Cuando la gestión cultural acaba en los tribunales

Uno de ellos es el director general del Consorcio Valencia 2007, Vicent Llorens, investigado por prevaricación por el concurso para instalar un escenario fijo en la zona de La Marina. Llorens se ha visto involucrado en el procedimiento después de que una de las dos empresas que se personaron en la licitación se querellara contra él. Ya ha declarado en el juzgado de instrucción número 10 de Valencia por unos hechos que se remontan a 2019, cuando se publicó un concurso para otorgar una concesión administrativa en la Marina Sur. La firma denunciante considera que Llorenç, como titular del Consorcio Valencia 2007, es responsable de unas supuestas irregularidades en el proceso «porque no se ha seguido el trámite de la Ley de Contratos del Sector Público y por el hecho de haber adjudicado a dedo el contrato a otra empresa sin la preceptiva licitación administrativa, sostiene la empresa. De ahí que su gestión haya llegado ante la justicia y haya hasta partidos políticos como el PP que hayan pedido su destitución al alcalde de Valencia, Joan Ribó. No se ha producido.

Llorens no es el único gestor al que le persigue la sombra de un proceso judicial. La pintura de un enorme grafitti de mil metros cuadrados en el claustro renacentista del Centro del Carmen en 2019 también va a llevar al responsable del Consorcio de Museos, José Luis Pérez Pont, a tener que declarar ante un magistrado por un delito de supuestos daños al patrimonio en un edificio catalogado como Bien de Interés Cultural (BIC). El responsable del organismo, un ente dependiente de la Generalitat Valenciana, no se enfrenta a una pena de prisión.

El juicio se celebrará por un presunto delito contra el patrimonio artístico en su modalidad imprudente y la pena es una multa que puede ir de los tres a los 18 meses dependiendo de la importancia de los daños. Pérez Pont siempre ha defendido su gestión en el caso del mural del dúo de artistas Pichiavo aunque próximamente tendrá que contar su versión al magistrado del Juzgado de Instrucción número 5 de Valencia.

También de la Generalitat, en este caso la actual directora del Instituto Valenciano de Conservación, Restauración e Investigación (IVCR+i), Gemma Contreras, se enfrenta a un proceso en el que se le acusa de supuestos delitos de prevaricación y malversación por el hallazgo de graves irregularidades en la restauración de los libros de un coleccionista. Junto a Contreras, también está investigada su antecesora en el cargo, Carmen Pérez, quien era la responsable del ente de restauración cuando se produjeron los hechos. Ahora, en cambio, sí es la responsable del instituto y se sentará en una vista que no altera su mantenimiento en el cargo. Es más, tanto Contreras como a Pérez, y sus gestiones, han sido defendidas en varias ocasiones por la dirección general de Cultura y Patrimonio, cuya responsable es Carmen Amoraga.

En el caso de estos tres altos cargos de los gobiernos del Botánico y el Rialto, ninguno ha mostrado intención de abandonar el cargo, independientemente de lo que se les acusa. Se mantienen en unas administraciones cuya gestión deberán defender ante un juez.