Más de 44.000 accionistas valencianos pueden reclamar lo invertido en Bankia

Más de 44.000 accionistas valencianos están más cerca de poder recuperar el dinero que invirtieron en Bankia. La Audiencia Provincial de Valencia acaba de avalar la vía civil como camino para conseguir la devolución sin necesidad de esperar a que se resuelva el proceso penal abierto en la Audiencia Nacional, que podría alargarse varios años.

El tribunal valenciano, el primero que se ha pronunciado en este sentido, marca la senda al resto de audiencias provinciales de España a la hora de resolver los recursos planteados sobre miles de reclamaciones presentadas en juzgados de primera instancia de todo el país y, al mismo tiempo, deja a los accionistas de esta provincia en una posición más favorable para ganar el conflicto contra el banco.

Según los cálculos que la propia entidad realizó tras la salida a Bolsa de 2011, en la provincia de Valencia se concentran el 12,7% de sus 347.000 accionistas minoritarios, concretamente 44.069 inversores. En la provincia de Castellón son 11.800 (3,4%), mientras que el porcentaje de inversores que se concentra en Alicante solo es del 2,8%, casi 10.000 pequeños accionistas.

No obstante, las asociaciones de consumidores creen que serán bastantes más. En la Opción Pública de Suscripción (OPS) de julio de 2011, el banco colocó el 23,2% de sus títulos entre inversores minoristas, mientras que alrededor de un 20% fue suscrito por inversores institucionales españoles y extranjeros.

Bankia, que tiene su segundo mercado en la Comunitat por el negocio que heredó de Bancaja, realizó una agresiva campaña entre clientes particulares, empresas y sus propios empleados con incentivos como la eliminación de comisiones, todo con el objetivo de asegurar el éxito de una OPS sobre la que existían muchas dudas.

Según datos de la Unión de Consumidores (UCE), la cuantía «estafada» a inversores de esa provincia ronda los 120 millones, mientras que la cifra de afectados sería de alrededor de 20.000 personas entre clientes y empleados de la entidad. Se trata, según la organización, de personas que compraron acciones, por 6.000 euros de media «a cambio de obtener ciertas ventajas financieras o dividendos, acciones que hoy han perdido todo su valor y que han volatilizado sus ahorros», aseguró el portavoz de la UCE en Castellón, Juan Carlos Insa.

Varias organizaciones de consumidores y colectivos de accionistas afectados por la salida a Bolsa de Bankia han reaccionado al auto de la Audiencia Provincial de Valencia con el anuncio de un aluvión de demandas. Una de las primeras ha sido la asociación de consumidores y usuarios Apabanc, que ayer anunció acciones judiciales contra Bankia para exigir la devolución de la inversión mediante la vía civil.

Según este colectivo, «Bankia faltó a la verdad y engañó a su clientela, falseando el folleto informativo al ocultar su verdadera situación financiera». El presidente de esta asociación, Ricard Torres, subrayó que ese supuesto engaño «produjo sus efectos con independencia del conocimiento sobre el mundo financiero que tuviera quien las adquirió, pues se trató de una falsedad que a todos afectó por igual».

Las esperanzas de los accionistas de Bankia, particularmente de los de la provincia de Valencia, se han visto reforzadas por dos acontecimientos en los últimos días. Uno de ellos ha sido el mencionado criterio establecido por la Audiencia de Valencia, que el pasado día 1 dictó un auto en el que sostienen que ya no es necesario esperar a que la Audiencia Nacional se pronuncie sobre si los administradores de Bankia cometieron un delito, porque el falseamiento de la documentación que se dio a los inversores podría acreditarse con el propio rescate de la entidad, a la que se le inyectaron más de 23.400 millones de euros cuando aún no hacía ni un año que sus títulos habían comenzado a cotizar. «El dolo civil no exige que la conducta sea constitutiva de infracción penal», subrayan los jueces en el auto.

Cuentas falseadas

El otro ha sido la revelación la pasada semana de un informe incorporado al procedimiento abierto en la Audiencia Nacional para investigar la salida a Bolsa de Bankia en el que dos peritos del Banco de España revelan que el banco maquilló sus cuentas para esconder sus pérdidas antes de su debut en el parqué.

Hasta ahora, la estrategia de Bankia para evitar tener que afrontar la devolución de los más de 3.000 millones que captó en Bolsa ha sido intentar tumbar las demandas en primera instancia alegando que el asunto ya estaba siendo investigado en la Audiencia Nacional.

No obstante, a juicio de los magistrados de la sección séptima de la Audiencia de Valencia, «aceptar la suspensión que pretende Bankia equivaldría a dictar una resolución desconectada de la realidad social».

En la misma línea, el responsable de Apabanc aseguraba ayer que, desde la semana pasada, la vía civil ofrece «muchas posibilidades» de recuperar el dinero «en un plazo de tiempo no superior al año». Por el contrario, aseguró que la otra opción, esperar a que se resuelva el procedimiento penal, llevaría años.