Pérez Pont se desentiende de la gestión del Consorcio de Museos y afirma que las decisiones las tomaba el Consejo General del ente

Este martes se ha celebrado la vista en el Juzgado de lo Social número 2. Y Pérez Pont, en palabras de su abogado, se ha desentendido de cualquier responsabilidad en la gestión, por lo que insiste en que su despido fue improcedente, y ha alegado que era el Consejo General del Consorcio de Museos el órgano encargado de la gestión. Es más, su letrado ha defendido que su cargo no puede considerarse de alta dirección, ya que el Consorcio es un órgano «complejo» encargado de «coordinar» siete administraciones (la Generalitat y los ayuntamientos y diputaciones de Castellón Valencia y Alicante) y que por tanto tenía «limitadas las funciones». Se ha insistido en que el el Consejo General del Consorcio por quien pasaban las decisiones y que, además, este órgano fue el que renovó «por unanimidad» el contrato de Pérez Pont en 2021. «De su trabajo no hay quejas sino felicitaciones», ha señalado el letrado, quien ha puesto de relieve que el director del Consorcio puso en los primeros puestos del Observatorio de la Cultura, un ente que se encarga de señalar lo mejor de la cultura en España, a la entidad que dirigía.

Pero la abogada del Consorcio de Museos ha sido tajante en su exposición. Ha negado la improcedencia del despido y ha citado hasta cinco motivos por los que los entonces responsables de la conselleria le cesaron de su cargo. La letrada ha señalado que en su mandato, Pérez Pont incumplió la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del órgano que tutelaba. Tampoco aprobó la renovación de estatutos del organismo en lo que fue «una dejación de sus funciones». En este sentido, según la parte demandada, Pérez Pont «comprometió recursos públicos, humanos y materiales» con el convenio para la celebración de la sexta edición del Máster Permea en el Centro del Carmen. En este sentido, también ha puesto de relieve la mala conservación de la Colección de Arte de la Generalitat Valenciana, adquirida desde el Consorcio de Museos y con un valor de 1,7 millones de euros, en su ubicación en el almacén de Riba-Roja de Turia propiedad de la Generalitat y cuyo estado fue denunciado por los técnicos del Instituto Valenciano de Conservación, Restauración e Investigación (IVCR+i) en un informe. Este documento, adelantado por LAS PROVINCIAS, destacaba el deficiente estado del embalaje de las piezas y detectan que el almacén carece de «sistema de control de temperatura y humedad» y «de orden y limpieza».

Por último, la letrada ha insistido en que otras de las irregularidades que motivaron el cese del gerente fue los «incumplimientos reiterados en la contratación», ya que, según el Consorcio, Pérez Pont llegó a firmar «entre 400 y 500 contratos menores al año» sin «mtivación de necesidad o urgencia».

El abogado de Pérez Pont ha insistido en que la normativa estatal es la que rige si se es o no alto cargo. Para él, al exdirector del Centro del Carmen le correspondía una relación laboral «común» y sin «capacidad ejecutiva». Y ha argumentado en numerosas ocasiones la falta de personal del Consorcio, lo que limitaba la acción de su representado. Por parte de Pérez Pont han comparecido tres testigos: Eva Coscolá, que fue subsecretaria de la Conselleria de Cultura; Susana Vilaplana, funcionaria que trabajó en el Consorcio; y Antonio Manresa, concejal del Ayuntamiento de Alicante entre 2019 y 2023 y que, por tanto, formaba parte del Consejo General del Consorcio de Museos de la Comunitat Valenciana.

Los tres han hecho hincapié en la falta de personal en la institución. «Era recurrente», según Manresa, quien ha dicho que no hubo críticas a las auditorías de la Intervención de la Generalitat que, según la abogada de la parte demandada, recogían esas irregularidades en la gestión. Para Coscollá, la gestión de Pérez Pont «recibió agradecimientos y elogios». Por su parte, Vilaplana ha defendido que ese informe sobre la conservación de las obras de arte en el almacén y que fue redactado por los técnicos del (IVCR+i) contenía «errores e inexactitudes».

Pérez Pont, que llegó al cargo en 2016 tras alzarse como vencedor en un concurso público, siempre defendió que su despido era improcedente y que le quedaba algo más de año y medio de contrato. Al año cobraba algo más de 60.000 euros, por lo que tanto él como sus abogados consideraban que debía recibir 100.000 euros, cantidad que demanda al Consorcio de Museos. De momento, tras más de un año después de su despido, ahora será la Justicia la que determine cuál de las partes tiene razón.

Este martes, no er la primera vez que Pérez Pont se veía las caras con la Justicia, aunque en este caso lo hace como demandante. Hace unos años, lo hizo tras ser denunciado por permitir la pintura de un grafiti de más de mil metros cuadrados en el claustro renacentista del Centro del Carmen. Tras una denuncia de UGT por daños al patrimonio, la Justicia falló contra el exgerente y le condenó a una multa de 1.000 euros por esta cuestión. En el juicio, que ha quedado visto para sentencia, no se ha nombrado este hecho por ninguna de las dos partes.

Aunque los que por entonces tutelaban la conselleria justificaron el despido en la «mala praxis» de la gestión de Pérez Pont al frente del organismo, al que había llegado en 2016 tras un concurso público. Los actuales responsables de Cultura, una conselleria en manos de José Antonio Rovira, se han encontrado con este conflicto que nació cuando ellos no estaban en este departamento.