Los trabajadores de los centros cívicos de Ontinyent, en huelga de brazos caídos por impagos e irregularidades en sus nóminas

Los seis monitores y monitoras encargadas de las actividades de los cuatro centros cívicos de Ontinyent se sienten desamparados. No cobran la nómina de septiembre y octubre y también se les debe el finiquito tras el despido de julio, además de otras irregularidades laborales, por parte de la empresa para la que trabajan, la adjudicataria del servicio municipal. Es por ello que están en huelga de brazos caídos. Asisten a los centros pero no trabajan.

Tras la reunión mantenida el lunes con la concejala de Servicios Sociales y participar este jueves en la reunión con los usuarios convocada por el Ayuntamiento, se sienten aún más decepcionados. "Es una burla que ahora venga el Ayuntamiento diciendo que mirará el convenio a ver si hay incumplimiento y que tenemos que presentar formalmente las quejas, cuando las hemos trasladado en numerosas ocasiones. Se nos está dando la espalda", asegura Amparo Calabuig, coordinadora y portavoz de los trabajadores.

Por otro lado está la empresa, de la que no saben nada. "Nadie se pone en contacto con nosotros ni nos contestan. Según nos han dicho están de baja por enfermedad", indica. De hecho, este periódico ha intentado contactar con esta empresa para incluir su versión sin éxito.

Calabuig explica que todo empieza en 2021 cuando el Ayuntamiento licita el servicio y lo adjudica a una nueva empresa. "Llevo trabajando como fija discontinua desde hace 15 años. Nos contrata una empresa que no conocemos que no subroga, en principio, con las mismas condiciones que siempre hemos tenido".

Los problemas comienzan a surgir con la llegada de las primeras nóminas. "Los ingresos nos llegaban fuera del plazo establecido y las nóminas con irregularidades porque nos habían bajado la base de cotización y a cada monitor nos pagaban la hora a un precio distinto. Luego se sumó que no había un calendario laboral ni ninguna persona encargada de coordinar y hacer un seguimiento del servicio", señala.

Se lo hacen saber al Ayuntamiento, tanto al técnico de Servicios Sociales, como a la propia concejala a través de correos electrónicos. Ésta, se reúne en noviembre de 2021 con la empresa para trasmitirle las quejas de los trabajadores, tras la cual la empresa les convoca una reunión. Allí se compromete a solucionar todo lo expuesto no ya sólo el tema de las nóminas, sino también establecer un calendario laboral y nombrar un coordinador que visitara los centros una vez al mes, como ocurría con la anterior empresa para la que trabajaron.

No fue así, asegura, "vamos cobrando a trancas y barrancas hasta que Navidad nos damos cuenta que no nos han dado de baja para vacaciones y no sabíamos si esas horas teníamos o no que devolverlas o en qué situación estábamos".

En mayo, en una visita al centro San Rafael del alcalde, Jorge Rodríguez, Amparo le transmite públicamente que la situación no ha cambiado. La citan para ese mes y se les asegura que lo van a solucionar. Tras insistir, la contestación, a través de la nueva técnica de Servicios Sociales es que son ellos quienes tienen que solucionarlo con la empresa.

El problema se agrava a la vuelta de vacaciones este septiembre. Una monitoria, dada la situación, renuncia al puesto. El resto se tienen que redistribuir las horas, según la empresa, sin elaborar un calendario que impida que un monitor tenga varias clases a la vez. De nuevo Amparo se dirige a alcaldía para informarle de los incumplimientos de la empresa, porque además los afectados son los usuarios.

Hay una reunión entre Ayuntamiento y empresa y se decide que Amparo sea la coordinadora y se encargue del reparto de horas. "Las dos partes contentas porque los programas arrancaron sin problemas, pero nosotros no cobramos" y ante lo que consideran inacción, deciden ponerse en huelga y dar públicamente a conocer su problema.

El Consistorio ontinyentí, a través de la concejala de Servicios Sociales, informó este miércoles que iba a intermediar en el conflicto, que estudiaría el convenio y que si hay algún incumplimiento por parte de la empresa se actuaría y se plantearía incluso la rescisión del contrato que expira en mayo de 2023.

Los trabajadores cuentan con el apoyo de los usuarios, más de un millar. "Les dijimos lo que íbamos a hacer, que acudiéramos a las clases pero que no las impartiríamos, y aún así, ellos siguen viniendo en muestra de apoyo", indica Amparo. De hecho, en la reunión de este jueves, asegura que han sido ellos los que han trasladado a los representantes municipales que es su responsabilidad solucionar este problema.

"Nos sabe mal por ellos, porque al final también se ven afectados, pero es lo único que podemos hacer porque la empresa parece ser que ha desaparecido", subraya, es más, han podido saber que la cantidad que le paga el Ayuntamiento va directamente a deudas que la empresa tiene con otras administraciones.

Los monitores ofrecen a estas personas, principalmente mayores, clases de pilates, memoria, yoga, gimnasia de mantenimiento o patchwork.

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