La Justicia declara improcedente el despido del exdirector del Centro del Carmen

Pérez Pont estuvo al frente de la institución hasta noviembre de 2023, mantuvo en su defensa que aún le quedaba un año y medio de contrato cuando la Conselleria de Cultura, que entonces dirigía el exconseller Vicente Barrera junto a Paula Añó como secretaria autonómica (ambos de Vox), le cesaron por «mala praxis» en su gestión.

Cuando en marzo se celebró la vista en el Juzgado de lo Social número 2. Pérez Pont a través de su representante ante los tribunales se desentendió de cualquier responsabilidad en la gestión. Sobre este argumento sustentó que su despido fue improcedente, y alegó que era el Consejo General del Consorcio de Museos el órgano encargado de la gestión.

Tras conocerse el fallo judicial, la Conselleria de Cultura, se ha pronunciado señalando que desde la Administración Valenciana “se respetan las sentencias judiciales”. A esto ha añadido que la sentencia “va a ser analizada por los servicios jurídicos del Consorcio de Museos de la Comunitat”. El objetivo es “estudiar las medidas a adoptar y elevarlas al Consejo General para la toma de postura al respecto como órgano colegiado”.

Los acontecimientos conducen a noviembre de 2023. Fue entonces cuando el cese se hizo efectivo en la reunión mantenida por el consejo rector del organismo. La votación no fue unánime, contó con un voto en contra: el del representante del Consell Valencià de Cultura (CVC). Este final del periodo de Pérez Pont supuso la primera salida de un responsable cultural decidida por la conselleria de Cultura, en manos de Vicente Barrera (VOX). La reacción de Pérez Pont ante el final de su etapa le llevó a mantener que su cese era «un ataque a la cultura».

La entonces secretaria autonómica explicó las razones que llevaron a poner fin a la etapa de Pérez Pont explicando que la decisión se adoptó «ante las irregularidades y mala praxis cometidas en su gestión». El consejo rector del Consorcio de Museos acordó extinguir el contrato y cese del gerente «por transgresión de la buena fe contractual».

La Conselleria de Cultura defendió también en ese momento que se había «comprobado que uno de los gerentes del sector público, en este caso Pérez Pont, acumulaba varios informes de intervención y auditoría desfavorables que se han sucedido de manera constante y reiterada». Desde la secretaría autonómica se hizo referencia a los informes de la Sindicatura de Cuentas, la Intervención de la Generalitat y las firmas auditoras de apoyo. También señalaron que se habían detectado incumplimientos en la contratación de bienes y servicios.

La trayectoria de Pérez Pont contó un polémico hecho. Fue condenado a una multa de 1.080 euros por un delito leve de daños en patrimonio artístico por imprudencia como consecuencia de la pintura de un grafiti de mil metros cuadrados en el claustro renacentista del Centro del Carmen, antiguo convento que cuenta con la calificación de Bien de Interés Cultural. Pérez Pont no recurrió esa sentencia condenatoria, como él mismo anunció.