Algo falla en el Consell Valencià de Cultura

Algo sucede en el Consell Valencià de Cultura (CVC). La sesión plenaria de ayer sirvió un debate, no exento de crispación, que dadas las fechas en las que nos encontramos, con unos comicios a la vista, sonó a que los vientos que suelen soplar en períodos preelectorales han alcanzado a la institución. Pero no sólo eso, el CVC, que desde el fallecimiento el pasado agosto de su presidente, Santiago Grisolía, atraviesa una etapa de provisionalidad, con Dolors Pedrós como presidenta en funciones, de la que se resiente. # No se ha nombrado nuevo presidente, y a juzgar por las fuentes consultadas por este periódico, todo apunta a que bien poco se ha avanzado en la dirección de poner nombre al puesto vacante. Es el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, quien tiene que dar el paso. Hay dos opciones, bien que el nombre de la futura cara visible del CVC llegue de fuera del Consell o que la designación recaiga en alguien que ya forma parte del mismo. Todas las sensibilidades de la institución, en la que hay representantes de las distintas opciones políticas con representación en las Cortes Valencianas, de manera más o menos velada manifiestan la necesidad de que este asunto se resuelva en beneficio de una institución en la que se echa de menos la autoridad que ejercía Santiago Grisolía.

Del ambiente que se respira en los pasillos del CVC se extrae que para la presidencia del Consell «no es una prioridad» la designación del presidente del CVC, en tanto que son varias las entidades a las que espera un proceso de cambio y Puig sería más partidario de acometer todas las designaciones a un tiempo.

De la misma manera que se escucha este criterio, también se oye que sea cual sea la fórmula que el Jefe del Consell elija, la sucesión de Grisolía debería «conocerse antes de las elecciones». En este punto, siempre según los criterios escuchados en el seno del CVC, surgen las diferencias, pues también se escuchan en los pasillos voces partidarias de que este asunto quedará sobre la mesa hasta después de las elecciones autonómicas de mayo.

Quienes piensan que la provisionalidad se prorrogará más allá de la primavera, se fundamentan en que dado el ambiente político que reina en las Corts es muy difícil conseguir el acuerdo entre las formaciones para designar a un presidente de consenso que proceda de fuera de la institución. Y en medio de este ambiente, llegó ayer un pleno bronco en el que se escenificaron con contundencia diferencias antes de aprobar la Memoria de 2021 que plantea la solicitud de una nueva ley de Patrimonio Cultural. Además, reclama «mayor dotación presupuestaria y de personal en arqueología y para la catalogación de bienes».

Las diferencias enzarzaron a distintas sensibilidades hasta poner a la presidenta en la tesitura de plantear a los miembros retirar su solicitud de intervención, advertencia que acabó limitando los tiempos. El origen estuvo en la reclamación de José Vicente Navarro de «toda la documentación. La pido toda: cualquier documento, de cualquier comisión. Yo quiero tenerla». En el mismo sentido se pronunció José María Lozano llegando a poner sobre la mesa el término «transparencia opaca». Fue un ir y venir de palabras a las que el secretario del CVC, Jesús Huguet, respondió que las actas están a disposición de los consejeros, además de subrayar que los asuntos que pasan por comisión son «acuerdo cuando se aprueban».

Desde la posición más cercana a Huguet, Gerardo Muñoz, Ana Noguera y Rosana Pastor mostraron su desacuerdo con las palabras de Navarro y Lozano.

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