Antifraude detecta «gastos sin contrato en vigor» en el Palau de la Música

En concreto, el órgano de control se hace eco del reconocimiento extrajudicial de crédito para un total de 23 obligaciones por importe global de 57.668,43 euros correspondientes a «una diversidad de gastos de ejercicios cerrados sin contrato en vigor». Dichas obligaciones, precisa, «se han contraído prescindiendo total y absolutamente del procedimiento totalmente establecido».

De la misma forma, la resolución publicada por la agencia, recoge la aprobación de otro reconocimiento extrajudicial de crédito para un total de 8 obligaciones que suman una cantidad bruta de 49.323,70 euros.

La investigación de Antifraude parte de una denuncia sobre supuestas conductas contrarias a las normas que rigen la contratación administrativa, en particular a varias facturas «sin autorización del gasto y con observaciones de secretaría e intervención». Con posterioridad, se procedió a ampliar la información contenida en la denuncia inicial a otro expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos.

Tras la petición de la agencia de información acerca de facturas correspondientes a gastos de 2021 y recibidas en el ejercicio de 2022, se localizaron informes sobre gastos relativos a menús de comidas y cafetería pero no se encontraron memorias justificativas que cumplan los requisitos establecidos del resto de gastos incluidos en el expediente. Sí consta acuerdo del consejo de Administración del Palau de 22 de julio de 2022 aprobando el reconocimiento extrajudicial de crédito para un total de 23 obligaciones por más de 57.668 euros.

No obstante lo anterior, se informa que «por el técnico competente, funcionario o autoridad responsable del encargo se ha dado la conformidad a las prestaciones facturadas, extendiéndose dicha conformidad a la correcta realización de la prestación, a los precios y demás factores tenidos en cuenta en el documento cobratorio.»

Durante el trámite de audiencia, el Palau alegó que la no aportación de memoria justificativa del resto se debió a error en la aportación de documentación, subsanándose en esta fase de alegaciones, si bien se acredita que los gastos debieron ser planificados y adjudicados conforme a la legislación de contratos y previamente autorizados conforme a la legislación presupuestaria. Antifraude acepta dicha alegación y la incorpora a las conclusiones de su investigación.

Igualmente, se analizó otro gasto del que se localizó memoria justificativa de mayo de 2022 informando de que, en un principio, en febrero la entonces presidenta del Palau dictó una resolución por la que se aprobaron pliegos y se decidió la apertura de contratación mediante procedimiento abierto simplificado del servicio de agencia de viajes con ocasión de un viaje de la Orquesta de València a París.

Sin embargo, la Mesa de Contratación del Palau constató la imposibilidad de ejecución en plazo «dada la magnitud del viaje programado y la fecha de celebración del mismo», por lo que el 18 de febrero se anularon de la plataforma de contratación del sector público de los pliegos correspondientes a dicha licitación, procediendo a su rectificación extrayendo de la licitación la referida salida de la Orquesta de València. Por lo expuesto se realizó dicha contratación de manera directa.

También consta acuerdo, de fecha 14 de julio de 2022, aprobando el reconocimiento extrajudicial de crédito para un total de 8 obligaciones que suman un total bruto de 49.323,70€. La resolución de la AVAF deja constancia de la localización de la memoria justificativa sobre el gasto, pero señala que las obligaciones se han contraído «prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido».

Antifraude realiza una serie de recomendaciones, La primera de ellas es que «se apliquen las instrucciones internas dictadas por el Ayuntamiento de València, o se adapten, que garanticen el cumplimiento de la normativa de contratación pública». «Y de manera específica en la tramitación de los contratos menores, para que se incluyan en los expedientes los informes exigidos por el artículo 118 de la LCSP, y de manera concreta el informe del órgano de contratación justificando de manera motivada la necesidad del contrato y que no se está alterando su objeto con el fin de evitar la aplicación de los umbrales descritos en el apartado anterior. Así como que se respete la normativa municipal dictada en la tramitación de la aprobación del gasto, procediéndose a la autorización y disposición del mismo, así como la incorporación al mismo de la factura correspondiente, que deberá reunir los requisitos que las normas de desarrollo de esta Ley establezcan», según el escrito al que ha accedido LAS PROVINCIAS.

La oficina insta al Palau a «planificar sus necesidades de contratación (...) para evitar la prestación de servicios y entrega de bienes o suministros incumpliendo la normativa contractual, o al menos minimizar dicho riesgo».

Por último, apunta que «deberá valorar la apertura de expedientes reservados y/o disciplinarios y/o de exigencias de las responsabilidades que sean procedentes a las autoridades y personal responsables de la gestión y contracción de obligaciones económicas con respecto a la entidad pública en la que prestan sus servicios, obviando la tramitación de los procedimientos legal y/o reglamentariamente exigibles para llevar a cabo dicha contracción de obligaciones económicas».