suspensión de la cooperación militar con Israel» y para que se paralicen las «exportaciones de material militar y de defensa».

También se le reclama «la recuperación de la jurisdicción universal para impedir la impunidad de los crímenes de guerra, lesa humanidad y genocidio» y que se sume «a la denuncia hacia Israel por genocidio presentada el pasado 29 de diciembre por Sudáfrica ante el Tribunal Internacional de Justicia». Son dos de las peticiones de los acampados en este apartado, en el que añadían «el cese de la persecusión y criminalización de la solidaridad con Palestina», la derogación de la Ley de Protección Ciudadana (ley Mordaza) y la de Extranjería y que se reclamara la liberación de «todas las personas encarceladas por motivos étnicos y políticos por parte del estado israelí».

La Universitat no se pronuncia sobre estas últimas cuestiones, aunque es cierto que el compromiso, en su introducción, es claro en la exigencia de «un alto el fuego permanente e inmediato, el fin de las violaciones de derechos humanos y el inicio de un proceso de diálogo que dé una respuesta permanente a la grave situación de Palestina surgida como consecuencia de la descolonización». También se recuerda que ya se había mostrado apoyo a la Agencia de Naciones Unidas para la Población Refugiada de Palestina (UNRWA) o se había pedido la liberación de los secuestrados por Hamás, antes de incidir en la «condena de las acciones militares israelíes que están produciendo decenas de miles de muertos, heridos y desplazados».

De hecho, el primer punto del compromiso insiste en estas ideas, además de«reivindicar que Israel «respete el derecho internacional y permita la entrada en Gaza de toda la ayuda humanitaria», así como «las medidas necesarias por parte de la comunidad internacional para la recuperación y reconstrucción del territorio palestino».

Ante el órgano colegiado, la rectora Mavi Mestre ha defendido que «no puede haber ninguna duda respecto a la posición de la Universitat y sus órganos de gobierno, ni con el posicionamiento del Claustro del 22 de febrero, en el que claramente se pide el alto el fuego, el respeto a los derechos humanos y a la legalidad internacional y la solución de dos estados a la cuestión palestina-israelí».

También ha señalado que «la vulneración de derechos humanos que está produciéndose en Palestina por parte de Israel es totalmente inaceptable», pues se está «masacrando a población civil y destruyendo infraestructuras, particularmente de servicios públicos esenciales como centros de salud, hospitales, escuelas, institutos, universidades y centros de investigación». «Y tampoco puede haber ninguna duda respecto a que esto no implica que no se exija la liberación de los rehenes israelíes capturados por Hamás», ha continuado.

Además, ha condenado el atentado terrorista en Afganistán y al régimen talibán, «que restringe las libertades, la igualdad entre hombres y mujeres y la diversidad», y ha recordado que en Ucrania continúa la guerra y «la vulneración del derecho internacional», insistiendo en seguir condenando la invasión por parte de Rusia.

Mestre también ha señalado que el compromiso con Palestina «no son sólo palabras sino hechos y recursos, y esa sí es una lección que damos como universidad», en referencia al gesto de varios centros de la institución para incrementar los fondos para becas del Plan Refugio, así como a la firma de tres convenios con universidades palestinas y a diferentes actividades de sensibilización realizadas. Una clara referencia a la carta abierta suscrita por profesores de la propia institución que mostraron su apoyo al manifiesto de los estudiantes.