El lado oscuro de los festivales de música

Ha sido el verano de la recuperación de los festivales de música. Sin restricciones de aforo, ni sillas, ni distancia, el público ha acudido en masa a disfrutar de la oferta artística de este verano. Había ganas tras dos años aciagos para la música en directo. Las citas más veteranas como el Festival Internacional de Benicàssim (FIB) o el Rototom competían con otras de nueva creación como el Diversity Fest y con otras como el Big Sound, que buscaba demostrar su fuerza tras sólo una primera edición, la de 2021, que quedó reducida y sin presencia internacional por los efectos de la crisis sanitaria.

Un calendario plagado de grandes eventos y grandes nombres de la escena mundial que ponía de relieve que la senda de la recuperación se había iniciado. Pero no todo ha sido de color de rosa. La burbuja ha explotado y estos certámenes, capaces de movilizar a miles de personas, han mostrado su lado más oscuro.

Una fatídica madrugada, la del 12 de agosto, demostró que la tragedia también se puede cernir sobre los grandes festivales. Eran las tres y media de la noche y un vendaval derrumbó una de las estructuras del escenario del Medusa Sunbeach, la cita de música electrónica que desde hace años congrega a miles de jóvenes en la localidad de Cullera. El accidente se saldó con un muerto y cuarenta heridos. Un resultado escalofriante del que aún se investigan las causas y que ocasionó, como no podía ser de otro, la cancelación inminente del evento. Pero los asistentes habían comprado entradas para varios días ya que el Medusa apenas acababa de empezar. ¿Qué pasa con ello? ¿Se puede reclamar? «Hemos detectado que muchos de los asistentes no saben nada, no ha habido comunicación con los afectados», asegura Julián Tío, responsable del gabinete de comunicación de la Asociación Valenciana de Consumidores y Usuarios (Avacu). «En este caso ha habido un accidente. Es diferente a lo sucedido en el Diversity Fest, aunque los afectados se siguen enfrentando a un proceso largo y tedioso para recuperar su dinero», afirma. A lo que se refiere Tío es a la cancelación fulminante del Diversity Fest Valencia, que anunció su suspensión a diez días de que tuvieran que pasar por el escenario situado en la Ciudad de las Artes y las Ciencias artistas como Maneskin, Christina Aguilera, Black Eyed Peas, Iggy Pop e, incluso, debía acoger la única actuación en Europa de la cantante urbana Karol G. Un escueto comunicado, en el que se aseguraba que la organización no podía «garantizar la realización del Festival en estos momentos bajo las condiciones necesarias para el buen desarrollo del mismo» daba pie a múltiples interpretaciones. ¿Era una estafa? ¿Cómo se podía cancelar un evento de tal magnitud a sólo unos días? ¿Cuáles eran esas condiciones necesarios para que se llevara a cabo y por qué no se han dado más detalles a los usuarios? ¿Dónde quedan los derechos de los consumidores, teniendo en cuenta sobre todo que muchos, a dos meses después de la suspensión, siguen sin haberles sido devuelto el importe de las localidades?

«Es complicado saber cuándo se recuperará el dinero. Sobre todo, teniendo en cuenta que la empresa organizadora ha entrado en concurso de acreedores. El proceso ya está judicializado. Pero de nuevo, los usuarios se enfrentan a otro procedimiento largo para recuperar su dinero», relata Julián Tío. «Por esa razón, pedimos a las Administraciones públicas que haya una serie de garantías para evitar que sucedan estas cosas», asevera.

A esa pregunta, a la de la intervención de los responsables públicos, también recurre Menno Sieswerda. Este músico de profesión ha sido el artífice de una plataforma en la que ya hay más de 500 afectados por la cancelación del Diversity. «¿El Ayuntamiento de Valencia no puede hacer nada? Los organizadores del certamen tuvieron que recurrir a una licencia municipal. ¿Cómo es posible que se cancele y nadie dé ningún tipo de explicación?», insiste Sieswerda. La plataforma que puso en marcha ya está en manos de un abogado que sólo recibirá el 20% si se recupera el importe de los tickets. Porque aunque hay algunos de los que adquirieron sus entradas que sí han recibido el importe de las mismas (sobre todo dependiendo del operador de venta que utilizaron, como el de El Corte Ingés), la gran mayoría sigue a la espera dos meses después de la cancelación.

Es más, usuarios como Verónica, que adquirió dos localidades para el primer día del Diversity (21 de julio) por un coste de 150 euros en total, sigue a la espera de recuperar lo invertido. «Rellené un formulario, envié un mail haciendo la reclamación del dinero y sigo esperando respuesta», asevera. La desprotección del usuario, de nuevo, queda latente. Además, como, señalan las fuentes consultadas, a este hecho hay que añadirle otros gastos aparejados. «Personas que reservaron billetes de avión o tren y noches de hotel para esos días, no han recuperado el importe. Es otro problema añadido», cuentan los afectados.

Facua-Consumidores en Acción puso de relieve el pasado mes de julio otro aspecto que refuerza ese lado oscuro de los festivales. Denunciaron a Producciones Baltimore SL, la promotora del Low Festival, celebrado entre el 29 y el 31 de julio, por prohibir el acceso a sus instalaciones con alimentos o bebida adquiridos en el exterior. Alertaban de que este hecho «se puede considerar abusivo» y criticó la pasividad de las administraciones ante esa imposición. Asimismo, el ruido ocasionado por estos grandes eventos también se han de tener en cuenta. Es más, en 2021 el Ayuntamiento de Tavernes de la Valldigna fue condenado pagar 81.000 euros a 27 vecinos por las molestias derivadas de los festivales.

Con todo ello, las costuras de los grandes festivales se han abierto. Porque, además, han quedado al descubierto otros aspectos como la precariedad de lo que cobran muchos de los trabajadores que pasan horas y horas sirviendo copas, montando escenarios o revisando las entradas y salidas para garantizar la seguridad. Sin contrato, largas e interminables jornadas y sueldos bajos son sólo algunos de los problemas que estos empleados sufren en algunos caso. Pero también se ha puesto sobre la mesa un hecho que habrá que analizar: ¿hay exceso de festivales? Una cuestión que para ser respondida no debe dejar de lado la cara b de estos grandes conciertos.

Desde la Asociación Valenciana de Consumidores y Usuarios (Avacu) señalan que, en los últimos tiempos, han detectado cada vez más quejas sobre un hecho que se sucede en muchos festivales. «Muchas personas ya están denunciando que el coste de las entrada va aumentando cuando se acerca la fecha. Es decir, si en marzo compraste una entrada por 50 euros, ¿por qué a diez días de que tenga lugar su precio asciende a 200 euros?, por poner un ejemplo. Eso también es un perjuicio para los consumidores», denuncian.

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