Pedraz pide al juez de Bankia el informe que acredita la falsedad contable en Banco Valencia

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, instructor de las querellas contra la cúpula de Banco de Valencia, ha solicitado al magistrado del caso Bankia que le remita el informe pericial en el que se apunta que las cuentas de ambas entidades financieras fueron maquilladas. Según el juez, el contenido de ese documento es relevante para la causa en la que se investiga la contabilidad del banco valenciano, cuyo consejo de administración está imputado en bloque por los delitos de falsedad contable, apropiación indebida y administración desleal.

Según confirmaron fuentes de la Audiencia, Pedraz ha emitido recientemente una providencia en la que solicita a su compañero Fernando Andreu que le remita ese informe con el objetivo de incorporarlo a la pieza principal del caso Banco de Valencia, en la que se investiga si las cuentas de 2009 y 2010 fueron maquilladas. El pronunciamiento del juez se produce a petición de una de las partes.

Los dos peritos del Banco de España que elaboraron los informes encargados por el juez Andreu que se conocieron hace justo dos semanas dedican capítulos específicos a analizar la caída del Banco de Valencia. En ellos describen la arriesgada política crediticia de la entidad y denuncian la existencia de un "grave deterioro" no contabilizado en sus cuentas 31 de diciembre de 2010.

Los técnicos estimaron que el déficit de provisiones no contabilizado en los estados financieros de ese año superaba los 800 millones de euros. A ellos se suman las reclasificaciones pendientes: 718 millones de activos que tenía anotados como normales y que debió clasificar como dudosos más otros 1.244 millones en activos que merecían la calificación de subestandar.

Los peritos acusan expresamente a los exresponsables de la entidad de haber aprobado unas cuentas que no reflejaban la imagen fiel del banco para evitar incurrir en pérdidas, algo que les habría privado de poder cobrar la parte variable de su retribución y repartir dividendos entre sus accionistas.

Para poder recibir esa parte de los salarios, los estatutos de Banco de Valencia fijaban la obligatoriedad de que la entidad contase con beneficios distribuibles. "Si Banco de Valencia hubiera contabilizado los ajustes y saneamientos pendientes cumpliendo con lo fijado en la Circular 4/2004 al cierre del ejercicio de 2010, los beneficios publicados -60,61 millones- se convertirían en pérdidas y no hubiera podido satisfacer tanto las atenciones estatutarias al Consejo de Administración ni la retribución variable al Comité de Dirección. Por tanto, el acuerdo, distribución y pago tanto de las atenciones estatutarias como la retribución variable fueron en contra de los estatutos", concluye uno de los peritos.

Reparto de variables

Solo en 2010, año en el que se centran las acusaciones de falseamiento, los miembros del consejo de administración de Banco de Valencia se repartieron 727.000 euros en "atenciones estatutarias", la parte de la retribución vinculada a los resultados del banco. La cifra representa el 40% sobre la retribución conjunta de los consejeros, que fue de 1,78 millones.

Por su parte, los miembros del comité de dirección recibieron una retribución variable correspondiente al ejercicio 2010 de 615.000 euros en conjunto.

La imputación del delito de falsedad contable por la aprobación de las cuentas de 2009 y 2010 pesa sobre todo el consejo desde noviembre del pasado año, cuando el juez Santiago Pedraz decidió añadir este delito a los de apropiación indebida y administración desleal. Entre ellos están el expresidente de la entidad, José Luis Olivas, y el exconsejero delegado de la entidad Domingo Parra, así como el socio de Deloitte que auditó las cuentas.

Esta decisión del instructor de las querellas del Frob contra la antigua cúpula de Banco de Valencia se suma a la petición que recientemente ha dirigido al Banco de España para que designe un perito experto en tasaciones con el fin de poder cerrar la instrucción de siete piezas separadas en las que resulta esencial comprobar la corrección de las valoraciones sobre las que se basaron las operaciones denunciadas.

Santiago Pedraz lleva más de un año esperando que se designe a este experto que previamente solicitó sin éxito a otros organismos del Estado como la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) o la Secretaría de Estado de Hacienda.