Los festivales de música dan pingües beneficios. Las promotoras han trufado la Comunitat Valenciana de norte a sur de macroconciertos corales y los euros rebosan en la cuenta de resultados. Miles de personas, prácticas abusivas en algunos caso como denuncian las asociaciones de consumidores, ... acuerdos de patrocinio y contratos por adjudicación directa que, como ha pasado ya en algún caso, han terminado en los juzgados.
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En la Comunitat Valenciana, la maraña que encabeza Superstruct cerró la temporada 2023 con importantes beneficios. El fondo británico, que maneja la organización de 80 festivales en varios países, compró The Music Republic, la firma de los valencianos David y Toño Sánchez, que desde el Arenal Sound emergieron como referentes en la organización de festivales de música. La operación se cerró a principios de 2023 por más de 120 millones de euros y al frente de la delegación en España se quedaron los hermanos Sánchez, con una extensa carrera en el sector y con lazos influyentes en la clase política. De su paraguas cuelgan festivales tan importantes en la Comunitat como el FIB de Benicàssim, el Arenal Sound y el Festival de les Arts. Otro de los eventos históricos, como es el manchego Viña Rock, también está bajo su influencia.
Superstruct cerró el ejercicio de 2023 con unos beneficios de más de 15 millones de euros, como se puede comprobar en la documentación oficial. El fondo inició hace años un programa de expansión a nivel mundial y compró promotoras locales ya asentadas en el sector como el es caso de The Music Republic.
La expansión de Superstruct llamó a mediados de este año la atención del fondo estadounidense KRK, que ha invertido cerca de 1.300 millones de euros para hacerse con este gigante de los festivales, que cuenta con un público potencial de más de siete millones de espectadores.
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La Generalitat ha potenciado los festivales de música en los últimos años y, desde la llegada del PP de Mazón al Consell, esa apuesta se ha redoblado de tal manera que este área depende directamente de la conselleria de Presidencia tras una de las última remodelaciones del ejecutivo valenciano.
Los hermanos Sánchez, que vendieron la empresa pero se mantienen como la cara visible de Superstruct en España, siempre han tenido facilidad para traspasar las puertas de la administración y cerrar acuerdos con el Consell. El último de sus grandes patrocinios ha sido el de Som de la Terreta, los tres festivales organizados por el Gobierno de Mazón par festejar el Día de la Comunitat Valenciana.
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Una aportación directa de 3,3 millones de euros para la firma Iron Stage, organizadora de los eventos, y que se creó este año para entrar a formar parte de la red empresarial que encabeza Superstruct . Iron Stage se registró el 23 de enero de este año con un capital social de 3.000 euros y su administrador es Alfredo José Pozo Ortí, uno de los hombres fuerte en otras empresas del grupo como Alhambra Sound y Salvaje Festival. Los hermanos Sánchez figuran como apoderados de la firma.
El PSPV apuntó que llevaría el patrocinio directo de los festivales Som de la Terreta a Anticorrupción por la comisión de los presuntos delitos de falsedad, malversación de fondos públicos y prevaricación. Los socialistas sospechan de la maniobra de dar más de tres millones de euros a una firma de creciente creación.
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Una de las últimas operaciones de Superstruct ha sido la compra de la cordobesa Riff Producciones. La operación es similar a la que se hizo con The Music Republic, donde se mantiene la identidad de la marca y el proyecto pero con el soporte del fondo internacional. Esta operación se cerró días después de que los hermanos Sánchez salieran de la sociedad Valencia 5 Estrellas, después de que Licampa se hiciera con la totalidad del accionariado de la empresa que iba a gestionar los conciertos en el Roig Arena.
En la calle Justicia de Valencia, donde está la sede de todas las empresas que mueven los festivales en la Comunitat, el negocio es fructífero ya que la mayoría de las sociedades cerraron el ejercicio de 2023, el último con las cuentas publicadas, en positivo. La propia The Music Republic lo hizo con más de 3,5 millones de euros de beneficio y la que gestiona el FIB de Benicàssim sumó casi un millón a su favor.
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Las ganancias van más allá de la compra de entradas, ya que las cláusulas, muchas de ellas abusivas como han denunciado las organizaciones de consumidores, derivan en ingresos que hacen que los festivales de música sean un gran negocio.
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