El veto de Sanidad a cirugía cardiaca de Manises retrasa las operaciones de medio millar de pacientes

Los pacientes y los profesionales han sido los grandes perjudicados del veto impuesto por la Conselleria de Sanidad al servicio de cirugía cardiaca del hospital de Manises durante cerca de cinco años. Los enfermos porque han sido derivados a hospitales ubicados fuera de su área sanitaria, con las consiguientes molestias que originan los desplazamientos, tanto a los usuarios como a sus familiares, y las esperas para pasar por quirófano, más amplias en centros públicos que en concertados como el de Manises; y los especialistas (cirujanos, anestesistas y enfermeras) que padecieron la paralización del contrato que tenían suscrito con el centro sanitario, y que estudian solicitar una indemnización de alrededor de 1,5 millones de euros.

Así, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunitat, que tumba ahora la decisión unilateral del departamento autonómico de suprimir la citada unidad (como ha avanzado en exclusiva LAS PROVINCIAS) abre la puerta a que los afectados rindan cuentas con la conselleria y reclamen una compensación.

Por un lado, hasta que Sanidad decretó la suspensión del servicio de cirugía cardiaca de Manises, este hospital venía atendiendo a algo más de un centenar de pacientes al año (unos 120 los últimos ejercicios), por lo que de haberse mantenido abierta la unidad, en estos cuatro años y nueve meses que ha durado la lucha para retomar la actividad se habrían atendido a entre 470 y 520 enfermos, aproximadamente, pacientes que se han visto obligados a ser derivados a otros centros sanitarios, especialmente a La Fe.

Por tanto, estos afectados y sus familiares han tenido que desplazarse fuera de su departamento sanitario, con las consiguientes molestias que origina tener que recurrir a hospitales más alejados del domicilio habitual y frente a interés manifestado en repetidas ocasiones por la Administración autonómica de «acercar» los servicios sanitarios a los pacientes.

Además, la operación que tenían prescrita en la mayor parte de los casos se ha llevado a cabo (o incluso está pendiente) con más demora que si se hubiese hecho en Manises. En la actualidad, la espera media en la Comunitat (con datos de diciembre de 2022) asciende a 88 días (en el hospital La Fe, centro que ha asumido la mayor parte de los usuarios de cirugía cardiaca de Manises, se dispara hasta los 115 días), mientras que en Manises se queda en 45 días, prácticamente la mitad que la media regional y casi una tercera parte que la demora media de La Fe.

Asimismo, entre el 22 y el 25% de los pacientes que se operaban en la unidad de cirugía cardiaca del hospital de Manises eran enfermos que procedían de otras áreas de salud y que, en base a su derecho de libre elección de centro, escogían ese recinto para ser intervenidos. Buena parte de ellos eran testigos de Jehová, pacientes que, por sus creencias, rechazan las trasfusiones de sangre. Son muy pocos los hospitales que tienen desarrolladas técnicas quirúrgicas tan especializadas que permiten realizar intervenciones sin necesidad de realizar esas trasfusiones, y Manises era uno de ellos, por lo que se había convertido en el centro de referencia para este colectivo, que desde el cierre de la unidad no ha tenido más remedio que desplazarse hasta el hospital del Vinalopó, que también emplea estas técnicas y es de gestión indirecta.

Y por otro lado está el equipo de profesionales de Cirugía Cardiluna que componía la unidad de cirugía cardiaca del hospital Manises, y que se compone de siete médicos, entre cirujanos y anestesistas, y nueve enfermeras.

Tras el veto del servicio impuesto por la conselleria, el centro sanitario no tuvo más remedio que suspender temporalmente el contrato que tenía suscrito con este grupo a la espera que se resolviera el conflicto. En octubre de 2019, y tras agotar la vía administrativa, el hospital no tuvo más remedio que acudir a los tribunales porque no consideraba la decisión de Sanidad «conforme a derecho» y resultaba «lesivo para los derechos e intereses legítimos» del departamento de salud, como argumentaron en el recurso. La respuesta judicial a esa demanda llegó en junio de 2022, y como ha recogido LAS PROVINCIAS, declara «contraria a derecho» el dictamen de la conselleria y reconoce el derecho del hospital a obtener la autorización para volver a ampliar su oferta con esta importante unidad asistencial.

Ante esta situación, los servicios jurídicos de Cirugía Cardiluna están estudiando solicitar una indemnización por las intervenciones que han dejado de realizar entre 2018 y este ejercicio, compensación que calculan que podría alcanzar, e incluso superar, los 1,5 millones de euros, incluyendo los intereses. «Y además de la pérdida económica está el desgaste psicológico y moral que hemos sufrido peleando por una imposición que creíamos que era absolutamente injusta», puntualiza Daniel Luna, cirujano y responsable de la unidad.

De hecho, el propio Luna ha remitido un escrito a la gerencia del hospital de Manises en el que solicita el «reinicio inmediato» de la actividad de la unidad de cirugía cardiaca y la «reincorporación inmediata» de Cirugía Cardilluna al citado servicio, puesto que el grupo «está en su derecho de continuar cumpliendo el contrato que tenía desde 2011 con el hospital de Manises».

En la misiva, Luna expone también que en una reunión mantenida el pasado 1 de febrero con la dirección del centro «se nos comentó que probablemente se reabriría la unidad a través del servicio de cirugía cardiaca del hospital La Fe de Valencia, lo que desde nuestro punto de vista no es viable porque está muy clara la ley de incompatibilidades de la sanidad pública». El especialista, al respecto, recuerda que una enfermera de su equipo tuvo dejar de trabajar para ellos por orden directa de la conselleria al entender que había incompatibilidad al trabajar también en otro hospital público.

Por último, el responsable de Cirugía Cardiluna cuestiona también que, pese a que la sentencia es de junio de 2022, no ha tenido conocimiento del fallo, aunque es uno de los principales afectados, hasta febrero de este año (ocho meses después). Incluso ha podido contar con la resolución porque una tercera persona le alertó de su existencia y, tras ello, la solicitó a la dirección del hospital.

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