Estas son las zonas con riesgo de inundación en Valencia

Para contestar todas estas preguntas hay que dirigir la mirada hacia la normativa vigente, que no es poca. De ámbito nacional están el Real Decreto 638/2016 por el que se modifica el Reglamento del Dominio Público Hidráulico de 1986; el Reglamento de Planificación Hidrológica, aprobado por el Real Decreto 907/2007 y otros reglamentos en materia de gestión de riesgos de inundación, caudales ecológicos, reservas hidrológicas y vertidos de aguas residuales y una largo etcétera. Y además de esta legislación, tenemos la promulgada por la Generalitat.

La primera referencia de legislación valenciana en esta materia es una Cartografía de Riesgo aprobada en 1999, que estuvo en vigor hasta 2003. El 28 de enero de ese año, se aprobó el Plan de Acción Territorial sobre Prevención del Riesgo de Inundación de la Comunitat Valenciana, conocido como PATRICOVA, y que fue revisado en 2015. El objetivo de esta normativa es actuar sobre el riesgo de inundación a escala regional en la Comunitat. ¿Ubica las zonas en las que es peligroso edificar? La respuesta es que sí.

En la cartografía adjunta del PATRICOVA, que es pública y puede consultarse en el visor del Instituto Cartográfico de la Comunitat, se establecen siete niveles de peligrosidad que se dividen según su origen sea hidrológico-hidráulico o geomorfológico; es decir, las diferentes características del territorio que actúan como un indicador de la presencia de inundaciones pasadas cuyos procesos pueden ocurrir en el futuro con distintas frecuencias y magnitudes, como ha sido el caso.

Esta gradación se proyectó sobre el territorio y a la vista de la pasada DANA se puede concluir que acertaron. Vaya si acertaron. Esta es la comparativa de las zonas marcadas como riesgo de inundación del PATRICOVA y las zonas que se vieron afectadas por las inundaciones del martes, 29 de octubre.

Entonces cabe preguntarse, ¿qué hacían y hacen ahí todas esas construcciones? Antes de responder esta lícita pregunta hay que tener en cuenta que los objetivos del PATRICOVA, enumerados en la propia normativa, son:

Y su obligatoriedad es para: «Los particulares, al igual que la Administración, están obligados al cumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente Plan de Acción Territorial», según la misma norma.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que el PATRICOVA no prohíbe construir en zonas de riesgo de inundación si no que pone limitaciones y en algunos casos obliga a que dichas construcciones cumplan ciertos requisitos. Estas cortapisas tienen en cuenta el riesgo de inundación y también su vulnerabilidad. Esta última es una variable que cuantifica los daños producidos por una inundación y tiene en cuenta los directos (afectación directa sobre infraestructuras y propiedades), los indirectos (derivados del control de la avenida, evacuaciones y suministros de emergencia) y los daños intangibles entre los que se considera la población total del término municipal, el peso de los sectores productivos, el valor y composición del parque de viviendas, la densidad de la población, etc.

Atendiendo a la peligrosidad y a la vulnerabilidad se establecen limitaciones de las actividades a construir. Así, se puede o no edificar en:

«El PATRICOVA está muy bien. Es una herramienta muy útil. El problema que tenemos en la Comunitat Valenciana es que los planes municipales que ordenan los términos son muy antiguos, en general, pero siguen vigentes», explica, María Jesús Romero Aloy, experta en Derecho Urbanístico y Planificación Urbana del departamento de Urbanismo UPV. «La mayoría de planes urbanísticos son de finales de los 80 y 90 y esta normativa se aprobó en 2003 y no se aplica de manera retroactiva. De modo que todos esos planes son los que han permitido edificar en zonas que son inundables.»

Es decir, toda edificación nueva que se ha ejecutado después de principios de siglo sí tiene que contemplar esta normativa de peligrosidad pero no todo lo que se construyó anteriormente. «Estamos hablando de una petrificación del planeamiento. Los planes que se consultan para construir son muy antiguos y no se revisan porque revisar un plan general puede dilatarse hasta quince años. Así que tenemos un planeamiento muy estancado», asevera la doctora Romero.

Efectivamente, el 77% de los planteamientos urbanísticos, declaraciones de suelo o normas subsidiarias de los municipios afectados por la DANA se aprobaron antes de 2003. Sólo en una quincena de ellos se contemplan pues las indicaciones del PATRICOVA, según el registro de la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio.

