Una de las restauradoras de los libros antiguos de Caruana atribuye a la actual directora del IVACOR las decisiones sobre los trabajos

El caso Ivacor analiza unos hechos que arrancan en 2011. Caruana, un conocido auditor y prestigioso coleccionista de libros, encargó al Ivacor la restauración de una docena de ejemplares de gran valor histórico y económico procedentes de su colección particular.

En aquel momento Carmen Pérez era la máxima responsable de la institución y Gemma Contreras, ocupaba la jefatura del departamento de obra gráfica. Con el primer encargo, no hubo problema. Se facturaron y pagaron directamente al Ivacor. El importe era de 4.200 euros.

Las presuntas irregularidades comenzaron con el segundo lote, compuesto por cuatro ejemplares. En este grupo, tres de las piezas se habían entregado en la institución, tal y como consta en las actas de entrega que firma Carmen Pérez. Sin embargo, el importe de la restauración (6.000 euros más IVA) fue facturado por Dicarta, una empresa constituida por dos restauradoras que siguieron las indicaciones de la acusada Contreras, tal y como recoge en su escrito la acusación pública.

La sociedad Dicarta la formaban la mujer que hoy ha declarado como testigo y otra restauradora que no ha sido localizada y que también está citada como testigo. El hecho de que no se haya localizado 'planteó el martes la posibilidad de que el juicio se suspendiera, algo que el juez no admitió a la espera de que se consuma el plazo para dar con su paradero.

Conforme se ha podido escuchar esta mañana, las dos restauradoras ya habían colaborado con el espacio cultural en otras ocasiones, De hecho ha apuntado la testigo que a Contreras «ya la conocíamos por trabajo».

La constitución de la sociedad también llegó como sugerencia del contacto con el instituto, algo que ya Gemma Contreras había apuntado en su declamación del martes cuando señaló que se recurrió a un servicio externo de restauración ante la sugerencia de sus superiores de indicar a las colaboradoras que «era mejor que crearan empresas». La actual directora del Ivacor señaló también que «hago los presupuestos que me dicen que haga», afirmación que dirigía la mirada a sus superiores.

De hecho hoy la testigo a las preguntas en torno a la autoría de los presupuestos, si bien no ha ofrecido una respuesta tajante, sí que ha señalado que «creo que los hacía Gemma Contreras». De los mimos ha advertido que le parecieron «incluso altos» y ha descartado que fueran «a la baja».

Entre las cuestiones que se dirimen en este juicio es de relevancia tanto la forma en la que se pagaron los trabajos de restauración por parte del coleccionista propietario de los libros como si la intervención de las piezas se efectuó en la sede del Ivacor o en instalaciones de propiedad de las restauradoras. El coleccionista abonó las restauraciones con cheques, algunos al portador y otros a nombre de las trabajadoras de Dicarta. En junio de 2012 se repite la misma operativa. Caruana entregó otros cuatro libros. El presupuesto, alrededor de 5.000 euros, fue firmado por las dos acusadas. Los ejemplares son recepcionados y devueltos en el propio Ivacor, según consta documentalmente. El último cometido, compuesto por dos libros, sigue la irregular operativa, aunque ahora aparece una novedad. Constan actas de entrega de Ivacor al taller de las restauradoras, aunque se utilizaron «las herramientas y medios» del instituto.

Sin embargo, las actuaciones fueron facturadas por las restauradoras y abonadas por Caruana con diferentes cheques. Llama la atención la fiscalía acerca de que las cantidades son inferiores a lo presupuestado inicialmente. Sobre estas cuestiones ha sido interrogada la testigo en el sentido de conocer ¿quién les indicó que facturaran a Dicarta? La respuesta ha llevado a la restauradora a señalar que «si trabajábamos como empresa, facturábamos como empresa. No creo que se planteara». En cuanto a si salieron libros del instituto para ser restaurados en casa de las socias de Dicarta, la testigo ha señalado que alguno lo hice en casa pero no sé cuál«. Ha añadido a lo largo de su declaración no saber la razón por la que se lo llevó, »supongo que porque no se podría trabajar allí«.

En la sesión de hoy ante el juez la testigo ha deslizado que para trabajar contaban con sus propias herramientas. Del centro utilizaban el papel y adhesivos, algo que ha quedado claro que se trata de materiales que tienen un coste bajo.

La acusación sostiene que las acusadas actuaron de esta forma, saltándose el procedimiento administrativo, para favorecer al coleccionista. No sé cuantificó la restauración conjunta para evitar la licitación si superaba los 18.000 euros. Pero, además, al hacerlo por separado, se evitó el procedimiento previsto de los contratos menores.

Tras escuchar el testimonio de la restauradora ha sido el jefe de sección de gestión y restauración, quien ha señalado que sólo se aplicaban descuentos en los trabajos «para organismos públicos» y ante la pregunta de si hubo trato de favor al coleccionista en torno a cuyos libros se dirime el asunto ha declarado que «no».