Una indisposición del abogado de Císcar obliga a suspender el juicio

Hace unos meses, en marzo, y en esa misma sala, la Tirant II, ya se produjo un suceso similar. El acusado Javier Murcia, el informático del caso Cooperación, sufrió un infarto durante las cuestiones previas de la vista. Se recuperó satisfactoriamente.

El resto de la sesión, justo antes de la suspensión por el problema de salud del letrado de Císcar, se centró en la declaración de José Luis Rueda, el hijo adoptivo y heredero de todo el legado del artista. El procesado, en un tono vehemente y, en ocasiones, maleducado, respondió a las cuestiones de la Fiscalía desde las diez y cuarto de la mañana. Se mostró visiblemente molesto: «Han destrozado el nombre de mi padre. Esculturas que valían un millón y medio ahora no valen nada», lamentó. Atribuyó esto a una «venganza» de Joan Llinares, actual director de la Agencia Antifraude y en su día director económico tras la salida de Ciscar.

El acusado recordó que tenía el mismo proyecto para el IVAM ya acordado con el Reina Sofía, pero por respeto a su padre decidió hacerlo con la institución valenciana. «No hay un proceso creativo por mi parte», se defendió. Todo, según él, correspondió al artista español.

Rueda contactó con Consuelo Císcar a través de dos cartas. Todo había comenzado en un viaje a Cuenca a una inauguración en la que estaba la directora y otras personalidades. «¿Por qué le adjunta el contrato del Reina Sofía?», le preguntó la fiscal. «Soy leal y fiel. Quería demostrarle lo que el Reina Sofía había pagado por el ‘Gran Relieve’». «El Consejo Rector se podía haber negado. No queremos esto, me podían haber dicho», se justificó.

El procesado dijo que Císcar se comunicó con él para decirle los trámites que iba a pasar la adquisición, los habituales en estas operaciones. Hasta en dos ocasiones evitó contestar con quién negoció las condiciones de uno de los contratos ahora bajo sospecha. Posteriormente, acabó por admitirlo: Consuelo Císcar.

El procesado, airado durante todo su testimonio, indicó que en 2006 repitió el proceso de contacto con Consuelo Císcar y José Llorens, del Consejo Rector. «No he negociado nada privadamente con Císcar», zanjó ante la insistencia de la Fiscalía. «Esa compra se valoró en cinco millones sin tener en cuenta 38 obras», indicó como prueba de la ventajosa operación para el IVAM. «Me siguen debiendo cinco millones de euros», presumió.

La Fiscalía le preguntó por las obras y los materiales. «Mi padre me dijo que podía cambiar materiales y escalas. Podía hacer lo que me diera la gana», proclamó en tono retador. «No negocié el contrato con la fundición, eso lo hizo el IVAM».