El juez abre juicio a la directora de Ivacor por malversación en la restauración de libros

Fuentes de Cultura indicaron en su día que se mantendría en su cargo «hasta que la Justicia hable». No concretaron si se referían al juicio, a una sentencia o a que esta fuera firme. La causa ha salpicado también a su antecesora en el puesto, la prestigiosa Carmen Pérez, tal y como ha informado LAS PROVINCIAS durante los últimos meses.

Además, se da otra circunstancia que cuestiona la idoneidad de la persona que se sitúa al frente de Ivacor. El juez abre juicio por los delitos de prevaricación y malversación, es decir, la sustracción o desvío de caudales públicos a intereses privados. Un ilícito suficientemente grave para comprometer el día a día de un alto cargo con atribuciones de esta naturaleza.

El auto de apertura de juicio, confirmado por el propio Tribunal Superior de Justicia, recoge que será la Audiencia el órgano encargado del enjuiciamiento. Hubo un tiempo en el que se evitaba que un responsable público se sentara en el banquillo mientras seguía todavía en su puesto. De hecho, en algunas ocasiones, los partidos han situado la línea roja en este trámite procesal para evitar más daño a las formaciones. El PP abre en ese momento un expediente disciplinario.

Pero no será el primer caso en el Botánico que confluyan ambas circunstancias. Por ejemplo, muy recientemente ocurrió con el director general de Política Lingüística, Rubén Trenzano, que fue juzgado por falsedad documental. Siguió en su puesto. Cierto que en ese supuesto, la Fiscalía no acusaba lo que podía pensarse que era un intento de persecución del Partido Popular.

Todo lo contrario que en esta causa. Aquí es la Fiscalía la que solicita cinco años de cárcel para Contreras y Pérez. Los hechos se remontan a 2011. Todas las piezas restauradas eran propiedad del conocido auditor Luis Caruana, que ha sido exonerado del procedimiento. Declarará como testigo en el juicio.

Las presuntas irregularidades comenzaron con el segundo lote de libros, compuesto por cuatro ejemplares. En este grupo, tres de las piezas se habían entregado en la institución, tal y como consta en las actas. Sin embargo, el importe de la restauración (6.000 euros más IVA) fue facturado por Dicarta, una empresa constituida por dos restauradoras que siguieron las indicaciones de la acusada Contreras, según la fiscalía. La directora gerente tenía «pleno conocimiento» de esta operación.

El coleccionista abonó las restauraciones con cheques, algunos al portador y otras a nombre de las trabajadoras de Dicarta. En junio de 2012 se repite la misma operativa. Caruana entregó otros cuatro libros. El presupuesto, alrededor de 5.000 euros, fue firmado por las dos acusadas. Los ejemplares son recepcionados y devueltos en el propio Ivacor, según consta documentalmente. Sin embargo, las actuaciones fueron facturadas por las restauradoras y abonadas por Caruana con diferentes cheques. Esto se repite en el resto de encargos.

La acusación sostiene que las acusadas actuaron de esta forma, saltándose el procedimiento administrativo, para favorecer al coleccionista. No sé cuantificó la restauración conjunta para evitar la licitación si superaba los 18.000 euros. Pero, además, al hacerlo por separado, se evitó el procedimiento previsto de los contratos menores. También obligaron a las dos restauradoras a crear la sociedad bajo sospecha si querían seguir trabajando con el Ivacor.