Ontinyent podría rescindir el contrato a una empresa encargada de las actividades en los centros cívicos por impagos a sus trabajadores

«Si hay algún incumplimiento por parte de la empresa en los pagos a los trabajadores o alguna irregularidad grave, podremos actuar ante la empresa y plantear incluso la rescisión del contrato, que expira el 31 de mayo de 2023». Así se manifestaba la concejala de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Ontinyent, Paula Soler, ante el conflicto surgido entre la empresa adjudicataria de las actividades que se prestan en los centros cívicos de la ciudad y los trabajadores.

Entre los incumplimientos que denuncian los trabajadores están impagos de nóminas y descontrol en los servicios que se prestan a los usuarios. Es por ello que han iniciado una huelga 'de brazos caídos' como medida de presión.

Ante esta situación, el Ayuntamiento está intermediando para la resolución del conflicto. Representantes municipales se reunieron con la coordinadora de los monitores para exponerles, en primer lugar, que el Ayuntamiento está cumpliendo con los pagos a la empresa y que por tanto ésta debe de cumplir con lo establecido en el convenio firmado para el servicio.

Además, le transmitieron que para poder tomar las medidas oportunas, es necesario seguir unos pasos legales y lo primero es que el personal comunique formalmente el problema que tienen.

Con esa información y tras la revisión que se está llevando a cabo del pliego de condiciones, el Ayuntamiento "buscará la vía legal adecuada". La concejala advertía que "no es un camino fácil, la administración no funciona como las empresas y una rescisión de un contrato en una empresa adjudicataria debe tener las justificaciones y certificaciones que avalan esa rescisión”.

Desde el Partido Popular de Ontinyent exigen que el Ayuntamiento tome de una vez cartas en el asunto y ofrezca una mediación que zanje el problema. En palabras del concejal Paco Penadés "no entendemos como ha actuado con esta dejadez, porque al final estamos hablando de derechos laborales y aunque la empresa que ha contratado a los monitores no es municipal, sí responde a una contratación pública".

" Si es verdad que, como dicen los monitores, el Ayuntamiento era conocedor del tema desde hace un año no entendemos como no han actuado . Ni los monitores lo merecen ni los usuarios de los centros cívicos tampoco", indican los populares quien apoya la recogida de firmas que han iniciado los trabajadores.

"Esperamos que la presión ejercida por la oposición sirva para mejorar la situación laboral de los monitores y el servicio a los usuarios. Es de pena que el gobierno local diga que la oposición está creando alarma social cuando lo que tendrían que haber hecho como gobierno es ponerse manos a la obra desde el primer momento en el que fueron conocedores de estas injusticias", lamentan los populares

• Temas
• Ontinyent
• 8M (Huelga feminista)