El viacrucis de los coches de la dana

Como en casi todo en esta catástrofe histórica, aparecen competencias entremezcladas de administraciones. Según fuentes de la Conselleria de Medio Ambiente, el Gobierno ha establecido que sean los ayuntamientos los entes gestores de la retirada de los vehículos afectados por la dana. «La Generalitat media con ellos para ponerles en contacto con los desguaces y así que desde los consistorios se establezcan prioridades». La pauta general es «retirar primero aquellos más cercanos a cascos urbanos e infraestructuras esenciales».

Parte de la complicada ruta viene detallada en la disposición adicional décima del Real Decreto-ley 8/2024 de 28 de noviembre del Gobierno por el que se adoptan medidas urgentes frente a los daños por la dana. Ahí no menciona específicamente que tengan que ser los ayuntamientos los que se encarguen de la retirada y traslado. Hay cierta ambigüedad. Según el texto legal, «las Administraciones Públicas, a través de los órganos, organismos y entidades en cada caso competentes, en función de la ubicación de los vehículos, procederán a la retirada y, si fuera necesario, al depósito de los que se encuentren en vías públicas, cauces, dominio público marítimo-terrestre, garajes y demás lugares de titularidad pública o privada».

Este depósito será, en cualquier caso, «temporal» y se establecen unas reglas y plazos. En primer lugar, los vehículos peritados por el Consorcio de Compensación de Seguros y declarados como pérdida total «serán trasladados de inmediato a un centro autorizado para el tratamiento de los vehículos al final de su vida útil». Son los CAT, en sus siglas técnicas, o desguaces, como se conoce a estas empresas de manera más general. Tal y como publicó LAS PROVINCIAS, según los talleres y peritos consultados, más del 95% de los 120.000 coches afectados por el lodo podrían haber quedado inutilizados. Es decir, presumiblemente seguirían esta vía.

La segunda posibilidad es que, tras la peritación, no haya pérdida total, sino cierto margen a la reparación. En tal caso, ahonda la norma estatal, «podrán ser retirados por quienes puedan acreditar su titularidad o por la aseguradora del vehículo en el plazo de dos meses desde la comunicación del peritaje» al propietario. Si transcurrido dicho plazo no hubieran sido retirados, tendrán la consideración de vehículos abandonados y se procederá a su traslado a un centro autorizado para su tratamiento.

Los vehículos afectados y no comprendidos en los supuestos anteriores también se considerarán abandonados. Y se procederá al traslado automático al desguace para su tratamiento si el dueño no los ha retirado antes del 28 de febrero del año próximo.

Una vez reciban los vehículos en sus instalaciones y hayan comprobado sus características, los desguaces deben realizar la tramitación electrónica de la baja y su tratamiento final, respetando, como en cualquier otro caso, el Real Decreto 265/2021 de 13 de abril que marca cómo hay actuar con los vehículos al final de su vida útil.

Inicialmente, muchos de los automóviles siniestrados fueron a parar a la cantera de Picassent, solución inicial planteada por la Generalitat para comenzar a despejar los solares de los pueblos de esa primera acumulación, a la espera de la norma estatal que llegó después. Pero el Gobierno no marca en su decreto nada respecto a que tenga que ser este espacio de Picassent el punto obligado y único de destino intermedio previo a la destrucción. Consecuencia: cada ayuntamiento hace lo que puede según sus posibilidades y buen entender.

Es lo que sucede, por ejemplo, en Picanya. En este pueblo de la zona cero «en la retirada de coches arrastrados han participado tanto grúas municipales como colaboradoras de otras regiones o vehículos del Ejército», explica el teniente alcalde Guillem Tortosa. Siempre uno por uno. Desde allí se han distribuido por siete espacios de la población. «Normalmente se iban dejando en el solar más cercano y, cuando se llenaba, al siguiente», describe.

A partir de ahí se ha confeccionado un listado con los datos esenciales del vehículo que se ha colgado en la página web de información a propietarios para que sepan dónde ha acabado su coche. El siguiente paso ha sido el peritaje en cada uno de estos espacios municipales.

