El (des)crédito cultural de Valencia

Una política cultural definida permite, además de marcar un recorrido y una meta, unificar criterios a la hora de gestionar instituciones artísticas dependientes de la misma administración. De la Conselleria de Cultura depende el IVAM y el Consorcio de Museos de la Comunitat Valenciana (CMCV). El primero tiene un presupuesto de más de 14 millones y el segundo, la mitad (6,8 millones). El modelo de gestión del centro de Guillén de Castro es una gerencia y una dirección artística -vacante desde febrero de 2024-. La fórmula del CMCV está sometida a un nuevo cambio, algo que ni es bueno ni malo en sí mismo, pero desliza la volatibilidad de la estructura y, como consecuencia, la flaqueza ante el gobierno de turno (sea el signo político que sea). Por imperativo de Hacienda, el departamento de José Antonio Rovira descarta la dirección artística para el Consorcio de Museos, del que depende el Centro del Carmen. Los cambios en la estructura de las instituciones a cargo de la conselleria resultan legítimas pero no todo vale. Las instituciones culturales públicas no son de los gobernantes ni de los gestores culturales al mando; pertenecen a la ciudadanía, a la que siempre hay que rendirle cuentas.

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La cultura exige una gestión profesional y profesionalizada; el CMCV, que ha sido capitaneado primero por Felipe Garín, luego por José Luis Pérez Pont y ahora por Nicolás Bugeda (tres perfiles con formación académica y talante muy diferentes entre sí), no puede quedar excluido de esta máxima.

Una política cultural clara permite minimizar bandazos en las instituciones públicas. En este sentido, el Institut Valencià de Cultura (IVC), que tiene un presupuesto superior a los 50 millones al año, es quizá el ejemplo más palmario. Suma cinco meses sin responsables en las subdirecciones de Música y Audiovisual, cuando la primera área forma parte del ADN de la Comunitat (con 546 sociedades musicales, más del 50% de bandas de música de toda España) y la segunda es, según algunas notas de la Conselleria de Innovación, «estratégica» dada la Ciudad de la Luz de Alicante. Si el Consell tuviera una hoja de ruta audiovisual, por ejemplo, habría hecho acompañamiento a 'La buena letra'. La película inspirada en la novela de Rafael Chirbes se ha rodado en la Comunitat, cuenta con profesionales valencianos (como el prestigioso productor Fernando Bovaira) y se estrenará en el Festival de Málaga. El caso del proyecto de Celia Rico es uno entre decenas de títulos.

El pasado 24 de febrero se publicó en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) la convocatoria para cubrir los cargos que ocuparon apenas unos meses María Fuster y Joan Cerveró, al frente de Audiovisual y Música, respectivamente. Los aspirantes no han de presentar proyecto ni se les exige una formación académica determinada. Sólo han de postularse a la plaza y sus currículum y méritos serán baremados. Los mejores puntuados pasarán a la entrevista personal. Son requisitos diferentes a los que, por ejemplo, cumplió la subdirectora de Artes Escénicas, María José Mora, para acceder al cargo. Cuesta entender por qué ahora se exigen menos requisitos en el Institut Valencià de Cultura y qué se persigue con esta rebaja de condiciones. También es difícil de comprender que el titular de Cultura no explique los cambios públicamente, ni detalle su plan cultural forma pormenorizada tanto a los agentes de los sectores creativos como a los medios de comunicación.

La disparidad de criterios para dirigir centros con elevado presupuesto y plantillas numerosas genera inseguridad en los profesionales, sobre todo porque difícilmente redunda en catapultar el prestigio de las instituciones y, como consecuencia, el buen nombre de Valencia y la Comunitat. Por todo esto, cuando alguna persona de la Comunitat vinculada a la cultura viaja a Madrid, Barcelona u otra ciudad suele recibir preguntas del estilo ¿qué está pasando con la cultura en Valencia? Esta cuestión invita a múltiples respuestas cuando se trata de política cultural, pero pocas en positivo.