La experta en Derecho Urbanístico y Planificación Urbana, María Jesús Romero es contundente: «Que se establezca una norma por la que se exija la adaptación al PATRICOVA por esos planes anteriores. Pero sin tener que pasar por la revisión del planeamiento para que no se eternice el proceso. De este modo, se podría garantizar la seguridad de las personas y de los bienes en caso de inundaciones».

El problema de adaptar los proyectos urbanísticos es ingente pero sin duda garantizaría un nivel de protección superior de cara a próximos eventos. De hecho, Félix Ramón Francés, que participó en la redacción del PATRICOVA recalca «hasta 2020 se habían analizado 270.000 hectáreas con posibilidad de ser inundables (el 12 % de la superficie de la región), de las que se encontró que 15.000 hectáreas realmente sí lo eran. En la mitad de esta superficie se rechazaron construcciones y en la otra mitad se admitieron pero con medidas de adaptación. El resultado es que se ha evitado un incremento del riesgo futuro, debido a una mala planificación, de aproximadamente 50 millones de euros al año». El catedrático en ingeniería Hidráulica de la UPV e investigador del Instituto Universitario de Ingeniería del Agua y Medioambiente es contundente: «Se puede decir que la aplicación del PATRICOVA ha sido un éxito».

Otra posible medida que sin duda sería de ayuda sería la unificación del marco normativo. «En este momento hay una importante dispersión de competencias entre administraciones. Hay muchísimas peticiones de ayuntamientos para que se ejecuten obras acordes con el plan territorial de inundaciones, como medidas correctoras, y también hay muchas llamadas para que se ejecuten limpiezas de barrancos», explica la experta en derecho urbanístico y planificación urbana, María Jesús Romero. Y es que existen proyectos de obras hidráulicas, algunas muy importantes, que están aprobados pero no se han realizado. Ahí entramos en ese conflicto de competencias entre los ayuntamientos, que buenamente hacen hasta dónde pueden, la Administración autonómica y, sobre todo en el caso de la limpieza de cauces, los organismos estatales». Todo un galimatías burocrático que se traduce en obras sin ejecutar que lastran la seguridad de los valencianos.

Otra de las preguntas planteadas al inicio de este reportaje que surgen de ver las imágenes de esas casas construidas junto a un barranco es la de si hay viviendas ejecutadas ilegalmente. ¿Estaba todo construido según la legalidad vigente?

Históricamente los núcleos humanos se han edificado en zonas defensivas altas o en los valles por donde pasan ríos. «Son municipios que han ido creciendo y que quizás a veces sí que han crecido incorrectamente, pero no tanto por incumplir la normativa, sino porque que no existía normativa», explica la doctora Romero. «Hay que llegar a un equilibrio con esas medidas porque no podemos fulminar estos pueblos que se han inundado, no se pueden hacer desaparecer del mapa. Lo que sí cabría hacer es valorar si hay que volver a construir en aquellas zonas que han quedado desoladas, no se puedan recuperar y que además están en zonas con muy alto riesgo de inundación.»

Mover barrios enteros es una medida radical pero no es nueva ni lejana, ni en tiempo ni en espacio. El ejemplo es Ontinyent, cuyo consistorio decidió en 2022 demoler las viviendas del barrio de la Canterería para desarrollar un nuevo parque fluvial. Se trataba de una zona edificada en el lecho del río Clariano que sufría inundaciones periódicamente. Las de la DANA de septiembre de 2019 y la borrasca Gloria de enero de 2020 obligaron a evacuar a los vecinos que vieron cómo el agua volvía a tomar sus casas. En este caso, fueron indemnizados y se les dio una solución habitacional.

«Algo similar habría que hacer con las urbanizaciones ilegales que han proliferado en la cuenca baja del Turia», desgrana María Jesús Romero. «Se han ido creando pequeñitos núcleos de población con la permisibilidad de los ayuntamientos que no han querido ejecutar órdenes de demolición que algunos casos incluso se habían dictado. Estas urbanizaciones están en los lechos de los ríos, de los cauces y actúan, como la vegetación, a modo de presa. Quizás los ayuntamientos tendrían que plantearse expropiar y trasladar a los vecinos».

Todas estas soluciones podrían ayudar a reducir el riesgo de inundación pero no olvidemos que la Comunitat es el territorio con más peligro en España. Esto significa que habrá más, en ningún caso es posible la eliminación total de estos episodios. De lo que se trata es de que afecten lo menos posible y para ello las administraciones tienen que arremangarse y ponerse a trabajar juntas.