Fue el 12 de diciembre, hace apenas una semana, cuando Picanya anunció que tres empresas de desguace están trasladando a sus zonas de custodia de los coches que en el primer triaje han sido declarados como «siniestro total», «dudoso» o «no siniestro total». Los desguaces, detallan, son los que establecen un acuerdo con los dueños y se comprometen a la retirada y gestión de la baja definitiva. Pero los dueños tienen la potestad para retirar sus vehículos de los espacios de los desguaces y trasladarlos a otros puntos si así les interesa o encuentran una oferta mejor.

¿A qué responde tanta lentitud? «Peritados están la mayoría», agrega Tortosa, «pero es que hablamos de miles de coches…». Su previsión es que, a partir de ahora, «va a ir todo mucho más rodado. Van a ir sacándolos y los solares municipales se van a ir vaciando», confía.

En el caso de Picanya los vehículos se han acumulado en siete zonas del pueblo. Y desde allí están siendo trasladados a los tres centros autorizados con los que trabaja el consistorio: Reciclajes Naldo, con sede en Llíria, Desguaces La Mañas, de Alaquàs, y Dasava Motor, en Paiporta. En su caso, la ruta de salida no pasa por la cantera de Picassent.

 

Pere Anrubia es el director técnico de la Asociación de Desguaces de la Comunitat Valenciana (ADECOVA). Preguntado por el colapso de los coches destrozados, expone: «Tenemos capacidad de almacenamiento en los desguaces, pero no ha habido una buena planificación logística para una retirada ágil». Y lamenta: «Ninguna administración se ha preocupado por establecer un criterio y facilitar los peritajes».

De nuevo, aparecen comodidades o inconvenientes según qué zonas y municipios. «En los trasladados de coches a la zona ZAL de Valencia, por ejemplo, no hay problema. Se pueden analizar bien. Pero hay otros depósitos provisionales de los pueblos donde los coches están amontonados uno encima del otro». Y, como es lógico, «eso retrasa mucho esta labor» previa al segundo traslado.

A su entender, «han faltado criterios y órdenes concretas que seguir» y eso ha derivado en una situación «bastante caótica». Los profesionales del desguace echan de menos «un planificación supramunicipal basada en criterios de riesgo y eficiencia». No comprenden que se haya dejado el costoso procedimiento de los vehículos arrastrados «en manos de ayuntamientos con un sinfín de problemas y cometidos» por culpa de los desbordamientos del 29 de octubre.

Son los consistorios afectados, detalla Anrubia, «los que están contactando con los desguaces para los traslados». Este segundo movimiento de coches al desguace se hace «uno a uno o con góndolas donde no caben más de seis, y eso si están muy aplastados». Segundo punto importante: algunas de las empresas de desguaces tienen grúas propias para llevarse los amasijos de la DANA pero otras no y ante la cantidad de coches que hay que mover se ven obligadas a «contratos para el traslado».

El experto en los centros de tratamiento cree que el proceso va seguir siendo muy lento hasta finales de febrero, fecha en la que la norma estatal ha marcado el límite para que todos los vehículos que sigan en los solares sin peritar o sin decisión del propietario sobre su coche se consideren abandonados y se puedan trasladar sin esperar a más gestiones.

¿Qué sucederá después con los vehículos arrasados por la dana? Lo mismo que ocurre con cualquier otro cuando acaba en el desguace. Primero, una descontaminación para la extracción de líquidos como los de frenos, anticongelantes, aceites o combustibles.

En segundo lugar, un desmontaje con la retirada de todas las piezas que puedan ser comercializadas en el mercado del recambio o aportadas a otras empresas de tratamiento especializado: motor, puertas, retrovisores, plásticos, vidrios... Por último, el achatarramiento de la carrocería. Es el llamado 'chapajo', que suele acabar fundido y reutilizado en las empresas de metalurgia.