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N. Van Looy
Benidorm
Lunes, 10 de octubre 2022, 14:34
La nueva sentencia contra el Ayuntamiento de Benidorm conocida este lunes y que condena al Consistorio, tras una denuncia presentada por el Sindicato Profesional de Policías y Bomberos (Spplb), a subsanar un error en la aplicación de la Valoración de Puestos de Trabajo (VPT) a un trabajador del área de Turismo es, según ha denunciado Ciudadanos, la trigésimo quinta que acumula la ciudad con un coste total cercano a los 700.000 euros.
El portavoz del partido naranja en Benidorm, Juan Balastegui, ha advertido que “desde octubre de 2019 hasta ahora, el ayuntamiento de Benidorm ha sido condenado a pagar hasta 680.000 euros a 35 trabajadores municipales por haberles encargado tareas ajenas a su puesto de trabajo”.
Balastegui ha subrayado, en ese mismo sentido, que “la mayoría de sentencias son de las áreas de Movilidad, Escena Urbana y Personal, a cuyos trabajadores ha habido que pagar también intereses de demora”.
Para el portavoz municipal de Ciudadanos, esta cifra “es un reflejo claro de la desastrosa gestión que está realizando el gobierno de Toni Pérez en el área de Personal, sin importarle el coste que ello está suponiendo para Benidorm en gasto económico y en merma de los servicios públicos”.
Balastegui ha recordado que su grupo lleva desde el inicio de la legislatura reprochando al PP “su nula capacidad en la gestión del personal municipal”. En opinión de Ciudadanos, los responsables municipales “están obligando a los funcionarios a denunciar al Ayuntamiento, que pierde todos los juicios, porque el gobierno del rodillo prefiere encomendar a determinados funcionarios el doble de tareas antes que sacar a concurso público las plazas que han quedado vacantes por jubilaciones o defunciones”.
Según los datos que ha hecho públicos este lunes Juan Balastegui, “sólo este año la cuantía de sentencias ganadas por funcionarios asciende a 313.533 euros”. Además, el portavoz de Ciudadanos ha añadido que por esas mismas sentencias “el Ayuntamiento ha pagado 16.000 euros en intereses”.
Abundando en el ámbito de los gastos derivados de estas denuncias y sentencias, Balastegui añadía que a lo anteriormente expuesto hay que añadir “los gastos en procuradores y las bonificaciones extraordinarias por horas extras, que encargan a determinados trabajadores de manera reiterada”.
El máximo responsable del partido naranja, explicaba, así mismo, que son esas “unas tareas que los trabajadores a veces tardan hasta dos años en cobrar, como hemos visto en la junta de gobierno de hoy, aprobando abonar a una persona de Urbanismo los trabajos realizados de agosto a diciembre de 2021”.
Balastegui ha advertido que “estos datos podrían ser sólo la punta del iceberg, puesto que el gobierno local se niega a darnos información sobre los procedimientos judiciales que hay en marcha, ni si sacará a concurso público las plazas que han quedado libres, cuestiones reclamadas en comisiones y por Registro desde 2021”.
Por otra parte, Balastegui ha criticado que “lo peor de estos gastos extraordinarios por sentencias y gratificaciones es que no suponen un mejor servicio, sino todo lo contrario” y ha denunciado que “la falta de personal está mermando los servicios públicos”.
Según las palabras del portavoz de Ciudadanos, “a diario escuchamos quejas de vecinos que no encuentran a nadie atendiendo en determinadas áreas, desesperados por estar cerradas las citas previas, o incluso de los propios trabajadores municipales diciendo que ya no pueden más” y ha considerado que “el PP intenta suplir con talleres de empleo y contrataciones externas el personal que falta, pero no funciona”.
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