Sin noticias del Diversity un año después

Según ha podido saber LAS PROVINCIAS son cerca de 10.000 personas las afectadas, en realidad son acreedores de una sociedad, la organizadora del evento, que afronta un procedimiento concursal tras haberlo solicitado y ser aprobado por el juez el pasado enero.

Esta semana, como han señalado fuentes del despacho Andreu Economistas y Abogados SLP –designado administrador concursal por el juez– se ha presentado el informe en el que se da a conocer «la masa activa y la masa pasiva de la sociedad, que está en liquidación». El documento presentado en el juzgado incluye la lista de acreedores. El paso que se ha dado esta semana supone el más importante, tal como han destacado las fuentes, en tanto que se puede considerar que es el que pone en marcha el procedimiento. Dentro de quince días, lo que sitúa el calendario en el cierre de julio, se presentará el informe de calificación de culpabilidad, del que se derivará la determinación de que existe «culpabilidad o no por parte del empresario».

Ahora, cuando ya se ha trasladado al juez la información señalada y se han determinado los acreedores, el camino que queda por recorrer conducirá a determinar qué es lo que se puede pagar a los acreedores teniendo en cuenta que hay cantidades pendientes bastante superiores a las que reclaman aquellos que quisieron asistir a los conciertos y no pudieron dada la cancelación. Las fuentes consultadas apuntan que hay acreedores por cantidades más elevadas que las de aquellos que reclaman el importe del precio de las localidades . Y entre estos se encuentran la Hacienda pública, la Seguridad Social y también proveedores de la sociedad organizadora del Diversity.

Tal como se conoció en julio de 2022 ante la cancelación de la cita musical, un 72% del público compró entradas de general, 80 euros; un 13% lo hizo para l'Umbracle, 110 euros. Un dos por ciento se decidió por una localidad Prime, 160 euros incluyendo acceso al recinto del festival más zona Prime o Premium, 450 euros incluyendo acceso al recinto del festival, a Zona Premium y a Terraza de l'Umbracle.

El pasado febrero los afectados por la cancelación del festival que habían adquirido entrada y se adhirieron a la plataforma creada para reclamar el importe de las entradas recibieron la comunicación del despacho designado administrador concursal en la que se les daba a conocer la posibilidad de cumplimentar un cuestionario para la comunicación de crédito, condición que les convierte en acreedores de la sociedad en liquidación.

Todo ello arranca del 11 de julio de 2022, cuando diez días antes de que arrancara la cita, los organizadores comunicaron la cancelación. El festival tenía señalados del 21 al 23 de julio del año pasado como fechas de celebración. La situación despertó el malestar de los afectados. No sabían qué iba a pasar con sus entradas. Esperaban conocer cómo recuperar el dinero que invirtieron en una localidad que había quedado sin destino. El malestar creció hasta decidir la constitución de una plataforma para «reunir a tod@s los que hayan comprado entradas (y pulseras) para el Diversity Valencia Festival, y exigir la devolución íntegra del perjuicio económico sufrido a través del apoyo de un abogado», como se dieron a conocer en las redes.

La noticia de la suspensión se había comunicado por parte de la organización a través de una nota en la que lamentaban haber tenido que «cancelar definitivamente la celebración del Diversity Valencia». Añadían que «en breve se comunicaría el procedimiento para la devolución íntegra de las entradas». Ahora, cuando ya han pasado doce meses, quienes quisieron asistir a los conciertos siguen sin respuesta que les permita recuperar la cantidad que pagaron.