El Consell de Cultura vuelve a colar el reproche a la política cultural del PP

El CVC se pronunciará sobre una decisión adoptada por un Ayuntamiento gobernado por el PP, el de la localidad castellonense de Fanzara. Este Consistorio hace unos meses dejó en el aire la decisión de que las pinturas murales siguieran extendiéndose por las paredes de la localidad en ese museo 'inacabado' que ha llenado las paredes del municipio con la obra de distintos artistas urbanos, aunque finalmente este encuentro con los murales sí se celebrará. Pese a ello el CVC reprochará la «censura» de la que se ha acusado al Consistorio de Fanzara.

De hecho, el asunto que esta semana llega a la Comisión de Bellas Artes, con mayoría de representantes del PSPV, cuenta con todos los elementos para que la polémica regrese a la mesa. Cuando el Ayuntamiento de Fanzara planteó su decisión de la mano de una ordenanza que establecía algunos requisitos para los murales, no tardó en llegar la reacción de partidos de izquierda que tacharon la propuesta de «censura».

En el pleno de junio el CVC ya incluyó en el orden del día someter a aprobación varios informes crítico en relación a Proposiciones de Ley impulsadas por el actual gobierno del Consell y presentadas en Les Corts: la Ley de la Corporación Audiovisual de la Comunitat Valenciana (À Punt), la de la Concordia y la de la Libertad Educativa. La inclusión de estos puntos en la sesión desencadenó una polémica que llevó a que los consejeros designados por el PP abandonaran la sesión no sin antes señalar que abordar cuestiones que se encuentran en trámite legislativo eran «una injerencia» en el legislativo.

Como ya se ha apuntado no era esta la primera bronca. La situación se arrastra desde hace justo un año. Fue en julio de 2023 cuando se estrenó la confrontación en el escenario del CVC. Sólo habían pasado dos meses de las elecciones autonómicas de 2023, celebradas en mayo, cuando el orden del día que en los meses anteriores habían abordado cuestiones que habían pasado el trámite sin pena ni gloria, el momento en el que todo cambió. En julio de 2023 se abrió la veda con la bronca por la retirada del nombre de Vicent Torrent, del grupo al Tall, del auditorio de Torrent por parte de la alcaldesa de esta localidad, Amparo Folgado. El CVC cuestionó la decisión de un Ayuntamiento, lo mismo que ahora ocurrirá en el pleno de julio.

A la polémica en torno al cambio de nombre del auditorio siguió otra en agosto, que si bien no tuvo como escenario el salón de sesiones, sí que supuso una nueva puesta en escena de la estrategia diseñada por la izquierda para hacerse fuerte en el CVC, única plaza que le quedaba, y le queda, donde poder hacer oír la voz al entonces recién desaparecido Gobierno del Botánico.

En agosto no se celebran plenos, pero el CVC se sirvió de otras vías para apoyar a la AVL tras las manifestaciones del Conseller de Educación, José Antonio Rovira, en las que aseguró que no creía que la AVL «tenga la verdad absoluta» sobre el valenciano. Llegó entonces una carta remitida por cinco miembros del CVC, los designados por el PP, a la presidenta en funciones del organismo, Dolors Pedrós –propuesta de Compromís–, afeándole que emitiera un comunicado que consideraban una «desviación impropia» de sus funciones.

Hasta el verano de 2023, cuando ya el tripartito del Gobierno del Botánico había perdido las elecciones, en los plenos se abordaron temas como Informe sobre los neuroderechos en la Declaración Internacional de Derechos Mundanos, la situación de los inmigrantes y refugiados, un informe sobre natalidad, otro sobre la experimentación científica en la educación y los vínculos con la Inteligencia Artificial y otro sobre la situación de las personas mayores. A estos se añadíeron también algunos de contenido patrimonial como los que hacían referencia a La albufera, la 'dançà de la Font de la Figuera' o el turismo cultural en la Marina Alta.

Fue hace un año -julio de 2023- cuando el guion cambió de sentido. Ese mes llegó el ya comentado asunto del auditorio de Torrent que no hizo más que abrir la espita para ejercer una especie de oposición desde el CVC. Esa deriva, no sólo se observó el año pasado. El ejercicio en curso ha sido escenario de nuevos reproches a la política del actual Gobierno de la Generalitat, todo ello en un contexto en el que el CVC todavía no se ha renovado aun cuando la composición actual todavía responde a la composición parlamentaria anterior a los comicios de 2023.

Sin ir más lejos, el pleno de junio destapó lo que el sector crítico considera un conflicto de competencias. Los cinco representantes críticos se ausentaron de la sesión en el momento de votar los informes sobre las proposiciones de Ley de la Corporación Audiovisual de la Comunitat Valenciana impulsada por el Gobierno de la Generalitat. También dio cuerpo a la discordia la votación de informes sobre la Ley de Libertad Educativa y la de Concordia. Los consejeros del PP consideraron que el hecho de que se sometieran a votación estos temas suponía «una injerencia» en el legislativo valenciano en tanto que eran asuntos ya en trámite legislativo. La inclusión de esos tres informes se revelaron como certificado de que el CVC es la única baza que le queda al ya inexistente Gobierno del Botánico.

Las dos sesiones anteriores tampoco se caracterizaron por un ambiente pacífico. En abril, el pleno también fue brusco dada la inclusión de una declaración de alto el fuego en Gaza. Y en mayo la agitación volvió como consecuencia de la eliminación de un proyecto por parte del Gobierno de la Generalitat, el proyecto Women's Legacy.