El Naútico de Valencia afrontará su crisis de gobierno con elecciones anticipadas
El sábado 14 de junio se celebrará una asamblea extraordinaria, tras la ordinaria que está convocada, para aprobar el calendario electoral y acabar con la anomalía de una junta directiva donde han dimitido 11 de los 15 integrantes
La crisis de gobierno en la junta directiva del Real Club Náutico de Valencia, con la dimisión de 11 personas de las 15 que conformaban ... la lista que ganó las elecciones en marzo de 2022, ha provocado que su presidenta, Marisa Arlandis, se haya visto obligada a aceptar los requerimientos que varios socios le hicieron llegar para convocar elecciones anticipadas. Los pasos, tal y como ha podido confirmar este periódico, comenzarán el sábado 14 de junio. Esa es la fecha en la que está fijada la Asamblea Ordinaria de cada año, previa a la regata de la Copa de la Reina. Una vez termine, ese mismo día se celebrará una junta extraordinaria para aprobar la celebración de elecciones y establecer el calendario, fechas para la presentación de candidaturas y todos los aspectos que marca el régimen interno con respecto a los procesos electorales.
Uno de los requerimientos más claros que recibió Arlandis dejó encima de la mesa la opción de denunciar la situación si la presidenta no convocaba elecciones puesto que la cascada de dimisiones le habían dejado al margen de lo que marcan los estatutos en cuanto a su mandato legal: «Se han producido dimisiones que han dejado al órgano de gobierno con una composición inferior al mínimo estatutario exigido de cinco miembros específicos: presidente, vicepresidente, comodoro, secretario general y tesorero, conforme el artículo 34. Este mínimo es insustituible y solo puede ser restituido a través de elecciones convocadas en Asamblea, tal como prevé el artículo 40, apartado 3, que dispone expresamente que ya sea cuando este mínimo de 5 miembros específicos no se cumpla o las vacantes superen el 50 % de la Junta, se deberán convocar elecciones. Hacer las cosas de otra forma podría considerarse irregular puesto que esos puestos no pueden ser designados ni sustituidos por decisión del presidente. Si la presidenta intentara cubrir esas vacantes directamente, estaría vulnerando esta norma de gobernanza básica».
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