El Consell de Cultura critica la futura Ley de À Punt y prefiere la que instauró el anterior gobierno del Botánico

Porque el texto, que debe votarse este martes, recoge, tras analizar tanto la legislación actual como la futura que se quiere implantar, aspectos como que «la primera y más importante novedad que presenta la proposición de ley redactada por los grupos parlamentarios PP y Vox de Les Corts Valencianes, con respecto a la anterior ley, aún en vigor, es la fusión de la Corporación Valenciana de Medios de Comunicación (CVMC) y la Sociedad Anónima de Medios de Comunicación de la Comunitat Valenciana (SAMC), en una única entidad, la Corporación Audiovisual de la Comunitat Valenciana, SA (CACVSA)». «De sus órganos de dirección desaparecen los miembros procedentes de entidades no políticas, incluidos los representantes de los trabajadores. Además, desaparece el Consejo de la Ciudadanía, se elimina el 35% mínimo del tiempo de emisión anual ahora destinado a las obras de audiovisuales elaboradas por productores valencianos independientes y de producción original propia, así como la barrera del 20% de tope para una empresa por el coste total contratado para proyectos de producción externa o propia externalizada», añade el texto, que pone de relieve que «desaparece la financiación mínima de entre el 0,3 y el 0,6% en los presupuestos de la Generalitat y la mención del valenciano como lengua vehicular, no garantizándose el uso y protección de esta lengua».

«El control y seguimiento no económico de la nueva corporación queda reducido al ejercido por una comisión parlamentaria. Para la nueva ley se propone la creación de una red autonómica de sinergia audiovisual y de una plataforma audiovisual valenciana», argumenta también. Todo ello antes de las conclusiones. En las recomendaciones finales redactadas en el documento queda claro que el CVC es contrario a la Ley de la Corporación Audiovisual de la Comunitat Valenciana, al enarbolar las virtudes de la norma actual.

«Consideramos imprescindible asegurar la participación de los trabajadores en los órganos de dirección de la nueva corporación audiovisual de la Comunitat Valenciana; igualmente, consideramos necesario la continuación de un órgano asesor con participación ciudadana, cuyos miembros sean elegidos por profesionales y entidades culturales; y el Consejo de Administración de CACVSA debería ser refrendado por Les Corts Valencianes por una mayoría de dos tercios», son algunas de las conclusiones a las que llega el informe, que también recoge que «la nueva legislación debería garantizar la independencia de los informativos mediante recursos internos, profesionales e imparciales».

«La nueva ley debería garantizar un proceso de consolidación de la actual plantilla mediante un modelo concreto y justo; garantizar el trabajo de los actores y de las actrices valencianos, tanto de interpretación como de doblaje, así como del resto de profesionales del sector, para lo cual es necesario una apuesta económica decidida por parte de la Administración; garantizarse un mínimo de inversión por parte la Generalitat Valenciana en el ente público del 0,45% del presupuesto, contemplando esta asignación como una inversión necesaria para el desarrollo del sector en la línea de lo que hacen las Comunidades Autónomas más desarrolladas en este campo. Esta asignación debería considerarse un punto de partida para llegar en un futuro a un 0,6% del presupuesto», argumenta el escrito. En él, se recogen otras recomendaciones como que «la televisión pública debería hacer efectiva la inversión del 6% de sus ingresos en el audiovisual, atendiendo a un criterio amplio, tal y como se recoge en la Ley Estatal 7/2010; se recomienda recuperar el 35% mínimo del tiempo de emisión anual destinado a las obras de audiovisuales elaboradas por productores valencianos independientes y de producción original propia; y también se debería contemplar un límite de contratación del 20% del total de la producción externalizada con una misma empresa (dicho límite no debe ser superado en ningún caso», añaden.

Para los consejeros, «la ley debe contemplar con claridad que el valenciano, en tanto que un idioma con un grado menor de proyección comunicativa, debe ser la lengua vehicular de la radio y la televisión públicas». «Sería conveniente introducir en la ley una ampliación y avance regulativo sobre la red autonómica de sinergia y la plataforma audiovisual que pretenden implantarse, dada la importancia de esta herramienta para crear nuevas audiencias y garantizar la eficiencia del servicio. Dicha concreción debe abarcar desde los contenidos para niños y jóvenes hasta las nuevas herramientas como podcasts, presencia en redes sociales, etcétera». Finalmente, según el CVC, «Creemos importante que se recoja en la nueva ley la decisión de impulsar programas de incubación que contribuyan a la creación de nuevos formatos».

Otras de las afirmaciones que recoge el informe es «la falta de concreción en la proposición de ley es especialmente llamativa en lo relativo a temas tan importantes como la implantación de una plataforma audiovisual, cuya regulación, coste y espacio se desconocen, la garantía de una inversión mínima en los presupuestos de la Generalitat o el proceso de consolidación de la plantilla actual».

También señala, «en cuanto a la falta de consenso, (al haberse tramitado de urgencia) resulta evidente que debe asegurarse la participación de los trabajadores en los órganos que regirán la nueva corporación, así como la de profesionales y representantes sociales que puedan colaborar en el asesoramiento de programación y contenidos».

4. RECOMENDACIONES

4.1 Desde el CVC c