Castelló de Rugat y Albaida reaccionan ante la avalancha de proyectos de plantas fotovoltaicas

Dos de los ayuntamientos de la Vall d'Albaida, Castelló de Rugat y Albaida, donde más proyectos de plantas fotovoltaicas están en información pública, han reaccionado exigiendo que sean escuchados por parte de la Generalitat a la hora de decidir la ubicación de los mismos.

Así, el pleno del Ayuntamiento de Castelló de Rugat aprobó la moción presentada por la Plataforma en Defensa del Territorio de la Vall d'Albaida, instando que en la tramitación de estos proyectos los ayuntamientos puedan tener voz. En concerto se pide a la Generalitat la derogación del artículo 9, apartados 1, 2 y 3 del Decreto Ley 14/2020 y la parte del artículo 19, en tanto que considera que el suelo no urbanizable protegido de los municipios es compatible con instalaciones fotovoltaicas.

Castelló de Rugat se une así a la lista de los municipios que lo han aprobado como Moixent, Montesa o Barxeta, en la comarca de La Costera.

"No se trata de tener más competencias, pero nos encontramos desvalidos porque los ayuntamientos nos enteramos de los proyectos cuando ya se están tramitando y nuestros informes no son vinculantes", explica el alcalde, Antonio Esquinas.

El alcalde explica que en agosto se realizó en el municipio una encuesta ciudadana para pulsar la opinión de la ciudadanía respecto a la implantación de esta plantas, mayoritariamente (cerca del 65%) dijo que sí estaba de acuerdo, si bien, siempre que se proteja el paisaje y el medio ambiente.

Esquinas asegura que la postura del Ayuntamiento desde un principio no ha sido a favor ni en contra, pero que se han presentado alegaciones al primer proyecto en tramitación y facilitado a la ciudadanía que presenten las que consideraran oportunas.

Parece ser que que este primer proyecto, impulsado por IM2 con potencia para 28, 5 megavatios, está teniendo informes negativos por parte de varias direcciones generales. El segundo de los proyectos, aunque no contempla líneas aéreas de evacuación (serían subterráneas) parece ser que afecta a yacimientos arqueológicos. Y el tercero, que según el alcalde ha pedido compatibilidad urbanística, sólo afecta a una parcela y parece ser que es una instalación para autoabastecimiento.

Por su parte, el alcalde de Albaida, Alejandro Quilis, en el acto celebrado en la localidad para abordar este asunto y el modelo energético, se comprometió a instar a que se cumpla el requisito de la aplicación estricta de que solo se ocupe el 3% del término municipal con este tipo de proyectos.

Así mismo, aseguró que "la maquinaria técnica" se pondría a trabajar para solicitar la moratoria urbanística de un año, para poder modificar el planeamiento urbanístico, recogida en el Decreto 1/2022 de la Generalitat valenciana.

En este sentido, aseguró que se trabajaría junto con la ciudadanía en diseñar el modelo de transición energética "necesario para frenar el cambio climático" y que se replantearían todas las alternativas viables "antes de afectar al territorio del modo que se plantea con las macroplantas solares que hay ahora sobre la mesa", a fin de que se tenga presente la deriva social y "los beneficios puedan sentirse por las familias que más lo necesitan".

Por su parte, la Plataforma en Defensa del Territorio de la Vall d'Albaida, se muestra satisfecha con lo que considera "cambio de postura" de ambos consistorio y asegura que seguirán trabajando por dar visibilidad e informar sobre este asunto al vecindario de la comarca.

Aseguran que ya se está gestando un movimiento de oposición vecinal e institucional en los pueblos de Benissoda y Agullent y para el día 4 de diciembre se ha organizado un desayuno informativo en el área recreativa de la Fuente del Olivo donde se compartirán los datos disponibles sobre la macroplantas proyectadas en ambos términos municipales.

Por otra parte, en la Canal de Navarrés hay proyectada una nueva planta entre los términos de Chella y Anna, PS Navarrés, promovida por una empresa de Pontevedra. La capacidad en este caso sería de 5 megavatios y ocuparía 116 parcelas, más de 89.000 metros cuadrado entre ambos términos.

Según la relación de terrenos afectados, la mayoría serían cultivos de regadío.

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