Víctimas del terrorismo reclaman que no prescriban los asesinatos de 23 valencianos

El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite), presidido por Consuelo Ordóñez, ha anunciado que realizará un estudio individualizado sobre los casi 400 asesinatos sin resolver perpetrados por ETA y otros grupos terroristas, que incluirá hasta 23 muertes de valencianos en la Comunitat o fuera de ella, después de que el Parlamento Europeo diera luz verde a un informe para evitar que estos delitos prescriban.

La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo también recomienda que los beneficios penitenciarios que se otorguen a los terroristas condenados estén vinculados a su colaboración con la Justicia para esclarecer atentados no resueltos, lo que sería una muestra clara de su arrepentimiento.

El informe contó con un apoyo mayoritario y fue aprobado de forma definitiva con el voto a favor de los grandes grupos europeos, incluyendo el socialista, aunque la presidenta de Covite ha mostrado su decepción y sorpresa.

«Creíamos que venían a averiguar qué había pasado en España para que hubiera unas cifras de impunidad tan elevadas con los crímenes de ETA, y cuando hemos visto el texto definitivo nos hemos dado cuenta de que han tratado de forma prioritaria otros temas que no estaban en la agenda», asegura Ordóñez. «Al final lo que se ha hecho es diluir en ese 'totum revolutum' el que se suponía que era el único objetivo de esta comisión», añade la presidenta de Covite.

El documento es el resultado de la misión que viajó en noviembre a Vitoria y Madrid para reunirse con familiares de víctimas de ETA, fuerzas de seguridad, fiscales y juristas, con el objetivo de aportar algo de luz a los casos que, diez años después del fin de la violencia, aún siguen abiertos.

Covite había pedido al Parlamento Europeo que constituyera una comisión de juristas para que realizase un informe minucioso de cada uno de los sumarios de las víctimas de ETA cuyo caso está todavía sin resolver, es decir que no han tenido ninguna sentencia judicial.

«Pensábamos que lo podrían hacer porque disponen de los medios y de los recursos para ello, pero no lo van a hacer. Así que lo va a hacer Covite», asegura Ordóñez. La mayoría de los grupos políticos votaron a favor de mantener en el texto final la exigencia de que las instituciones competentes «agoten las posibilidades interpretativas del Derecho Penal, incluido el posible reconocimiento de los crímenes terroristas de ETA como crímenes contra la humanidad, incluso antes de 2004». Esto significaría que los delitos no prescriban ni estén sujetos a amnistía.

El PSOE planteó una enmienda, que finalmente decayó, en la que pedía eliminar este punto, al entender que la normativa nacional actual no permite considerar de lesa humanidad los delitos previos a 2004, ya que han prescrito.

«Vamos a averiguar las razones concretas por las cuales no se ha resuelto cada caso. Las víctimas tienen derecho a saber cómo se ha realizado la investigación judicial y policial de su crimen, si ha habido negligencias o si se ha hecho todo lo posible por esclarecer su crimen y no se ha podido», afirma Ordóñez, quien agrega que «esta es la única forma de saber por qué hay tanta impunidad».

Para Francisco Zaragoza, presidente de la Asociación de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado Víctimas del Terrorismo (ACFSEVT), «en estos últimos años se han publicado, derogado y modificado leyes que han beneficiado más a los terroristas que a sus víctimas».

Zaragoza considera que el informe del Parlamento Europeo supone «falsas esperanzas para las víctimas mientras no se modifique el régimen legislativo actual», aunque elogia a los políticos europeos por pedir al Gobierno de España que rectifique su gestión con los presos de ETA.

«Ningún partido político de los que han gobernado España ha considerado oportuno revisar esas leyes y han preferido que vayan prescribiendo los crímenes antes que averiguar sus autores», afirma Zaragoza con gran indignación.

De 31 muertes de valencianos en la Comunitat o fuera de ella a manos de ETA, 23 siguen aún sin cerrar por completo, tal y como se desprende del llamado 'Mapa del terror', un estudio realizado por Covite. La fría estadística tiene nombres y apellidos. Por ejemplo, Juan Antonio Pérez Herrero, un valenciano de 31 años que murió en 1990 por la explosión de una bomba en el despacho de analistas financieros donde trabajaba. Jamás se supo quién lo mató.

O el caso de Josefina Corresa, asesinada en el atentado contra El Corte Inglés de Pintor Sorolla. El crimen fue perpetrado por ETA en 1995, pero más de un cuarto de siglo después Covite recuerda que ni se identificó a los autores intelectuales ni tampoco a los delincuentes materiales.

En 2015, la etarra Iratxe Sorzábal fue detenida y las investigaciones policiales apuntaban a que podría haber participado en el atentado, pero no ha sido juzgada por estos hechos. La Audiencia Nacional condenó a Sorzábal a 24 años y 6 meses de cárcel por dos atentados cometidos en Gijón en noviembre de 1996.

El 16 de septiembre de 1991, el gruista Francisco Cebrián y los policías locales José Luis Jiménez Vargas y Víctor Manuel Puertas Viera murieron en otro atentado de ETA con un coche bomba en Mutxamel. Nadie fue juzgado por este triple crimen.

Otro crimen sin esclarecer se cobró la vida de Antonio Castelló, un vigilante jurado asesinado en 1979 se supone que por el GRAPO, cuya mano criminal se intuye detrás de otro atentado mortal también sin culpable identificado: el de Pedro Gabarri, registrado en Castellón en 1982.

El asesinato del profesor Manuel Broseta Pont es otro de los casos que continúa sin resolver, aunque los exdirigentes etarras Francisco Mújica Garmendia, José Luis Álvarez Santacristina y José Luis Urrusolo Sistiaga fueron condenados en 2003 como inductores del crimen. La Audiencia Nacional impuso sendas penas de 30 años de cárcel a los dos primeros y otra de 28 años de prisión a Urrusolo, y también los condenó a indemnizar con 800.000 euros a los herederos de la víctima.

La dirección de ETA dio instrucciones a dos terroristas para asesinar al profesor alicantino al considerarlo un objetivo primordial por su gran relevancia política y social. ¿Pero quién apretó el gatillo? ¿Quién disparó por la espalda con alevosía al profesor? Tras una ardua investigación, la Policía identificó a los presuntos autores del atentado, Juan Jesús Narváez Goñi y a su pareja, Itziar Alberdi Uranga, que fueron detenidos en México en 2014 después de permanecer 22 años huidos. Ambos escaparon tras la desarticulación del comando Ekaitz, al que la Policía atribuye 18 asesinatos en un solo año.

Sin embargo, la Audiencia Nacional los absolvió por falta de pruebas al considerar que no existen elementos incriminatorios suficientes para acreditar su participación en el crimen. La Policía Nacional encontró huellas de Narváez y Alberdi en un piso de la calle Puebla de Farnals en Valencia, donde los asesinos planificaron el atentado, pero el tribunal dictaminó que carecían de valor probatorio al no haber sido halladas en objetos «directamente relacionados con el asesinato».

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