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El director del Centro del Carmen, José Luis Pérez Pont, ha declarado esta mañana por un presunto delito leve de daños por imprudencia por el grafiti de mil metros cuadrados que el dúo artístico PichiAvo pintó en 2019 en el claustro renacentista del histórico Convento del Carmen, que cuenta con la declaración de Bien de Interés Cultural (BIC). El responsable de la gestión ha desviado a Cultura la responsabilidad sobre la decisión de pintar en el mencionado claustro el grafito. Ha mantenido ante el tribunal que tiene «voz, pero no voto» en el proceso que lleva a decidir o rechazar una propuesta. El ministerio fiscal ha solicitado seis meses de multa, que supondrían 1.080 euros, y la defensa la absolución. Ha quedado visto para sentencia.
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Pérez Pont ha destacado que su labor en el centro cultural se circunscribe a la programación de exposiciones, mientras que la decisión de aprobar o rechazar una intervención está fuera de sus competencias. El primer paso, como ha apuntado, supone que la iniciativa se somete al examen de «la comisión cinetífico artística» y luego pasa al consejo que decide seguir adelante o no con los proyectos.
De ese consejo forman parte las entidades representadas en el Consorcio de Museos, entre las que se encuentra la Dirección General de Cultura y Patrimonio, departamento de la Conselleria de Cultura, que es a su vez la propietaria del espacio y que no se ha personado en la causa. Y en ese camino, el director del museo ha mantenido que tiene «voz, pero no voto», argumento en el que se ha apoyado su defensa. En su declaración Pérez Pont ha aclarado que si los responsables de adoptar las decisiones «hubieran visto que no era adecuado no lo habrían aceptado».
A preguntas del Ministerio Fiscal, Pérez Pont también ha mantenido que en ningún momento pensó que la intervención de PichiAvo sobre los muros del claustro renacentista del antiguo Convento del Carmen podría resultar perjudicial. «En absoluto», ha dicho.
La acusación ha interpelado al director del Centro del Carmen sobre el hecho de que es Pérez Pont quien firmó el contrato en el que no se especificaba la vuelta del claustro a su estado original cumplido el periodo de exposición del mural que estaba vinculado a las Fallas, en tanto que la mencionada pareja artística era la autora del monumento de la plaza del Ayuntamiento. Sobre este asunto también se ha considerado que no se contempló presupuesto para esa actuación. A esta consideración el acusado ha aclarado que los costes de esa operación se incluían en los gastos generales de mantenimiento del espacio cultural.
Los grafitis son una de las apuestas del Centro Cultural del Carmen, un territorio creativo que ha acercado distintas propuestas al espacio, si bien el caso de las pinturas de PichiAvo fueron las primeras, y de momento las últimas, que se han realizado directamente en muros. El arte del grafiti no ha desaparecido de la programación, pero las instalaciones se han hecho sobre soportes distintos a las paredes.
El objetivo del proceso judicial es determinar si el grafiti de más de mil metros cuadrados que el dúo de artistas PichiAvo pintó sobre las paredes del claustro renacentista dañó el enclave del siglo XIII. No sólo la pintura que se utilizó para la realización del grafiti, sino también con la que luego se cubrió la superficie que ocupó la intervención de PichiAvo han generado el juicio que arrancó a partir de las denuncias de Asociación Defensa del Patrimonio y del Sindicato UGT, que dieron lugar a la intervención de la unidad de Patrimonio de la Policía Autonómica.
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Noelia Camacho Laura Garcés
Los primeros pasos en el camino judicial llevaron a la designación de un equipo de expertos que realizó catas en el claustro. Esta mañana en la sala 18 de la Ciudad de la Justicia estos expertos han declarado que se utilizó «una pintura que impedía la transpiración» en un contexto en el que el problema de la humedad «era bastante evidente» y que a juicio de los especialistas causó perjuicio a los muros. Además, han defendido la necesidad de «un informe preceptivo» porque se iba a actuar sobre un «elemento que se iba a alterar». Los peritos han aclarado que su intervención se fundamentó en el análisis que habían hecho otros especialistas, circunstancia a la que ha acudido la defensa para argumentar la petición de absolución de su representado al considerar que esos expertos «no han participado en las pruebas».
También han declarado los expertos en arte y patrimonio que realizaron los estudios que presentó la defensa y que a diferencia de los anteriores, entre otras declaraciones han señalado que «los daños empezaron en 1950», así como que «ya había muros muy parcheados con anterioridad» con lo que las últimas capas de pintura «no empeoraron la situación del muro». Ahora todo está en manos del juez.
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