El interventor detecta gastos sin justificar por 125.000 euros en el Palau de la Música e insta a hacer arqueos sorpresivos en el auditorio

Rectificar es de sabios, pero hay instituciones que no se aplican el dicho del refranero popular. El Palau de la Música de Valencia vuelve a incurrir en los mismos errores que en el pasado, sobre todo en la gestión económica y financiera de una auditorio que, además, sigue cerrado e inmerso en las obras de rehabilitación que desde hace casi cuatro años impiden que tenga programación.

El informe del interventor municipal que ha analizado el día a día del organismo autónomo vuelve a tirar de las orejas a los responsables del espacio. Si a finales del año pasado era la auditoría del Sector Público Local del Ayuntamiento de Valencia, ahora es la Intervención municipal la que pone de relieve las irregularidades del Palau. En su informe, al que ha tenido acceso LAS PROVINCIAS, apunta a diversas acciones controvertidas que difieren de las buenas prácticas que se deberían llevar a cabo en una institución de titularidad pública. Así, el documento señala que «la entidad dispone de una caja para realizar determinados pagos en efectivo sin que exista un adecuado control interno sobre ella ya que no se realizan arqueos de control y no están determinados los conceptos sobre los que se pueden atender dichos pagos».

Asimismo, según el interventor, el Palau de la Música «ha imputado al presupuesto de gastos del ejercicio 2021, mediante el procedimiento excepcional de reconocimiento extrajudicial de crédito, obligaciones por gastos realizados en dicho ejercicio por importe de 125.103 euros», un montante que según el texto, «se corresponden con gastos indebidamente adquiridos ya que se han realizado prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido» (lo que, según la legislación, «adolecen de vicios de nulidad»). También, refleja el estudio de la gestión del Palau, «se han imputado al presupuesto del ejercicio 2022 gastos realizados en 2021 por importe de 57.666 para los que, además de incurrir en el vicio de nulidad señalado, no existía la adecuada y suficiente consignación presupuestaria».

'Gastos indebidamente adquiridos', 'inadecuado control interno', 'inadecuada e insuficiente consignación presupuestaria'... son algunas de las irregularidades que señala el interventor, por lo que el experto se ve obligado a hacer una serie de recomendaciones que ponen en evidencia la falta de control en la gestión. Así, aconseja «obtener evidencia documental de los importes no justificados», es decir, facturas y certificados, para «proceder, en su caso, a la regularización contable». Es más, afirma que «debería mejorarse la gestión presupuestaria y contractual» de la entidad para que «se reduzca la realización de gastos que adolezcan de vicios de nulidad».

Pero además, y llama la atención, el interventor pide «para un adecuado control de las existencias en caja», que se efectúen «arqueos periódicos y sorpresivos por personal responsable ajeno a su llevanza y venir determinados los gastos que se puedan atender mediante esta forma de pago». Esta recomendación se realiza a un auditorio en el que en agosto de 2020 se produjo un robo de 5.000 euros. Fue un mes después, en septiembre, cuando los responsables denunciaron la sustracción ante la Policía Nacional. Era un montante correspondiente a los ingresos de la taquilla pero su desaparición quedó archivada y sin ningún responsable que asumiera el hurto de esos 5.000 euros.

En el Palau de la Música, la gestión económica y financiera sigue incurriendo en las mismas irregularidades. En la auditoría del Sector Público Local del Ayuntamiento de Valencia, que este periódico dio a conocer hace medio año, ya se resaltaban aspectos como que existía un «deficiente control en el área de tesorería, que es considerada área de riesgo por su susceptibilidad al robo y el fraude«. Es más, también se señalaba »una deficiencia significativa en relación con los principios de buena gestión financiera en el área de tesorería«. En este sentido, también se añadían otras cuestiones como »gastos indebidamente adquiridos ya que se han realizado prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido«.

También la Inspección de Trabajo puso de relieve deficiencias, en este caso, en la reforma del edificio. Una revisión detectó carencias en el plan de seguridad. Es más, el Ministerio de Trabajo realizó el pasado octubre un requerimiento para que corrija una infracción que podía «incurrir en una sanción grave» con multa de 2.451 a 49.180 euros.

En este sentido, otra auditoría externa que analizó los organismos autónomos del Consistorio, correspondiente a la gestión de los años 2016-2017, reveló también una serie de irregularidades contables y de contratación por parte del auditorio municipal. En este caso, se ponían de relieve aspectos como que el Palau de la Música tenía una cuenta para gastos sin justificar de 46.000 euros o que el centro, según el informe, no aplicaba en algunos casos la elección de oferta más ventajosa.

Con todo ello, la gestión del espacio municipal se encuentra en entredicho. Y no sólo por lo que afirma el interventor del Ayuntamiento, sino también por la denuncia de la propia plantilla del Palau. El comité de Empresa ha explotado y ha afeado al alcalde, Joan Ribó, la «grave situación del auditorio». Le reprochó en una carta el ocaso de la instalación municipal, que está cerrada desde 2019 y con los abonados bajo mínimos. «En la actualidad la Dirección de este Organismo no cuenta con técnicos dirigentes, no existe ni la Subdirección de gestión, ni Subdirección de música, ni Responsable de recursos humanos, entre otros», denunciaron los trabajadores. En este escenario también aseveraron que «pese a nuestras reiteradas advertencias sobre la programación de alto riesgo acústico que no se ajusta a los espacios escénicos de trabajo, esto está provocando lesiones auditivas en nuestras compañeras y nuestros compañeros». Finalmente, en la carta también denunciaron «incumplimientos reiterados» en aspectos relacionados con la formación de los profesionales del Palau y mostraron su «preocupación por una gestión y programación que no es capaz de aumentar y ni de retener el público abonado».

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