Intervención alerta del descontrol en los contratos del Consorcio de Museos

La inspección referente a 2023 vuelve a afear la gestión administrativa de Pérez Pont, que fue destituido el pasado noviembre, sobre todo en la gestión economico-financiera. El auditor ha detectado numerosas incidencias en cuanto a las firmas. «Constan documentos que deben ser suscritos por el órgano de contratación, como informes de necesidad y certificados de existencia de crédito, firmados por personas que no tienen la competencia para ello». «Constan documentos que vienen firmados de forma manuscrita, de manera que no se deja constancia indubitada de la referencia temporal en que se han emitido, incorporando las firmas electrónicas válidas que correspondan; algunos documentos ni siquiera disponen de firma alguna», añade el informe en referencia al último ejercicio de Pérez Pont al frente de la institución museística.

Otra anomalía en cuanto a los contratos pasa por el hecho de que el Consorcio de Museos recurra «a la tramitación de procedimientos negociados sin publicidad sin quedar suficientemente justificado que el servicio únicamente pueda ser encomendado a un empresario determinado por razones artísticas». Esto sucede, según el informe, porque los pliegos de estos procedimientos «presentan carencias importantes pues no establecen los términos que van a ser objeto de negociación, la solvencia económica y financiera, y técnica o profesional exigida al contratista, ni se indica el presupuesto base de licitación, ni su desglose en costes directos, indirectos y otros gastos, ni el valor estimado del contrato» Además, añade, «no constan aprobados por el órgano de contratación».

Intervención de la Generalitat es muy clara respecto a la gestión deficitaria del Consorcio de Museos:«en la tramitación de lso expedientes se incumplen múltiples artículos de la Ley de Contratación del Sector Púbico», como «no se justifica adecuadamente la necesidad de los contratos» y «en dos contratos se establecen formas de pago anticipado no permitido».

Según Intervención de la Generalitat, el Consorcio del Museos formalizó 547 contratos, de los que 366 son «contratos menores y otros gastos» por valor de 1,2 millones de euros. «En los contratos menores existe una falta de concreción del objeto a contrastas y del plazo de duración de estos. Tampoco consta de forma expresa la conformidad con el servicio o suministro prestado».

«Se adjudican contratos sin quedar debidamente acreditado que el contratista está al corriente de sus obligaciones tributarias con la Generalitat, ni el alta en el IAEy pago del impuesto, o en su caso declaración de exención», detalla el auditor, quien ha detectado gastos por importe de 56.521 euros «sin tramitar el correspondiente expediente de contratación incumpliendo la Ley de Contratación del Sector Público».

El exceso de los contratos menores llega hasta el punto de que «se efectúa compra de mobiliario a través del cotnrato menor estando en vigor un Sistema Dinámico de Adquisición y sin existir una resolución de la Central de Compras permitiendo su adquisición de manera independiente».

Por último, Intervención de la Generalitat señala que la información de los contratos en la Plataforma de Contratación del Sector Público «es incompleta, de manera que no se publica la totalidad de la documentación exigida».

Este reguero de anomalías afecta un volumen de contratos que ascienden a 3.827.401 euros